La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe sobre derechos humanos en Guatemala que publicó el pasado 14 de marzo, observó con preocupación los agravios sufridos en los últimos meses por comunicadores sociales cuyas investigaciones estuvieron relacionadas con actos de corrupción, administración pública y violaciones a derechos humanos.
El informe “Situación de Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad, Desigualdad y Exclusión” de la CIDH resaltó, en su acápite sobre periodistas y libertad de expresión, que decenas de periodistas y medios de comunicación del país decidieron optar por la autocensura para protegerse de los ataques y amenazas recibidos durante el convulso año electoral en 2015.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas en Guatemala, señaló el reporte, recibió 81 denuncias de agresiones a periodistas entre enero y agosto de 2015, superando así el número de denuncias registrado en los últimos tres años.
En la audiencia de la CIDH sobre la situación de defensores de derechos humanos en Guatemala - que tuvo lugar el 28 de octubre de 2014, continuó el informe - la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas informó que había abierto 44 expedientes por agresiones a 89 periodistas, 19 de éstas en contra de mujeres. Gran parte de los ataques provinieron de funcionarios públicos.
El gobierno del entonces presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, ahora procesado por corrupción y defraudación aduanera, negó este alegato. Asimismo, Pérez Molina anunció durante su mandato, en noviembre de 2013, la creación de mecanismos institucionales de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que puedan verse vulnerados por el ejercicio de su profesión. Un mecanismo que aún no se crea.
De hecho, en marzo de 2015 fueron asesinados tres hombres de prensa en Guatemala, todos en municipios del departamento sureño de Suchitepéquez.
El 10 de marzo de 2015, en plena luz del día y en el parque principal del municipio de Mazatenango, Danilo López, de 38 años, y Federico Salazar, de 32 años, fueron acribillados frente al edificio de Gobernación Departamental de Suchitepéquez. Los mencionados periodistas trabajaban en Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo, respectivamente. El tercero fue Guido Villatoro, de 20 años, camarógrafo de la televisora para abonados Servicable, que fue baleado el 13 de marzo en las afueras de su centro de trabajo.
“El periodista Danilo López dio una entrevista el 20 de febrero de 2014, en la que reveló sus temores por las posibles consecuencias de sus investigaciones. Hizo señalamientos acerca de operaciones del crimen organizado, corrupción policial y narcotráfico”, resaltó el informe de la organización.
El informe de la CIDH anotó que en abril de 2015, varias asociaciones de periodistas pidieron al Estado, antes del término del gobierno de Pérez Molina, cumplir con la implementación del Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, e incluir a periodistas y comunicadores en el proceso.
No obstante, en el año 2014 la CIDH recibió informaciones que indicaban que el mecanismo no contaba con un presupuesto propio para implementarse, según su reporte.
Es en ese sentido que el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión proponen en su informe, enfocado en la situación de Guatemala, los siguientes parámetros para el funcionamiento de los programas de protección a periodistas: “compromiso político del Estado que deberá incluir un marco jurídico adecuado y recursos humanos suficientes, entrenados y capacitados, que generen confianza en los beneficiarios de la protección”.
También consideran importante que exista un presupuesto que pueda cubrir los costos derivados de los gastos del personal que labore en el programa, como también los gastos relacionados con las medidas de protección. Otro aspecto a considerar, según el organismo, es la adopción de normas que delimiten con claridad las competencias y responsabilidades de las autoridades que intervengan en la implementación y vigilancia de las medidas de protección.
Para la Relatoría Especial, señaló el documento, es de vital importancia que en un país, en este caso Guatemala, exista en un “debate democrático libre, robusto y sin restricciones”. Por lo mismo, hacen un serio llamado a combatir la violencia contra periodistas desde políticas institucionales integrales de prevención, protección y justicia.
Una de las premisas con que la CIDH concluyó sus recomendaciones sobre libertad de expresión en el informe sobre Guatemala, haciendo con esto un llamado al gobierno y a la sociedad civil, es proteger la vida e integridad de quienes sufren un “impacto diferenciado” en la sociedad en su defensa de los derechos humanos. También recomendó el abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o desacrediten a los defensores de los derechos humanos, periodistas y autoridades tradicionales.
“El respeto al ejercicio de la libertad de expresión es uno de los temas prioritarios en la agenda de la Comisión cuando analiza la situación de los derechos humanos en uno de los países miembros de la OEA”, subrayó el balance de la CIDH sobre el país centroamericano.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
