Actualización (2 de diciembre.): Un juez revocó la autorización para acceder a los registros telefónicos de la periodista Andreza Matais.
Recientemente, un tribunal de São Paulo había aprobado que los investigadores pudieran acceder a los registros telefónicos de Matais. La decisión estuvo relacionada a una serie de reportajes escritos por la periodista en el diario Folha de S. Paulo en 2012.
El juez Rubens Pedreiro Lopes, del Departamento de Investigaciones Policiales de São Paulo, decidió revocar dicha autorización el 2 de diciembre.
El Estado de S. Paulo informó que la defensa, que interpuso un pedido de revisión de la decisión anterior, dijo que la periodista no estaba siendo investigada y que por tanto tenía derecho al pleno ejercicio de la libertad de prensa.
Matais publicó el siguiente mensaje en Twitter celebrando la decisión del juez: “Queridos, el juez reconsideró el pedido de levantar mi secreto telefónico. ¡Que episodios como este no ocurran nunca más!”.
Original (30 de noviembre.): Las asociaciones nacionales de periódicos, revistas y empresas de radiodifusión en Brasil dijeron que la decisión de un tribunal de São Paulo a favor de acceder a los registros telefónicos de la periodista Andreza Matais viola la confidencialidad de la fuente. El fallo está relacionado con una serie de reportajes publicados en el diario Folha de S. Paulo en el año 2012.
La periodista trabaja actualmente en el diario O Estado de S. Paulo como editora de Columna de Estadão en Brasilía.
Los textos de la periodista revelaron que una indagación había sido instaurada por el Banco de Brasil para investigar el movimiento sospechoso de 1 millón de reales (cerca de US 293.000 dólares) a beneficio del ex vicepresidente Allan Toledo. Según Folha, Toledo fue detenido en 2015, acusado de participar en un esquema de evasión de impuestos y lavado de dinero.
La investigación que resultó en la violación de la confidencialidad fue abierta a pedido del propio Toledo. Para abrir el acceso a la información del teléfono del periodista, el juez Rubens Pedreiro Lopes, del Departamento de Investigaciones Policiales, afirmó que la medida era “indispensable para la continuación de las investigaciones”.
En su perfil de Twitter, Matais publicó un mensaje sobre lo ocurrido: “Existen problemas personales y existen causas. La libertad de prensa es una de las causas más nobles”.
De acuerdo con Folha, la defensa de la periodistas pidió que la decisión fuera reconsiderada. El abogado Philippe Nascimento, que representa a la periodista a pedido del periódico, consideró la medida como inconstitucional.
“Jamás se puede violar la privacidad telefónica de una periodista, porque se pone en riesgo la confidencialidad de la fuente y de la libertad de prensa”, dijo el abogado a Folha.
El abogado también afirmó que hubo un error en el proceso: el pedido de la violación de confidencialidad estaba dirigido a las conversaciones de otra persona y no de la periodista.
Matais no se manifestó durante el proceso para proteger el secreto de su fuente, un derecho garantizado por la Constitución, según información de Folha.
Desde 2013, se habían hecho otros pedidos para acceder a los datos telefónicos de la periodista, pero habían sido negados por el Ministerio Público.
Entidades como la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji por sus siglas en portugués), la Orden de Abogados de Brasil (OAB) y la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) emitieron comunicados criticando la decisión.
Abraji calificó la medida como “inaceptable” y destacó quela decisión fue “tomada en secreto” el 8 de noviembre de 2016. La asociación también afirmó que el juez autorizó a la Policía Civil de São Paulo a “acceder a los registros de los tres celulares usados por Andreza” para realizar sus reportajes.
Según la asociación, el oficial policial Rui Ferraz Fontes pidió la violación de la confidencialidad para descubrir la identidad de la fuente de la reportera. Abraji criticó a la fiscal Mônica Magarinos Torralbo Gimenez, que respaldó la decisión, a pesar de que tres de sus colegas se manifestaron en contra de la medida.
“Es con indignación que Abraji viene, una vez más, a recordarles a los miembros de la Policía, del Ministerio Público y de Justicia que el secreto de la fuente es una garantía constitucional (Art. 5º, inciso XIV) y no puede ser violado. Abraji repudia la decisión de Lopes y ruega a la Justicia que la revierta, en cumplimiento con la Constitución Federal y observando el Estado democrático de derecho en el que el país aún vive”, dijo la asociación a través de un comunicado.
La ANJ, así como la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert) y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (ANER) también condenaron la actitud de la Justicia de São Paulo y pidieron que la medida fuera revisada. Las asociaciones resaltaron que “no hay periodismo ni libertad de prensa sin el secreto de la fuente”.
“Violar la confidencialidad de una periodista implica una gravísima violación de un derecho constitucional y el libre ejercicio de la profesión”, afirmó ANJ.
El presidente nacional de OAB, Claudio Lamachia, también repudió la decisión. Afirmó que violar la protección constitucional del trabajo de la prensa y del secreto de la fuente es una forma de atacar el derecho que la sociedad tienen de estar bien informada.
“Voy a repetir hasta el cansancio: no se combate el crimen cometiendo otro crimen. Eso solo traerá daños al país [...] La OAB está en contra de todos los retrocesos y las afrentas al Estado Democrático de Derecho perpetradas por agentes públicos que deberían respetar la ley y no infringiéndola”, afirmó.
Recordó que las violaciones de prerrogativas profesionales son frecuentes en Brasil y mencionó el caso del periodista de la revista Época, Murilo Ramos. En octubre, la justicia también falló en favor de violar su privacidad de sus registros telefónicos. Así como Matais, Ramos no es sospechoso de ningún crimen.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
