El domingo 1 de junio quedará en la memoria como un día oscuro para el periodismo hondureño.
En horas de la madrugada, el reportero Javier Antonio Hércules Salinas fue asesinado mientras conducía un taxi de regreso a su hogar en el municipio occidental de Santa Rosa de Copán. Hércules, de 51 años y originario de El Salvador, llevaba más de una década viviendo en Honduras, donde alternaba su trabajo conduciendo taxi y reportando para el canal A Todo Noticias.
Cubría asuntos locales y, según reportes, contaba con medidas del mecanismo oficial de protección para periodistas luego de haber sido secuestrado en noviembre del 2023. Pero esto no evitó que dos individuos que se desplazaban en moto le dispararan. Hércules Salinas murió dentro del taxi.
Esa misma madrugada, a unos 450 kilómetros en el municipio oriental de Juticalpa, se registró el homicidio del periodista deportivo Carlos Gilberto Aguirre. Según medios locales, le atropellaron y apuñalaron con un arma blanca.
Aguirre, de 68 años y conocido como ‘El mero queso’, narraba partidos de fútbol para la emisora local Radio Oro Estéreo. Se desconocen los autores del crimen y sus motivaciones, según medios locales.
Los asesinatos de Hércules y Aguirre aumentaron la preocupación de organizaciones defensoras de libertad de expresión que ven en Honduras un contexto de amenazas, acoso e ineficiencia gubernamental exacerbado por la tensión del periodo electoral. Las elecciones generales que vivirá Honduras el 30 de noviembre han generado respuestas duras ante reportajes críticos, según expertos en libertad de expresión entrevistados por LatAm Journalism Review (LJR).
“Hay una tensión creciente”, dijo Artur Romeu, director de la oficina para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), a LJR. “Afecta a distintos actores del espacio cívico, pero ciertamente la prensa y periodistas son uno de esos actores más afectados”.
Según Romeu, la relación conflictiva entre la prensa en general y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien tomó posesión en enero de 2022, ha tomado forma a través de discursos estigmatizantes en las que se suele señalar a periodistas de tener intereses para afectar al gobierno.
Sin embargo, estos últimos meses han sido especialmente críticos por querellas judiciales – o demandas – presentadas en contra de periodistas, dijo Romeu.
Así también lo ve Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos Honduras (Asopodehu). Las investigaciones periodísticas en este periodo electoral, donde “todo se pone más tenso”, suelen ser vistas como “inconvenientes”, le dijo a LJR.
Para Fernando Silva, jefe de redacción del medio alternativo Contracorriente, la prensa del país está viviendo la que tal vez sea una de las etapas más “delicadas” del gobierno de la actual presidenta. “Hay una escalada de amenazas desde diversas instituciones”, dijo Silva a LJR, las cuales se evidencian en acciones legales usando figuras de delitos contra el honor, que siguen siendo penalizados en Honduras.
Según Silva, el actual gobierno ha mostrado un interés por el “control de las narrativas” mediante la construcción de enemigos como la prensa.
“Los periodistas en este momento están recurriendo en muchos casos a la autocensura”, dijo Silva. “Se está observando que el gobierno y el aparato estatal va a proceder legalmente contra los periodistas”.
El pasado 9 de junio, RSF, Asopodehu, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Artículo 19, Free Press Unlimited (FPU), PEN Honduras y PEN Internacional emitieron un comunicado conjunto expresando su “profunda preocupación” por los ataques contra periodistas y un contexto de creciente hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización por parte de actores estatales.
Un caso que llevó a RSF a realizar una visita a Honduras el pasado mes de marzo es el de la denuncia interpuesta por las Fuerzas Armadas contra 12 medios por los presuntos delitos de calumnia y difamación. La denuncia se hizo después de reportajes que presuntamente afectaban la imagen de las Fuerzas Armadas.
Aunque se anunció públicamente que las demandas serían retiradas, Meza asegura que esto no ha sucedido.
También desde las Fuerzas Armadas se publicó un artículo titulado “Sicarios de la verdad” en el que se acusa a los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez y Juan Carlos Sierra de ser enemigos del Estado. “La publicación incluyó sus fotografías con el fin de estigmatizarlos, intimidarlos y criminalizar su labor informativa”, señala un informe presentado como soporte hecho por estas mismas organizaciones para el Examen Periódico Universal de la ONU a Honduras.
LJR solicitó información de las Fuerzas Armadas, pero no había recibido respuesta al cierre de este artículo.
Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, también recibió una querella de parte del Ministro de Finanzas después de publicar un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. El 26 de marzo, un tribunal del país declaró inadmisible la querella.
“La idea de una querella que se moviliza desde el poder público en contra de periodistas es que, independientemente de que gane o no, manda una señal de que están dispuestos a utilizar un instrumento de presión”, dijo Romeu. “Eso es lo más preocupante de las querellas: la utilización del poder judicial para enviar señales que tienen ese impacto disuasivo en periodistas que están investigando determinados asuntos o cubriendo determinados temas que involucran seguridad nacional, fuerzas públicas, fuerzas de seguridad o corrupción”.
Para Silva, la violencia física es la principal amenaza para el periodismo practicado sobre todo fuera de las ciudades grandes de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Un día después de los asesinatos de Hércules y Aguirre, se registraron actos de persecución e intimidación al reportero Gustavo Bustillos y un camarógrafo de Televicentro por parte de un sujeto en una motocicleta. En el departamento de Colón, los conflictos por tierra más la influencia de grupos criminales afectan el trabajo periodístico, señala la declaración conjunta.
Uno de estos casos es el del periodista Héctor Madrid del medio TN5 en Tocoa y otros comunicadores que fueron señalados por la Plataforma Agraria, una asociación empresarial, por coberturas que han hecho de comunidades que se oponen al despojo de tierras por parte de esta entidad, según el informe presentado a la ONU.
“La violencia que les alcanza a ellos [en las regiones] es muy fuerte, muy duro porque fiscalizan o hacen reportajes sobre la corrupción en sus comunidades”, dijo Silva. “Y es muy sencillo que alguien poderoso los mande a matar y eso se haga pasar por delincuencia común”.
Además, las condiciones de precariedad laboral llevan a que periodistas se vean obligados a complementar sus ingresos con otros trabajos como manejar taxi o abrir un negocio en su vivienda. Por esta razón, las investigaciones en sus asesinatos pueden tomar otros caminos.
“Los centros de investigación no están investigando los casos. Entonces siempre queda un poco confuso si es por el ejercicio de la prensa o es por un tema de violencia en general”, agregó Silva. “Es una preocupación cómo los entes de justicia no están investigando los casos de asesinatos de periodistas”.
Según un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el índice de impunidad en el asesinatos de periodistas supera el 90%.
Para Meza, de Asopodehu, el no tener un protocolo claro para la investigación de crímenes contra periodistas es justo una preocupación. La violencia contra periodistas volvió a poner en debate las fallas que tiene el mecanismo de protección para periodistas y que han sido señaladas por las organizaciones firmantes del informe para la ONU.
La necesidad de un mayor presupuesto y autonomía hacen parte de estas fallas, las cuales no permiten hacer una evaluación correcta de riesgo para los periodistas que lo solicitan, dijo Meza. Ya sea porque el personal no está capacitado para hacer dicha evaluación o porque los casos sobrepasan la capacidad institucional del mecanismo. Tampoco ayuda, dijo Meza, que la Policía tenga tanto poder de decisión en la protección de un periodista debido a los señalamientos de su presunta relación con bandas criminales.
Meza, quien también es periodista y que en ocasiones previas ha sido ella misma objeto de ataques como campañas de estigmatización, acompaña a algunos de los periodistas que solicitan protección, y ha identificado estas fallas.
Para el caso de Hércules, por ejemplo, dijo que no se siguieron sugerencias como enviar una comisión de alto nivel a Santa Rosa para reunirse con autoridades y activar un plan para proteger a periodistas. “Publicar una alerta temprana para que los periodistas no se sintieran solos”, dijo Meza.
LJR solicitó declaraciones del Director del Mecanismo y de la Secretaría de Derechos Humanos, que supervisa el mecanismo de protección, pero no había recibido respuesta al cierre de este artículo.
Romeu insiste que es importante que la comunidad internacional siga poniendo atención a lo que sucede en el país.
A pesar del contexto histórico de violencia y afectación a derechos humanos, Honduras suele pasar debajo del radar, dice. Sin embargo, con la situación que vive Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la situación de Honduras debe conseguir la atención necesaria por el impacto que puede tener en la región.
“Hay mucho temor, aprehensión, sobre todo alimentada por discursos, por querellas, por amenazas difusas”, dijo Romeu. “Debemos estar atentos a lo que va a pasar en el marco de las elecciones en términos de amenazas a la prensa y al periodismo porque también nos sirve como un termómetro para entender y medir la calidad de la salud de la democracia hondureña”.
