La asociación Periodistas Desplazados México le pide al nuevo gobierno mexicano del Presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca política y legalmente a los periodistas y trabajadores de medios víctimas del desplazamiento interno forzado que viene causando la violencia que vive el país en la última década.
De acuerdo con la asociación, de las casi 330 mil personas desplazadas internamente entre 2009 y 2017 en México –registradas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh)– son 70 los periodistas y trabajadores de medios que han tenido que mudarse de ciudad junto a sus familias, dejándolo todo.
“Tenemos un conflicto muy grande en Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, que son los estados con más agresiones a los compañeros de los medios”, dijo Gildo Garza, representante de Periodistas Desplazados México, al Centro Knight. “En Coahuila y Chihuahua, en la zona norte, tenemos violencia de género contra las compañeras que también estamos atendiendo”, puntualizó.
Conversaciones con el nuevo gobierno
El grupo de transición del nuevo gobierno de López Obrador – el cual entrará en funciones el primero de diciembre de este año–, está organizando desde principios de agosto una serie de Foros para la Pacificación y Reconciliación de México en diversos puntos del país. El objetivo es tratar temas de violencia en el país con grupos de víctimas, activistas, especialistas y diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, de acuerdo con RíoDoce.
Uno de estos foros tendrá lugar en Sinaloa el 14 de septiembre, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, según el sitio Noroeste. Las mesas de trabajo planteadas para esta fecha tratarán los temas de narcotráfico, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, asesinatos relacionados con el crimen y violencia en contra de periodistas.
Garza aseguró que Periodistas Desplazados México participará en una de las mesas de trabajo propuestas en Sinaloa, junto a más de 20 periodistas provenientes de los estados más afectados por la violencia en el país. De acuerdo con el periodista, allí trabajarán con Alejandro Encinas, diputado electo y próximo subsecretario de derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y con Olga Sánchez Cordero, la futura titular de la Segob.
El Centro Knight se contactó con dos representantes de la casa de transición del presidente electo Manuel López Obrador, sin embargo, no obtuvo respuesta antes del cierre de esta nota.
De acuerdo con Garza, en abril de este año la asociación que representa junto a otras organizaciones de la sociedad civil lograron que la iniciativa de Ley General para la Atención de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno empiece a ser evaluada en comisiones del Parlamento. “Ahorita está congelada por el cambio administrativo y del nuevo gobierno, pero ya estaba siendo revisada. Esta fue una iniciativa anterior pero Periodistas Desplazados MX dio el empuje principal para proponerla como ley”, aseguró Garza.
El periodista –quien también vive en carne propia las consecuencias del desplazamiento forzado interno tras recibir amenazas de muerte y sufrir una campaña de desprestigio por parte del crimen organizado en 2017– explicó que su asociación también está proponiendo una modificación a la Ley Federal del Trabajo.
“Los concesionarios y los editores en medios que todavía tienen la responsabilidad de guiar (a los periodistas), deben hacerse responsables de los compañeros que reciben amenazas o que sufren un atentado. En la mayoría de los casos, el medio o el editor siempre despide al compañero después de que es amenazado o agredido. Eso no puede seguir pasando”, enfatizó Garza.
Ayuda a periodistas desplazados
Respecto de los recursos del Estado existentes para proteger a periodistas, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación creado en 2012, Garza dijo que la evaluación de los casos de agresiones a periodistas que realiza el Mecanismo puede tomar hasta un mes.
“Ese es un tiempo que muchos compañeros no tienen. Hemos optado a veces por sacarlos de sus lugares, con nuestros propios medios, en menos de 24 horas, ponerlos en un lugar seguro y esperar a que el Mecanismo atienda su situación”, contó Garza. “El Mecanismo ya no está para estar experimentando y estar arriesgando vidas”.
A partir de octubre de este año, el Mecanismo no contará con presupuesto para continuar brindando las medidas preventivas y de protección a sus más de 700 beneficiarios, alertó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, de acuerdo con El Universal. González dijo durante la presentación del estudio de la CNDH sobre la situación de las agresiones a periodistas en el país, que debe existir un mayor compromiso por parte de las autoridades para proteger a quienes ejercen la libertad de expresión como actividad profesional en México.
Respecto a su asociación, Garza comentó que aunque todavía no cuentan con una página web, manejan los casos de periodistas en peligro que acuden a ellos a través de Twitter y de su página de Facebook. También han creado una red de WhatsApp, SOS Periodistas MX, para ser contactados por quienes necesiten su ayuda.
“Nosotros somos un grupo representativo de México, y estamos luchando contra varios temas. Uno de ellos es la violencia que existe, el entorno de violencia de los cárteles de las drogas y ahora el fenómeno de la narcopolítica que trata de silenciar y exterminar a los compañeros periodistas”, explicó Garza.
La manera en que esta asociación brinda ayuda a los comunicadores amenazados es orientándolos en el proceso formal de sentar un precedente legal de su situación. Les dan información sobre las instituciones del Estado y mecanismos de protección gubernamentales a los que pueden acudir para buscar ayuda, empezando por sentar su denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
La asociación está conformada por un equipo de 19 personas que trabaja a favor de los periodistas desplazados en todo el país, además de contar con la colaboración de casi 200 agremiados a nivel nacional, relató Garza. “Nosotros estamos dando hasta lo que tenemos para comer. Ahorita nosotros estamos buscando medios para poder hacer las cosas”, dijo el periodista.
Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dijo al Centro Knight que su organización brinda asistencia directa a Periodistas Desplazados México y sus miembros, además de proporcionarles asesoría para el desarrollo de la organización.
En representación de su agrupación, Garza entregó en junio de este año en Ginebra un reporte sobre la situación de los periodistas desplazados en México a la Relatora Especial de Derechos Humanos especializada en Desplazamiento Interno de las Naciones Unidas, Cecilia Jiménez-Damary.
La Relatoría, de acuerdo con el periodista, se comprometió a revisar la situación y a sugerir recomendaciones de corto y largo plazo al gobierno mexicano.
A partir de esa reunión, contó Garza, representantes de los gobiernos de Austria, Japón y de la Unión Europea les ofrecieron su colaboración. “Austria nos ofreció arropar (asilar) a compañeros y ayudar en proyectos. El gobierno de Japón también, increíblemente, ofreció apoyo en proyectos para la protección de periodistas. La Unión Europea ofreció ayuda para proyectos”, detalló el periodista.
Con ayuda de la comunidad internacional, la asociación planea pronto tener su propio sitio web, un portal nacional de información y una red nacional de radios comunitarias. “Queremos empezar con cinco radios: en Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Quintana Roo y en la Ciudad de México”.
“El principal problema del periodista en riesgo, del periodista desplazado que trata de rehacer su vida, es la cuestión económica para generar los recursos que necesita y así lograr una reparación real de su vida”, concluyó Garza.