En Brasil, uno de los diez países con el más alto índice de impunidad en crímenes contra periodistas en todo el mundol, el Congreso ha propuesto tres proyectos de ley para endurecer el tratamiento penal de los autores de la violencia contra periodistas y profesionales de los medios.
El más reciente es el proyecto de ley (PL) 1.838 / 2019, presentado en la Cámara de Representantes el 28 de marzo por el congresista Roberto Pessoa, del Partido Social Democracia Brasileña (PSDB) del estado de Ceará.
El PL pretende cambiar la ley de Crímenes Infames (Lei 8.072/1990) para clasificar como “crimen infame o crimen cometido contra la vida, la seguridad y la integridad física del periodista y profesional de medios de comunicación en el ejercicio de su actividad”.
Representantes en el Congreso de Brasil. (Foto: PMDB Nacional / Flickr).Entre los tipos de crímenes clasificados como infames en Brasil están el homicidio, latrocinio, violación y feminicidio. La ley determina penas más duras para quien practica ese tipo de crimen, además de anular la posibilidad de amnistía, gracia, indulto o fianza.
El diputado Pessoa bautizó su iniciativa “Ley Tim Lopes”, en homenaje al reportero de TV Globo que fue asesinado en Río de Janeiro en 2002, mientras realizaba un reportaje de investigación en la favela Vila Cruzeiro.
El estado de origen del diputado destaca como uno de los más violentos para periodistas en Brasil en los últimos años. El informe de Artículo 19 sobre violaciones contra comunicadores en 2017 señaló que Ceará tuvo el mayor número de violaciónes graves registradas en el país ese año (siete), incluyendo los dos asesinatos de periodistas a causa de su profesión documentados por Artículo 19.
El diputado Pessoa dijo al Centro Knight que su estado es un ejemplo de cómo los periodistas están “totalmente expuestos” y vulnerables a la violencia en el país. Considera a la prensa como “un pilar importante de la democracia” y que su propuesta es “más una salvaguarda de la vida de los periodistas”.
“El PL ofrece protección, pues quien quiera matar va a saber que es un crimen infame, con una penalidad mayor. Es un proyecto en defensa de la democracia”, afirmó.
Pessoa aseguró que conversará con los líderes de su partido para pedirles su apoyo al proyecto, así como también con los demás parlamentarios del PSDB. También dijo que se encontrará personalmente con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Rodrigo Maia (PMDB/RJ), para pedirle que el Proyecto de Ley sea puesto en agenda para ser debatido y votado en la casa legislativa.
El 21 de febrero, un proyecto de ley similar fue presentado por Júnior Bozzella, diputado federal en el Congreso por el estado de Sao Paulo y por el Partido Social Liberal (PSL) - el mismo del presidente, Jair Bolsonaro, conocido por la retórica hostil hacia la prensa y los periodistas que hacen una cobertura crítica de sus acciones.
El Proyecto de Ley 1.052/2019 propone “clasificar como infame los crímenes cometidos contra la vida, la seguridad e integridad física de los profesionales de los medios en el ejercicio de su función”.
La propuesta fue añadida al Proyecto de Ley 7107/2014, del diputado federal Domingo Sávio, del PSDB de Minas Gerais, que versa sobre el mismo tema y que se encuentra en la Comisión de Constitución de Justicia y Ciudadanía (CCJC) de la Cámara, esperando ser designada por el relator.
En el Senado se encuentra en proceso un proyecto del senador Acir Gurgacz (PDT/RO) con la misma propuesta. El proyecto de ley dell Senado (PLS) 329/2016 propone también “insertar en la lista de crímenes infames o asesinatos de periodistas a causa de su profesión” y está a la espera de ser designado por el relator de la Comisión de Constitución de Justicia y Ciudadanía de la casa legislativa.
Prevención, más que castigo
Los proyectos de ley de los diputados Roberto Pessoa y Júnior Bozzella consignan en sus justificaciones los datos de 2018 del Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que sitúa a Brasil en el décimo lugar en el mundo de la clasificación de la impunidad en crímenes contra periodistas y en el tercero en América Latina, después de México (7º lugar) y Colombia (8o). Según el CPJ, hasta fines del año pasado Brasil tenía 17 casos impunes de asesinatos de periodistas.
Para Emmanuel Colombié, director regional en América Latina de Reporteros Sin Fronteras, las propuestas para clasificar los actos de violencia contra periodistas como crímenes infames son “interesantes”, pero se trata de iniciativas aisladas que no resuelven el problema.
“Es importante tener claro que la seguridad de los comunicadores y, en última instancia, el ejercicio de la libertad de expresión, no van a ser garantizados solo castigando a los involucrados en los crímenes. Es bien importante una estrategia que privilegie más la prevención que el castigo. Las dos cosas deben ir juntas. El problema de la impunidad tiene que ser visto dentro de un panorama más integral. En Brasil hace falta una verdadera política de prevención de riesgos”, dijo Colombié al Centro Knight.
El director regional de RSF enumeró varias medidas prioritarias que deben ser tomadas en cuenta por las autoridades brasileñas para fortalecer la seguridad de los comunicadores y garantizar la persecución penal y el castigo de quienes atentan contra ellos.
Entre ellas están la capacitación de investigadores para trabajar en casos de violencia contra comunicadores y el desarrollo de protocolos específicos de investigación de esos crímenes; mayor integración entre comunicadores y organizaciones de medios y organizaciones de la sociedad civil para entender y prepararse para los riesgos que implican las coberturas de determinados temas en ciertas regiones; articulación entre autoridades locales y el gobierno federal; y una mayor transparencia por parte de las autoridades en las investigaciones y en el desarrollo de los casos.
Colombié también mencionó que en Brasil los comunicadores más vulnerables a la violencia son los periodistas radiales que trabajan en ciudades pequeñas, lejos de los grandes centros, que investigan corrupción local, y que ese contexto también es un obstáculo para resolver los crímenes y para que los culpables sean juzgados. “Es importante que haya un esfuerzo real y compromiso por parte de las autoridades locales para que la investigación se haga de manera completa y profesional, y para que eso suceda, no puede haber corrupción [a nivel local]. Y eso es un problema”, afirmó.
