Desde el 1 de enero, centenares de mexicanos se han tomado las calles de diferentes ciudades del país como protesta por el aumento de hasta un 20 por ciento en el precio del combustible. Algunas de las protestas por el ‘gasolinazo’, como se conocen las manifestaciones, se han tornado violentas e incluso han incluido saqueos y enfrentamientos con la policía con cifras de personas muertas, heridas y detenidas.
Como suele suceder con las situaciones violentas, los trabajadores de la prensa se han convertido en el objetivo de ataques y agresiones durante la cobertura de estos hechos.
La organización Artículo 19 México registró que al menos 12 periodistas fueron agredidos durante la cobertura de las protestas que tuvieron lugar en Playas de Rosarito, en el estado de Baja California, los días 6 y 7 de enero. Según la organización, los ataques contra la prensa van desde agresiones físicas, actos intimidatorios, bloqueo informativo, destrucción de equipos e incluso intentos de detenciones arbitrarias.
Así por ejemplo, la periodista Laura Sánchez, de El Universal y Luis Alonso Pérez, de Animal Político denunciaron haber sido golpeados por miembros de la gendarmería en las protestas del 7 de enero. Según su relato a Artículo 19, Sánchez grababa la detención de un menor de edad cuando fue golpeada en su pecho por uno de los agentes. A Pérez quien también grababa esta detención, le intentaron quitar su celular, posteriormente fue tirado al suelo donde fue pateado por al menos ocho agentes y finalmente detenido por casi una hora, agregó Artículo 19. Al intentar mediar por su colega, Sánchez fue golpeada de nuevo.
Otros reporteros de medios como El Sol de Tijuana, Frontera, Uniradio Informa, Síntesis Televisión e incluso la agencia Associated Press también fueron agredido en las protestas de este estado.
Según Artículo 19, los hechos registrados en Baja California fueron perpetrados en su totalidad por fuerzas del estado. La organización señaló particularmente a la Policía Federal, la Policía Estatal, la Unidad de Reacción Inmediata (URI) que hace parte de la Policía Municipal de Tijuana, así como a la Policía Ministerial de Baja California.
La organización también registró las agresiones de al menos 8 periodistas en la ciudad de Monclova, estado de Coahuila, durante las protestas del 5 de enero. En esa ocasión también se registraron ataques que incluyeron agresiones físicas, detenciones arbitrarias, intimidaciones y amenazas. Asimismo, la organización apuntó a las fuerzas policiales como los perpetradores de estas agresiones.
El “aumento alarmante de agresiones y actos represivos” por parte de la fuerza pública en contra de periodistas y manifestantes, llevó a Artículo 19 a activar la Red Rompe El Miedo con el propósito de monitorear las protestas en Ciudad de México el 9 de enero.
La red “es una plataforma de articulación de medios” y personas defensoras de derechos humanos que tiene por objetivo “la protección y seguridad de las personas y su trabajo en la cobertura de movilizaciones sociales o de alto riesgo”. La red ha sido activada en 17 protestas en Ciudad de México y en elecciones a nivel nacional desde que fue creada en 2013.
“Article 19 exige a las autoridades de la Ciudad de México y al Gobierno Federal que lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar los derechos a la libertad de expresión, información y protesta. Asimismo, que el despliegue y la actuación policíacas sean proporcionales y apegadas a estándares de derechos humanos”, dijo la organización en su página digital.
Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a los periodistas que resultaron heridos en Baja California.
En el comunicado en el que pide las medidas cautelares, la CNDH también le solicitó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que instruya a la fuerza pública a que “garantice que quienes cubren las movilizaciones por el incremento en el precio de los combustibles como parte de su labor periodística, puedan hacerlo sin ser agredidos u obstaculizados por servidores públicos de dichas corporaciones”.
Asimismo, la Comisión de Seguimiento a las Agresiones y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados del país rechazó las agresiones e hizo un llamado para que sean las autoridades las que den el “ejemplo respetando y permitiendo la labor de los periodistas que cubren todas estas actividades”, según publicó Noticias MVS.
Las manifestaciones han continuado en algunas ciudades del país. Así por ejemplo, el pasado 9 de enero, se registraron 15 protestas en carreteras de Hidalgo, Ciudad de México, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca, según publicó Animal Político.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
