Sharmelí Bustíos Patiño describe la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de anular la condena del militar retirado y exministro Daniel Urresti, previamente sentenciado por el asesinato de su padre, como una afrenta a su lucha de décadas por justicia.
“De un plumazo borraron una sentencia”, dijo Bustíos Patiño a LatAm Journalism Review (LJR). “No les importa en lo absoluto las secuelas, el daño que pueda producir, el sufrimiento de la familia. Hugo Bustíos no solamente era periodista, era padre de cuatro hijos y los deja en la total orfandad cuando todos estaban en edad escolar”.
Bustíos Saavedra, corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho, fue asesinado el 24 de noviembre de 1988, durante el conflicto armado interno del país.
Urresti fue condenado a12 años de prisión el 13 de abril de 2023 como coautor del asesinato de Bustíos Saavedra. En agosto de 2024, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Urresti y señaló que el crimen “constituye, sin la más mínima duda, una grave violación a los derechos humanos, que por su naturaleza… impactó a la humanidad y en cumplimiento del derecho convencional, no se puede dejar de investigar y sancionar”.
En las decisiones de 2023 y 2024, los tribunales calificaron los hechos como un crimen de lesa humanidad, lo que significa que los responsables no podían apelar la prescripción.
Hugo Bustíos entrevistando a una campesina. Como corresponsal de Caretas registró los hechos más cruentos del conflicto. Ayacucho fue una de las zonas más castigadas por la violencia. (Foto: Caretas)
Sin embargo, en una decisión del 20 de febrero, el Tribunal Constitucional consideró la Ley 32.107, que dice que los delitos no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad si ocurrieron antes de 2002. Al tomar en cuenta la llamada popularmente “Ley de Impunidad” significó que el asesinato de Bustíos sería considerado bajo el código penal del país y, por lo tanto, explicó a LJR el abogado de la familia Bustíos, Carlos Rivera, no podría ser castigado después de 2018.
“Si con esa facilidad ellos hablan de prescripción de un delito, nosotros, los familiares, quisiéramos que también prescriba nuestro dolor”, dijo Bustíos Patiño después de que Urresti fue liberado de prisión el 3 de marzo. “Algo que no sucede. Al contrario, ahonda más el dolor, ahonda más nuestro sufrimiento porque ni siquiera tenemos el derecho de cerrar un duelo, ni siquiera tenemos el derecho de vivir en paz”.
El día de su liberación, Urresti aseguró que volvería a la política. De hecho, el candidato presidencial por el partido Podemos Perú, José Luna, estuvo cuando salió de prisión. También anunciaron que, de ganar la presidencia, Urresti sería Ministro del Interior.
No solamente su familia ha rechazado la decisión del TC. Para voces expertas esto implica un incumplimiento a acuerdos internacionales, pero además tiene efectos en otros crímenes cometidos durante el conflicto armado.
“Es un mensaje horrible, fatal que se lanza”, dijo Rivera, quien trabaja para el Instituto de Defensa Legal. “El caso Bustíos era el caso que más había avanzado en la obtención de justicia en el Perú. Después de una lucha que ha significado casi 40 años para finalmente acceder a la justicia, eso no sirve para nada”
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) destacaron que la decisión “no declara la inocencia del condenado ni cuestiona la existencia del crimen”, y en cambio pone a Perú en un incumplimiento de tratados internacionales. Mientras que Reporteros Sin Fronteras (RSF) lo calificó como un “grave retroceso legal”.
Una de las preocupaciones tiene que ver con el impacto en otros casos de periodistas ocurridos en el marco del conflicto que ya tienen sentencias o que están en juicio. Por ejemplo, el de Melisa Alfaro, asesinada con un sobre bomba, que se encuentra en juicio; la masacre de 8 periodistas y otras dos personas en Uchuraccay; y la desaparición forzada de Jaime Ayala Sulca, que consiguió una “sentencia histórica” en 2024.
Según cifras de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), al menos 54 periodistas fueron asesinados en el país entre los años 1980 y 2000. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación casi 70.000 personas murieron durante el conflicto interno (1980-2000) y atribuyó violaciones de derechos humanos a Sendero Luminoso y a las fuerzas armadas.
“Esto afecta gravemente los demás casos y eventos producidos en el conflicto armado”, dijo a LJR Juan José Quispe, abogado de la familia de Ayala Sulca. “El caso Urresti se ha convertido en una puerta abierta en donde los demás condenados militares que han sido condenados bajo la categoría de lesa humanidad, pero de acuerdo la tipificación del Código Penal peruano […] están pidiendo ya que se aplique esa ley”.
Quispe y Rivera consideran que dentro del marco legal peruano la solución pasa porque los jueces apliquen el control de convencionalidad. Es decir, asegurarse que normas y decisiones internas sean compatibles con tratados internacionales. En esa línea, dicen los expertos, deberían inaplicar la Ley 32.107.
Sharmelí Bustíos Patiño y Rivera dijeron que no dejarán de pelear, y anunciaron que llevarán el caso hasta instancias internacionales. Ya en 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado peruano responsable del asesinato y exigió realizar una investigación nueva e imparcial.
En 1988 Bustíos Saavedra era presidente de la ANP de la provincia de Huanta, además de su trabajo en Caretas.
El 24 de noviembre de 1988, el periodista junto al reportero gráfico Eduardo Rojas Arce se dirigían al caserío Erapa para cubrir el asesinato de dos personas a quienes Sendero Luminoso había acusado de traidores. Sin embargo, fueron impedidos de entrar al lugar por una patrulla militar.
Después de varios intentos por lograr el permiso para ingresar, incluyendo volver a la base militar de Castropampa (encargada de la seguridad de Huanta) por ese permiso, Bustíos y Rojas fueron emboscados por hombres armados que estaban escondidos en el camino de regreso al caserío. Los hombres de prensa recibieron varios disparos que dejaron mortalmente herido a Bustíos y a Rojas en un grave estado. Después, los atacantes denotaron un artefacto explosivo en el cuerpo de Bustíos. Rojas logró escapar del lugar.
La primera investigación del crimen, a cargo del fuero militar, señaló que los culpables habían sido miembros de Sendero Luminoso. Ningún militar fue condenado. El camino a las primeras investigaciones reales se abrió tras la decisión de la CIDH y cuando en 2002 la Corte Suprema derogó una ley de amnistía que protegía militares.
Hugo Bustíos Saavedra y sus cuatro hijos, que quedaron en orfandad tras ser asesinado el 24 de noviembre de 1988 por una patrulla del Ejército. El periodista tenía 38 años. Aquí con sus hijas Sharmelí, Patricia y Celia, y su hijo Hugo. (Foto: Archivo familiar)
En octubre de 2007, la justicia condenó al comandante de la base del ejército en Huanta, Víctor La Vera Hernández, por planificar la muerte de Bustíos, y al oficial Amador Vidal Sanbento, por participar en la muerte.
En 2011, Vidal Sanbento implicó a Urresti en el crimen, quien para el momento del crimen de Bustíos ejercía como jefe de inteligencia de la base de Huanta. En 2015, Urresti fue acusado formalmente de asesinato. A pesar de una primera sentencia que lo exoneró, en 2019, la Corte Suprema revocó la decisión y ordenó un nuevo juicio. En ese segundo juicio es que es condenado a 12 años de prisión.
Sharmelí, hija mayor de Bustíos, tenía 14 años mientras que su hermano menor tenía 8 cuando su padre fue asesinado. Su madre, Margarita Patiño, viuda a los 36 años, lideró la lucha por conseguir justicia hasta hace 10 años cuando murió, sin verla.
“Mi familia ha sido duramente golpeada con tragedias y encima tener que lidiar con un sistema de justicia que es totalmente evasiva. Esto es un gravísimo retroceso y una grave violación a los derechos humanos. Y te pone en una situación bastante peligrosa, porque ¿qué te están diciendo? Que puedes matar a un periodista y sencillamente no pasa nada”, dijo Bustíos Patiño. “Prácticamente en la impunidad te pone un empate perverso en que da igual ser victimario que víctima”.
