El año 2021 está perfilándose como uno de los años más violentos y restrictivos contra periodistas en El Salvador, de acuerdo con la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Conferencia de prensa de la Asociación de Periodistas de El Salvador. (Captura de pantalla)
“Al día de hoy (7 de septiembre de 2021), tenemos 177 agresiones contra periodistas, 34 de ellas provienen de la Policía Nacional Civil”, explicó César Fagoaga, presidente de APES.
La Policía Nacional Civil es el grupo que hasta el momento lidera las vulneraciones contra periodistas, reportó APES. El segundo lugar lo ocupan los funcionarios públicos con 19 agresiones y en tercer lugar los organismos electorales, con 17 agresiones.
Fagoaga, también cofundador y gerente general del medio de periodismo investigativo Revista Factum, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que el discurso de odio del gobierno de Nayib Bukele está envenenando a las instituciones del Estado.
A través del monitoreo que realizan diariamente en redes sociales y mediante sus canales directos de denuncia, APES ha registrado 173 vulneraciones a periodistas entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2021. En todo el año 2020, la asociación registró 125 agresiones en total, siendo los funcionarios públicos los mayores agresores.
Entre las diversas vulneraciones, se consignaron hasta la fecha 86 restricciones al ejercicio periodístico, 14 casos de intimidaciones, 13 bloqueos al acceso de información, 13 acosos digitales, 13 declaraciones estigmatizantes, 10 agresiones físicas, cinco casos de censura, cuatro casos de amenazas a la vida, tres ataques digitales, un caso de daño a equipos de trabajo, etc.
Uno de los casos recientes incluidos en el monitoreo de APES es la retención y agresión contra dos periodistas por parte de agentes de la Policía Nacional Civil.
El reportero del Diario El Mundo, Kevin Castillo, y el camarógrafo de Telecorporación Salvadoreña, Nelson Rodríguez, cubrían cerca del mercado municipal de la zona el hallazgo de un cadáver, cuando los policías les impidieron el paso agresivamente, dañaron su cámara de video y les incautaron un teléfono celular tras retenerlos durante una hora, de acuerdo con el sitio ElSalvador.com.
En el mes de julio, el reportero de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán Luna, fue abofeteado por un subinspector de la policía durante una cobertura periodística, según publicó la organización Arpas en su sitio web. En su cuenta de Twitter, un alto funcionario del gobierno llamó al policía un “héroe de la patria”.
En junio, el Juzgado de lo Civil censuró la nota del Diario Colatino sobre una empresa agrícola, ordenándole retirar la información de su página web.
Ese mismo mes, en una cobertura del Congreso, un agente policial y un funcionario del legislativo impidieron a la periodista Marvin Díaz, de la revista Gato Encerrado, realizar una entrevista a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático tras una reunión, reportó APES.
En entrevista con LJR, el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca afirmó que, desde una perspectiva histórica, El Salvador no es un país que tuviera un patrón tan alto de violencia policial contra periodistas.
Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH. (Twitter)
“Habría que preguntarse qué ha cambiado. Parte de la respuesta puede estar en que los cuerpos policiales obedecen a una estructura obligatoriamente jerárquica. Y cuando desde las más altas esferas de esa jerarquía se hacen llamados a garantizar la actividad periodística, aumenta la protección. Pero en El Salvador está ocurriendo una tendencia a la inversa, y es que desde las más altas autoridades y desde las instancias de vocería pública se está erosionando las garantías a la libertad de prensa”, dijo Vaca.
Esto puede crear un entorno más permisivo para restringir a la prensa, añadió el Relator, haciendo que los cuerpos policiales sientan que está permitido agredir a periodistas.
De acuerdo con Fagoaga, desde que Bukele removió a principios de mayo a los magistrados del máximo tribunal de justicia del país, la Sala de la Constitucional, para elegir a gente de su entorno, sumado a la mayoría parlamentaria obtenida por el partido de gobierno, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de febrero, comenzó en El Salvador un régimen autoritario.
“No solo se acabó la democracia en este país y comenzamos un régimen totalmente autoritario en donde las decisiones de todo el Estado se toman en Casa Presidencial, sino que además vimos un comportamiento en contra de los medios de comunicación y periodistas en todo el Estado”, afirmó Fagoaga.
En ese sentido, el presidente de APES adelantó que buscarán reunirse en los próximos días con el director de la Policía Nacional Civil para que haya una directriz de respeto hacia los periodistas cuando los agentes cumplan su labor.
Reformas constitucionales
A partir de una publicación de El Faro que reveló presuntas negociaciones políticas entre Bukele y las pandillas, el diputado del partido de gobierno, Jorge Castro, dijo que se debe plantear una nueva legislación para que haya “responsabilidades jurídicas” para los medios de comunicación sobre sus reportajes, publicó ElSalvador.com.
Respecto de estas declaraciones, Fagoaga advirtió la posible inclusión de una ley mordaza que buscaría censurar el trabajo periodístico en el proyecto de reformas a la Constitución Política que viene impulsando el gobierno. El proyecto se dará a conocer el 15 de septiembre, Día de la Independencia de El Salvador.
Serían 215 reformas que cambiarían significativamente la actual Carta Magna del país, informó El Faro.
“Sin duda, el año 2021 es un año regresivo para el derecho a la libertad de expresión en El Salvador”, dijo Vaca, el Relator. “Los pasos y caminos que ha tomado el Estado no están orientados, por la información de la cual disponemos, hacia brindar mayores garantías al pluralismo y la deliberación, sino todo lo contrario, a minimizar los espacios a la crítica sobre asuntos de interés público y a cerrar las posibilidades de garantías a la libertad de prensa”.
Vaca señaló con preocupación la ausencia del Estado salvadoreño en el periodo ordinario de audiencias públicas de la CIDH, de junio y julio de 2021. “No es un buen síntoma”.
El Relator expresó tener la esperanza de que el Estado salvadoreño vuelva a la conversación sobre los asuntos de derechos humanos en el seno de la Comisión.
