The Ortega-Murillo regime withdrew from UNESCO after it awarded its press freedom prize to the Nicaraguan newspaper. La Prensa General Manager Juan Lorenzo Holmann Chamorro said the regime’s reaction shows the importance of the paper's work.
El Faro, the leading investigative outlet in El Salvador, says the government is preparing arrest warrants against its journalists following publication of interviews linking President Nayib Bukele’s political rise to support from gangs.
For nearly a year, a team of journalists crossed borders to trace illegal gold mining from Perú to Colombia to Venezuela. They found a web of corruption, violence, and environmental destruction operating with the complicity of those in power.
A new Reporters Without Borders report finds economic instability hurt the media industry in most Latin American countries last year. Nicaragua, under an increasingly repressive dictatorship, overtook Cuba as the region’s worst country for press freedom.
Las instalaciones del periódico nicaragüense La Prensa han sido allanadas y confiscadas, sus directores encarcelados y sus periodistas obligados a exiliarse. Sin embargo, en el más reciente ataque del Gobierno de Nicaragua al diario, su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, ve pruebas de que su periodismo todavía incide en el país.
“Cada vez que nosotros hacemos una denuncia, un señalamiento, destapamos algún acto de corrupción o alguna violación a los derechos humanos es una estocada para la dictadura, una estocada que les duele”, dijo Holmann a LatAm Journalism Review (LJR). “Cada vez que nosotros desmentimos una de sus mentiras, ellos se retuercen”.
El 3 de mayo, el periódico de 99 años fue reconocido con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2025 en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ese mismo día, el Gobierno de Nicaragua anunció que se retiraba de la UNESCO en respuesta al premio.
El régimen del Presidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo dijo que La Prensa era un “engendro diabólico de antipatria” que representa “la traición a la patria” por supuestamente haber promovido y respaldado “la violencia, injerencia, crímenes de odio, crueldad, anticultura y antivalores”.
Para Holmann, esa reacción reafirma la relevancia y el merecimiento del premio de la UNESCO.
“Cuando reaccionan así, más bien es un aliciente más. Es un reforzamiento del mérito que nos está dando la UNESCO al reconocernos como nos reconocen”, dijo.
El premio fue entregado formalmente a los editores de La Prensa Dora Luz Romero y Fabián Medina el 7 de mayo durante una ceremonia en Bruselas, Bélgica. Miembros del equipo y directivos, incluido Holmann, se hicieron presentes a través de una videoconferencia. El gerente general no pudo asistir por complicaciones migratorias a causa del exilio en el que vive.
Por César López Linares
Foto: Cortesía La Prensa
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Las instalaciones del periódico nicaragüense La Prensa han sido allanadas y confiscadas, sus directores encarcelados y sus periodistas obligados a exiliarse. Sin embargo, en el más reciente ataque del Gobierno de Nicaragua al diario, su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, ve pruebas de que su periodismo todavía incide en el país.
“Cada vez que nosotros hacemos una denuncia, un señalamiento, destapamos algún acto de corrupción o alguna violación a los derechos humanos es una estocada para la dictadura, una estocada que les duele”, dijo Holmann a LatAm Journalism Review (LJR). “Cada vez que nosotros desmentimos una de sus mentiras, ellos se retuercen”.
El 3 de mayo, el periódico de 99 años fue reconocido con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2025 en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ese mismo día, el Gobierno de Nicaragua anunció que se retiraba de la UNESCO en respuesta al premio.
El régimen del Presidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo dijo que La Prensa era un “engendro diabólico de antipatria” que representa “la traición a la patria” por supuestamente haber promovido y respaldado “la violencia, injerencia, crímenes de odio, crueldad, anticultura y antivalores”.
Para Holmann, esa reacción reafirma la relevancia y el merecimiento del premio de la UNESCO.
“Cuando reaccionan así, más bien es un aliciente más. Es un reforzamiento del mérito que nos está dando la UNESCO al reconocernos como nos reconocen”, dijo.
El premio fue entregado formalmente a los editores de La Prensa Dora Luz Romero y Fabián Medina el 7 de mayo durante una ceremonia en Bruselas, Bélgica. Miembros del equipo y directivos, incluido Holmann, se hicieron presentes a través de una videoconferencia. El gerente general no pudo asistir por complicaciones migratorias a causa del exilio en el que vive.
Por César López Linares
Foto: Cortesía La Prensa
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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, el director y fundador del medio digital salvadoreño El Faro recurrió a las redes sociales para denunciar una amenaza potencial y grave por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Carlos Dada dijo que una fuente informó a El Faro que la Fiscalía General de la República está preparando al menos siete órdenes de arresto contra sus periodistas tras la publicación de entrevistas que revelan presuntos pactos entre el gobierno y pandillas criminales.
La crisis actual fue provocada por la publicación, el 1 de mayo, de una entrevista en tres partes con Carlos Cartagena, alias “Charlie”, exlíder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, y con “Liro Man”, un líder de menor rango del mismo grupo criminal. Detallan varios acuerdos entre el gobierno de Bukele y organizaciones criminales. Según las entrevistas, estos pactos datan de cuando Bukele era alcalde de San Salvador en 2015 y continuaron durante su ascenso a la presidencia.
Cartagena, quien según El Faro alcanzó una posición poderosa en el crimen a los 16 años y ahora es buscado por el gobierno, dijo que el grupo recolectó votos para las campañas de Bukele para alcalde de San Salvador y presidente del país.
“Las indicaciones de él era que se tenía que apoyar y se dio la instrucción que se votara por Bukele", dijo Cartagena. "Fuimos parte del apoyo que él necesitó en ese momento. Él no tenía ni partido político".
Desde hace tiempo existen sospechas y rumores sobre un acuerdo entre Bukele y las pandillas, y el propio El Faro ha publicado varios informes al respecto. Esta vez, presentó una declaración de un líder pandillero buscado que dice haber salido de El Salvador con la cooperación del gobierno.
Por André Duchiade
Foto: Casa Presidencial, El Salvador
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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, el director y fundador del medio digital salvadoreño El Faro recurrió a las redes sociales para denunciar una amenaza potencial y grave por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Carlos Dada dijo que una fuente informó a El Faro que la Fiscalía General de la República está preparando al menos siete órdenes de arresto contra sus periodistas tras la publicación de entrevistas que revelan presuntos pactos entre el gobierno y pandillas criminales.
La crisis actual fue provocada por la publicación, el 1 de mayo, de una entrevista en tres partes con Carlos Cartagena, alias “Charlie”, exlíder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, y con “Liro Man”, un líder de menor rango del mismo grupo criminal. Detallan varios acuerdos entre el gobierno de Bukele y organizaciones criminales. Según las entrevistas, estos pactos datan de cuando Bukele era alcalde de San Salvador en 2015 y continuaron durante su ascenso a la presidencia.
Cartagena, quien según El Faro alcanzó una posición poderosa en el crimen a los 16 años y ahora es buscado por el gobierno, dijo que el grupo recolectó votos para las campañas de Bukele para alcalde de San Salvador y presidente del país.
“Las indicaciones de él era que se tenía que apoyar y se dio la instrucción que se votara por Bukele", dijo Cartagena. "Fuimos parte del apoyo que él necesitó en ese momento. Él no tenía ni partido político".
Desde hace tiempo existen sospechas y rumores sobre un acuerdo entre Bukele y las pandillas, y el propio El Faro ha publicado varios informes al respecto. Esta vez, presentó una declaración de un líder pandillero buscado que dice haber salido de El Salvador con la cooperación del gobierno.
Por André Duchiade
Foto: Casa Presidencial, El Salvador
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El tráfico masivo de oro en Sudamérica está afectando ecosistemas y comunidades indígenas. Empresas fantasmas en Ecuador que exportan millones en oro, tráfico ilegal en tierras indígenas de la Amazonía brasileña, extracción sin regulación de autoridades en Venezuela y en Colombia son algunos de los mecanismos que alimentan una red transnacional de minería ilegal, marcada por la corrupción, la violencia y la destrucción ambiental.
Esto reveló Dorada Opacidad, una investigación transfronteriza liderada por el medio @convoca_pe en Perú con la colaboración de periodistas y editores de @reporterbrasil de Brasil, @revistaplanv de Ecuador; @consejoderedaccion y @rutasdelconflicto de Colombia; @armando.info y @ari_movil, formada por @runrunesweb, @elpitazotv y @talcualdigital, de Venezuela.
Durante 11 meses, cerca de 20 periodistas y editores latinoamericanos identificaron rutas de tráfico de oro, empresas involucradas y negligencia estatal mediante bases de datos, análisis de documentos y trabajo de campo en zonas amazónicas, andinas y costeras.
“Investigar a las redes ilegales y las malas prácticas del poder económico y político requiere de periodistas valientes, sólidos en su metodología, hábiles para aprender en forma rápida sobre un tema de interés público y humildes para colaborar entre sí en contextos difíciles y complejos”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Milagros Salazar, directora de Convoca y coordinadora de Dorada Opacidad.
“En tiempos desafiantes el periodismo colaborativo es un excelente camino de oportunidades”, agregó.
Esta apuesta de colaboración les valió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo 2025 en la categoría de Periodismo Narrativo, superando a 112 postulaciones de toda la región. El jurado de los premios valoró la investigación como “un trabajo de excelencia fuera de lo común” y “una “pieza que rompe moldes periodísticos”.
Por Katherine Pennacchio
Foto: Convoca.pe
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El tráfico masivo de oro en Sudamérica está afectando ecosistemas y comunidades indígenas. Empresas fantasmas en Ecuador que exportan millones en oro, tráfico ilegal en tierras indígenas de la Amazonía brasileña, extracción sin regulación de autoridades en Venezuela y en Colombia son algunos de los mecanismos que alimentan una red transnacional de minería ilegal, marcada por la corrupción, la violencia y la destrucción ambiental.
Esto reveló Dorada Opacidad, una investigación transfronteriza liderada por el medio @convoca_pe en Perú con la colaboración de periodistas y editores de @reporterbrasil de Brasil, @revistaplanv de Ecuador; @consejoderedaccion y @rutasdelconflicto de Colombia; @armando.info y @ari_movil, formada por @runrunesweb, @elpitazotv y @talcualdigital, de Venezuela.
Durante 11 meses, cerca de 20 periodistas y editores latinoamericanos identificaron rutas de tráfico de oro, empresas involucradas y negligencia estatal mediante bases de datos, análisis de documentos y trabajo de campo en zonas amazónicas, andinas y costeras.
“Investigar a las redes ilegales y las malas prácticas del poder económico y político requiere de periodistas valientes, sólidos en su metodología, hábiles para aprender en forma rápida sobre un tema de interés público y humildes para colaborar entre sí en contextos difíciles y complejos”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Milagros Salazar, directora de Convoca y coordinadora de Dorada Opacidad.
“En tiempos desafiantes el periodismo colaborativo es un excelente camino de oportunidades”, agregó.
Esta apuesta de colaboración les valió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo 2025 en la categoría de Periodismo Narrativo, superando a 112 postulaciones de toda la región. El jurado de los premios valoró la investigación como “un trabajo de excelencia fuera de lo común” y “una “pieza que rompe moldes periodísticos”.
Por Katherine Pennacchio
Foto: Convoca.pe
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La sostenibilidad financiera se ha convertido en una de las principales amenazas para la libertad de prensa en América Latina, según el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado hoy, 2 de mayo. El informe señala que 22 de los 28 países de la región registraron caídas en sus indicadores económicos, profundizando aún más las tensiones democráticas en todo el continente.
“Es mucho más explícito como censura cuando alguien desmembra a un periodista dentro de una embajada o asesina a un periodista en la calle que cuando se habla de los desafíos estructurales de la estabilidad financiera del ecosistema informativo de un país”, dijo Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina, en una entrevista con LatAm Journalism Review (LJR). “La viabilidad financiera tiene que ver con temas que involucran el mercado, las políticas públicas, la regulación de las grandes empresas tecnológicas, una serie de factores. Es importante que pongamos esto sobre la mesa”.
El Índice Mundial de Libertad de Prensa es un ranking que mide las condiciones para el ejercicio libre del periodismo en 180 países, basándose en cinco indicadores: político, social, económico, legal y de seguridad.
“El indicador económico global consolidado es el más bajo en la historia del índice. Eso significa que hay una percepción generalizada en el mundo de que hay un desafío altamente complejo para la estabilidad financiera de los medios de comunicación”, dijo Romeu. “Esta fragilidad económica de las organizaciones de noticias pone en peligro al periodismo y tiene varios impactos sobre la independencia editorial”.
Según RSF, las consecuencias de este escenario son graves, ya que la presión financiera ha llevado a algunos medios a atender intereses políticos o comerciales o simplemente a reproducir comunicados de prensa. El informe también subraya que, en ambientes hostiles, la autocensura se convierte en una estrategia de supervivencia para muchos periodistas.
Por Marta Szpacenkopf
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La sostenibilidad financiera se ha convertido en una de las principales amenazas para la libertad de prensa en América Latina, según el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado hoy, 2 de mayo. El informe señala que 22 de los 28 países de la región registraron caídas en sus indicadores económicos, profundizando aún más las tensiones democráticas en todo el continente.
“Es mucho más explícito como censura cuando alguien desmembra a un periodista dentro de una embajada o asesina a un periodista en la calle que cuando se habla de los desafíos estructurales de la estabilidad financiera del ecosistema informativo de un país”, dijo Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina, en una entrevista con LatAm Journalism Review (LJR). “La viabilidad financiera tiene que ver con temas que involucran el mercado, las políticas públicas, la regulación de las grandes empresas tecnológicas, una serie de factores. Es importante que pongamos esto sobre la mesa”.
El Índice Mundial de Libertad de Prensa es un ranking que mide las condiciones para el ejercicio libre del periodismo en 180 países, basándose en cinco indicadores: político, social, económico, legal y de seguridad.
“El indicador económico global consolidado es el más bajo en la historia del índice. Eso significa que hay una percepción generalizada en el mundo de que hay un desafío altamente complejo para la estabilidad financiera de los medios de comunicación”, dijo Romeu. “Esta fragilidad económica de las organizaciones de noticias pone en peligro al periodismo y tiene varios impactos sobre la independencia editorial”.
Según RSF, las consecuencias de este escenario son graves, ya que la presión financiera ha llevado a algunos medios a atender intereses políticos o comerciales o simplemente a reproducir comunicados de prensa. El informe también subraya que, en ambientes hostiles, la autocensura se convierte en una estrategia de supervivencia para muchos periodistas.
Por Marta Szpacenkopf
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Rosana Cueva, directora de dos de los más grandes canales de televisión de Perú: América TV y Canal N, dice que se ha acostumbrado a recibir diferentes formas de amedrentamiento por su trabajo, que aunque molestas, las acepta como parte del oficio.
Sin embargo, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Criminalidad Organizada de Lima le anunció en enero de 2025 que era oficialmente investigada por “tráfico de datos personales” y “organización criminal”, su percepción cambió. La gravedad de los delitos por los que es investigada podría avanzar a tal punto que su vivienda podría ser allanada, se podría acceder a sus comunicaciones privadas, y por supuesto, podría ir a la cárcel.
El caso es solo un ejemplo de lo que organizaciones defensoras de libertad de prensa identifican como ataques y acoso por parte del Estado contra la prensa del país. Estos ataques se materializan en demandas judiciales, leyes restrictivas y ataques verbales por parte de políticos, incluida la propia Presidenta.
En el caso de Cueva, ella y otros dos periodistas – Eduardo Quispe [exreportero de América TV] y Humberto ‘Beto’ Ortiz [periodista freelance] – son investigados luego de que Zamir Villaverde, un empresario con antecedentes penales y cercano colaborador del expresidente Pedro Castillo, los demandara en noviembre de 2024 por presunta organización criminal.
Cuando los medios de los periodistas se negaron a retirar artículos que investigaban los vínculos y antecedentes políticos de Villaverde, este presentó una demanda alegando que periodistas pagaron a un colaborador eficaz que tenía la Fiscalía General en su investigación contra el expresidente Pedro Castillo. Villaverde les acusó de pagar por exclusivas, algo que los tres profesionales de la prensa niegan.
“Lo sorprendente fue que una fiscalía le hiciera caso y abriera una investigación”, dijo Cueva.
Por Silvia Higuera
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Rosana Cueva, directora de dos de los más grandes canales de televisión de Perú: América TV y Canal N, dice que se ha acostumbrado a recibir diferentes formas de amedrentamiento por su trabajo, que aunque molestas, las acepta como parte del oficio.
Sin embargo, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Criminalidad Organizada de Lima le anunció en enero de 2025 que era oficialmente investigada por “tráfico de datos personales” y “organización criminal”, su percepción cambió. La gravedad de los delitos por los que es investigada podría avanzar a tal punto que su vivienda podría ser allanada, se podría acceder a sus comunicaciones privadas, y por supuesto, podría ir a la cárcel.
El caso es solo un ejemplo de lo que organizaciones defensoras de libertad de prensa identifican como ataques y acoso por parte del Estado contra la prensa del país. Estos ataques se materializan en demandas judiciales, leyes restrictivas y ataques verbales por parte de políticos, incluida la propia Presidenta.
En el caso de Cueva, ella y otros dos periodistas – Eduardo Quispe [exreportero de América TV] y Humberto ‘Beto’ Ortiz [periodista freelance] – son investigados luego de que Zamir Villaverde, un empresario con antecedentes penales y cercano colaborador del expresidente Pedro Castillo, los demandara en noviembre de 2024 por presunta organización criminal.
Cuando los medios de los periodistas se negaron a retirar artículos que investigaban los vínculos y antecedentes políticos de Villaverde, este presentó una demanda alegando que periodistas pagaron a un colaborador eficaz que tenía la Fiscalía General en su investigación contra el expresidente Pedro Castillo. Villaverde les acusó de pagar por exclusivas, algo que los tres profesionales de la prensa niegan.
“Lo sorprendente fue que una fiscalía le hiciera caso y abriera una investigación”, dijo Cueva.
Por Silvia Higuera
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La reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui y su equipo de Aristegui Noticias lo volvieron a hacer. Su audiencia se fue a dormir, la noche del 27 de abril, con la publicación de una filtración masiva que revela la operación encubierta de la mayor compañía productora de contenido audiovisual en español, Televisa, para fabricar noticias y destruir reputaciones.
La filtración, según explica el equipo del programa radial Aristegui Noticias, son más de 5 terabytes de comunicaciones internas que incluyen “videos, fotos, chats, archivos editables, instrucciones y guiones que resultaron en campañas de desprestigio instrumentadas desde las oficinas centrales de la televisora”. La cantidad de información analizada se asemeja a los Sedena Leaks o al doble de la filtración de los Papeles de Panamá.
La investigación dice que los documentos muestran que la empresa en línea Metrics Index, conocida por realizar campañas de desprestigio, tenía oficinas dentro de las instalaciones de Televisa cerca al centro de la Ciudad de México, donde trabajaba con empleados de Televisa para fabricar información falsa y difundir ataques contra los competidores.
El equipo conocido como “Palomar”, estaba dirigido por el comunicador y analista político Javier Tejado Dondé, y los más altos ejecutivos de la televisora estaban al tanto de su existencia, según la investigación.
“Otros directivos de Televisa como Rubén Acosta Montoya, director de Medios para México y LATAM de TelevisaUnivisión; y Dora Alicia Martínez Valero, en ese entonces directora General de Asuntos Electorales de Grupo Televisa y hoy candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también recibían la información y productos generados por ‘Palomar’ ”, dice uno de los reportajes publicados.
Por Katherine Pennacchio
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La reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui y su equipo de Aristegui Noticias lo volvieron a hacer. Su audiencia se fue a dormir, la noche del 27 de abril, con la publicación de una filtración masiva que revela la operación encubierta de la mayor compañía productora de contenido audiovisual en español, Televisa, para fabricar noticias y destruir reputaciones.
La filtración, según explica el equipo del programa radial Aristegui Noticias, son más de 5 terabytes de comunicaciones internas que incluyen “videos, fotos, chats, archivos editables, instrucciones y guiones que resultaron en campañas de desprestigio instrumentadas desde las oficinas centrales de la televisora”. La cantidad de información analizada se asemeja a los Sedena Leaks o al doble de la filtración de los Papeles de Panamá.
La investigación dice que los documentos muestran que la empresa en línea Metrics Index, conocida por realizar campañas de desprestigio, tenía oficinas dentro de las instalaciones de Televisa cerca al centro de la Ciudad de México, donde trabajaba con empleados de Televisa para fabricar información falsa y difundir ataques contra los competidores.
El equipo conocido como “Palomar”, estaba dirigido por el comunicador y analista político Javier Tejado Dondé, y los más altos ejecutivos de la televisora estaban al tanto de su existencia, según la investigación.
“Otros directivos de Televisa como Rubén Acosta Montoya, director de Medios para México y LATAM de TelevisaUnivisión; y Dora Alicia Martínez Valero, en ese entonces directora General de Asuntos Electorales de Grupo Televisa y hoy candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también recibían la información y productos generados por ‘Palomar’ ”, dice uno de los reportajes publicados.
Por Katherine Pennacchio
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Critics say a new law passed in Peru poses one of the most serious threats to independent journalism and civil society in the country in decades.
Signed by President Dina Boluarte on April 14, Law No. 32301 requires prior authorization from the Peruvian Agency for International Cooperation (APCI, for its initials in Spanish) for all civil society activities and projects receiving international cooperation funding. The law says the APCI “enjoys technical, economic, budgetary and administrative autonomy.” However, it is attached to the Ministry of Foreign Affairs and its director is appointed by the government.
Journalists and members of civil society organizations say that under the official guise of establishing greater transparency in the use of international cooperation funds, the law transforms the APCI into a mechanism for political control over the activities of non-governmental organizations, including independent media. They see parallels between the initiative and similar laws to inhibit civil society already approved in authoritarian countries such as Russia, Belarus, Nicaragua and Venezuela.
"If we want to investigate human rights violations or corruption cases, the government will need to give us permission,” Fabiola Torres, director of media outlet Salud con Lupa, told LatAm Journalism Review (LJR). "This law is no coincidence. It`s part of the capture of the Peruvian state by a political coalition of parties whose members are being investigated by journalists."
By André Duchiade
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Critics say a new law passed in Peru poses one of the most serious threats to independent journalism and civil society in the country in decades.
Signed by President Dina Boluarte on April 14, Law No. 32301 requires prior authorization from the Peruvian Agency for International Cooperation (APCI, for its initials in Spanish) for all civil society activities and projects receiving international cooperation funding. The law says the APCI “enjoys technical, economic, budgetary and administrative autonomy.” However, it is attached to the Ministry of Foreign Affairs and its director is appointed by the government.
Journalists and members of civil society organizations say that under the official guise of establishing greater transparency in the use of international cooperation funds, the law transforms the APCI into a mechanism for political control over the activities of non-governmental organizations, including independent media. They see parallels between the initiative and similar laws to inhibit civil society already approved in authoritarian countries such as Russia, Belarus, Nicaragua and Venezuela.
"If we want to investigate human rights violations or corruption cases, the government will need to give us permission,” Fabiola Torres, director of media outlet Salud con Lupa, told LatAm Journalism Review (LJR). "This law is no coincidence. It`s part of the capture of the Peruvian state by a political coalition of parties whose members are being investigated by journalists."
By André Duchiade
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The journalistic investigation known as "La Estafa Maestra” (The Master Scam) shook the Mexican political system by exposing a corruption scheme involving members of the cabinet of then-President Enrique Peña Nieto.
Published September 2017 in digital media outlets Animal Político and Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), the investigation’s impact in media and politics attracted the attention of Planeta Publishing, which approached the authors with an offer to publish their work as a book. Journalists Nayeli Roldán, Miriam Castillo and Manu Ureste accepted.
Five years later, Roldán and Ureste published another book, “La estafa maestra: la historia del desfalco” (The Master Scam: The Story of Embezzlement) with a detailed follow-up to the original investigation.
Both books grew the impact of their journalistic work and brought it to audiences other than those who read it in Animal Político and MCCI, in addition to giving the authors prestige and media exposure.
“[Publishing a book] puts you in the media spotlight on the topic,” Ureste told LatAm Journalism Review (LJR). “That, for me, contributes to a greater awareness among the people who follow or read me.”
LJR consulted investigative journalists in Mexico who agreed that publishing books gives their work added visibility. This, they say, is especially relevant in a country where attempts to discredit journalism are constant and where reporters face multiple types of danger and violence.
They said books based on investigative journalism can also mean greater protection against censorship attempts compared to publishing in traditional media, as well as extra income for journalists.
By César López Linares
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The journalistic investigation known as "La Estafa Maestra” (The Master Scam) shook the Mexican political system by exposing a corruption scheme involving members of the cabinet of then-President Enrique Peña Nieto.
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Five years later, Roldán and Ureste published another book, “La estafa maestra: la historia del desfalco” (The Master Scam: The Story of Embezzlement) with a detailed follow-up to the original investigation.
Both books grew the impact of their journalistic work and brought it to audiences other than those who read it in Animal Político and MCCI, in addition to giving the authors prestige and media exposure.
“[Publishing a book] puts you in the media spotlight on the topic,” Ureste told LatAm Journalism Review (LJR). “That, for me, contributes to a greater awareness among the people who follow or read me.”
LJR consulted investigative journalists in Mexico who agreed that publishing books gives their work added visibility. This, they say, is especially relevant in a country where attempts to discredit journalism are constant and where reporters face multiple types of danger and violence.
They said books based on investigative journalism can also mean greater protection against censorship attempts compared to publishing in traditional media, as well as extra income for journalists.
By César López Linares
