La reciente edición del Índice de de Chapultepec de Libertad de Prensa y Expresión en las Américas, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), registró una mejora de 4,2 puntos en el promedio de los 22 países evaluados en el continente. En 2021, la media del indicador alcanzó los 55,6 puntos, frente a los 51,4 del año anterior, en una escala de 0 a 100.
Sin embargo, el panorama general positivo viene acompañado de los precarios resultados de tres de los países más grandes de la región, Argentina, México y Brasil, que perdieron la mayor cantidad de puntos en el ranking.
El peor resultado es el de Argentina, que perdió 23,9 puntos y bajó 12 posiciones en el ranking continental. El país ocupaba el segundo lugar el año anterior y ahora ocupa el puesto 14 entre los países analizados.
“El ejercicio del periodismo en Argentina sufrió un fuerte empeoramiento de las condiciones durante el período analizado. La pandemia y la larga cuarentena impuesta por el gobierno nacional sirvieron de excusa en muchas ocasiones para cercenar espacios de libertad a los periodistas. A esto se sumó el discurso del “lawfare” instigado desde altas esferas del gobierno, la creación de organismos de control para supuestamente combatir la desinformación, y la justicia como elemento de intimidación y amedrentamiento”, señala el informe de país.
Un informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ya había detectado un aumento del 41% en los casos de agresiones a periodistas en el país en 2020. El índice de la SIP cubre el período de agosto de 2020 a julio de 2021.
“Las elecciones legislativas de 2021 [el 14 de noviembre] pueden enviar una señal al gobierno respecto a la necesidad de moderar el discurso confrontativo hacia los medios periodísticos. La moderación en las restricciones producto de la pandemia permitirá retomar el curso normal del trabajo periodístico”, analizó la SIP.
En México, el agravamiento está asociado con el resurgimiento de la violencia contra los periodistas. El país perdió 5,8 puntos en el índice SIP y cayó cinco posiciones, ocupando el puesto 16. El informe critica la falta de medidas concretas para proteger a los periodistas y garantizar el ejercicio de la libertad de prensa.
Solo en 2021, siete periodistas han sido asesinados en el país, según el aArtículo 19, igualando el número de casos en 2020. Los casos más recientes son los del fotoperiodista Alfredo Cardoso, fallecido el 31 de octubre, y del director de la revista Jovel, Fredy López Arévalo, el 28 de octubre.
En un caso emblemático, Gustavo Sánchez Cabrera, director del sitio web Noticias Minuto a Minuto y Panorama Pacífico TV, había pedido en varias ocasiones ayuda al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas ante las amenazas que venía sufriendo. Pero el apoyo prometido no llegó a tiempo y fue asesinado el 16 de junio.
“Los altos niveles de inseguridad que se viven en el país siguen afectando el ejercicio del periodismo y se advierte que algunas acciones del entorno Ejecutivo inciden negativamente en el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas y de otros actores políticos relevantes”, dice el reporte de la SIP, en referencia a ataques provenientes del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El informe cita a las mañaneras, como se conocen las ruedas de prensa matutinas de López Obrador en las que "descalifican y estigmatizan a los medios de comunicación, periodistas ... que critican públicamente las acciones del gobierno o señalan sus omisiones".
Al igual que México, Brasil perdió 5,6 puntos en el índice, pero mantuvo su puesto 19 en el ranking, justo por delante de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Según la SIP, el país más grande y poblado de América Latina atraviesa un proceso histórico de debilitamiento de las instituciones democráticas, incluidos los medios de comunicación, que se aceleró con las elecciones de 2018.
En ese momento, “el entonces diputado federal Jair Bolsonaro, en la época del Partido Social Liberal (PSL), ganó la disputa con un discurso de sesgo autoritario, siendo la prensa uno de sus blancos preferidos para ataques y ofensas”, indica el informe.
La SIP llama la atención sobre la producción y difusión de noticias falsas y la difusión de discursos de odio en internet y destaca que, en ambos casos, se están investigando grupos directa o indirectamente vinculados al Presidente de la República.
“La acción sistemática de grupos organizados para difundir desinformación, controlar los flujos de información y fomentar la subversión del orden democrático. La sospecha, bajo investigación, de la relación entre grupos de este tipo y el Poder Ejecutivo. Es en este contexto donde deben verse las amenazas del Poder Ejecutivo y los episodios de agresión de Bolsonaro y sus aliados contra los periodistas”, sostiene la SIP.
Por el contrario, el Índice de Chapultepec registra importantes avances en la libertad de prensa y expresión en el continente. El mayor destaque positivo es República Dominicana, que ganó 30,9 puntos en el índice y pasó del puesto 14 al 4 en el ranking general.
En el país caribeño, el avance está directamente asociado con el cambio de gobierno que se produjo en agosto de 2020, con la toma de posesión del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, finalizando 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.
“Los periodistas críticos del gobierno derrotado en las urnas electorales … vieron cómo las amenazas en su contra, vertidas funcionarios y seguidores del régimen anterior, dejaron de ser un peligro para su ejercicio profesional. La renovación que alcanzó el ámbito congresual y parte del Poder Judicial redefinió el panorama mediático gubernamental”, señala el informe.
Jamaica, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos y Panamá también mejoraron significativamente sus indicadores de libertad de prensa, avanzando al menos diez puntos cada uno.
En la parte superior del ranking, solo dos países son considerados sin restricciones a la libertad de prensa y expresión: Uruguay, que lidera la encuesta, y Chile, que viene a continuación. Los dos acumulan más de 80 puntos en el índice. Sin embargo, la SIP advierte de la precariedad del trabajo de los periodistas uruguayos y la incertidumbre sobre el proceso constituyente chileno como riesgos potenciales a observar en ambos países.