En 2015, México vivió un ataque contra periodistas cada 22 horas, haciendo de ese año el más violento para la prensa mexicana desde 2009, según el reporte anual sobre libertad de expresión realizado por la organización Artículo 19 México. Este nivel de violencia, junto con la impunidad generalizada que reina en el país, con un Estado indiferente, con una democracia débil, e inaccesibles instituciones de protección han creado una cultura de miedo entre los periodistas mexicanos, dice el reporte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe sobre derechos humanos en Guatemala que publicó el pasado 14 de marzo, observó con preocupación los agravios sufridos en los últimos meses por comunicadores sociales cuyas investigaciones estuvieron relacionadas con actos de corrupción, administración pública y violaciones a derechos humanos.
Diversas asociaciones periodísticas de El Salvador concuerdan en que el reciente asesinato del periodista radial Nicolás Humberto García está directamente relacionado a su trabajo. Las asociaciones hicieron un llamado al gobierno para que lleve a cabo una investigación exhaustiva del crimen e implemente medidas para proteger a los comunicadores.
El exalcalde de Silao (estado de Guanajuato, México), Enrique Benjamín Solís Arzola, fue detenido el viernes 11 de marzo por su presunta participación en el ataque que sufrió la periodista Karla Silva del diario El Heraldo de León en 2014. Luego de una larga audiencia, el juzgado local dispuso prisión preventiva a Solís por dos meses, periodo en el cual debe concluir la investigación en su contra.
En medio de los casos de violencia contra periodistas en Brasil, que ya deja un saldo de cuatro periodistas asesinados solo este año, los organismos de defensa de la libertad de prensa se unieron en torno a un proyecto que busca acabar con la impunidad en estos crímenes. La Asociación Brasileña de Prensa (ABI por sus siglas en portugués) y la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj por sus siglas en portugués) pusieron en marcha “SOS Periodista”, un espacio para los periodistas denuncien agresiones y los abusos de los medios de comunicación relacionados con el ejercicio profesional y pedir así la prote
Luego de que la Corte Provincial de Ecuador negara la apelación a la acción de protección interpuesta por la periodista brasileña Manuela Picq el pasado 1 de octubre, su abogado anunció que el caso será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Un mes después de los brutales asesinatos del periodista de Veracruz Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera y de otras tres mujeres en un apartamento de la Ciudad de México, activistas y periodistas continúan luchando contra la impunidad y por la libertad de expresión.
En el marco de la campaña ‘Periodismo en Riesgo’, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) acaba de lanzar el proyecto J-Pro el cual busca explicar y evaluar las políticas establecidas por los gobiernos de Colombia y de México en materia de protección a periodistas en riesgo.
El asesinato del fotoreportero Rubén Espinosa el pasado 31 de julio en la Ciudad de México fue sin duda un punto de quiebre en materia de seguridad para periodistas mexicanos. Por eso, sus colegas siguen promoviendo acciones para exigir que el crimen no quede impune y que el Estado mexicano dé protección a los periodistas.
Al cumplir 15 años este mes de agosto, el Programa de Protección a Periodistas de Colombia (el más antiguo mecanismo de ese tipo en América Latina) atraviesa “un momento crítico”, según organizaciones de defensa de la libertad de prensa. Entre los problemas principales que afectan el programa están la falta de recursos económicos y escándalos de corrupción.
El mecanismo de protección para periodistas en México fue el segundo creado en la región. Sin embargo, luego de tres años de su existencia, su efectividad sigue siendo cuestionada mientras las cifras de asesinatos de periodistas crecen. Primera entrega de una serie de posts sobre los mecanismos de protección creados por gobiernos en América Latina.
El reciente asesinato de María del Rosario Fuentes Rubio, médica y periodista ciudadana, conocida por reportar la actividad de carteles en el norte de México via Twitter, ha producido repercusiones en el estado de Tamaulipas y ha impactado a los periodistas que trabajan en redes de noticias ciudadanas en toda la región.