“La Ley Orgánica de Inteligencia en Ecuador está lista para aplicarse una vez que se publicó en el Registro Oficial, pero varios de sus artículos preocupan a la comunidad periodística por los efectos que pueda llegar a tener en el desarrollo de sus actividades.
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Está compuesta por 58 artículos, disposiciones generales, transitorias y derogatorias, de los que varios preocupan a la sociedad civil, esencialmente porque el Gobierno nacional no necesitará tener el permiso del presidente de la Corte Nacional de Justicia para iniciar actividades de inteligencia y contrainteligencia.
El oficialismo incorporó una disposición general que señala que las ‘personas naturales o jurídicas públicas o privadas tienen la obligación de entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información requerida’. En este apartado, no se excluye a los medios de comunicación o periodistas”.
