Por Paola Nalvarte y Yenibel Ruiz *
En una de las jornadas más violentas de este año para la prensa en la capital venezolana, Caracas, al menos 19 trabajadores de los medios de comunicación fueron agredidos mientras realizaban la cobertura de protestas que tenían lugar el jueves 2 de junio, según la organización defensora de derechos humanos Espacio Público.
De acuerdo con esta organización, entre las víctimas se encuentran periodistas, fotógrafos y camarógrafos quienes “fueron amenazados, robados y en otros casos golpeados por grupos civiles armados, ante la pasividad y en otros casos acción cómplice de los cuerpos de seguridad”.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) del país exigió una investigación por los casos de robo y agresiones contra periodistas. La organización hasta ese momento había registrado 17 profesionales agredidos de medios como El Universal, El Pitazo, El Nacional, Caraota Digital, Crónica Uno y Vivo Play.
Precisamente uno de los casos más graves fue el sucedido al equipo de noticias Vivo Play cuyos integrantes, según imágenes difundidas, habrían sido bajados del vehículo en el que se transportaban, tirados al piso mientras hombres armados los apuntaban y otros robaban sus equipos de trabajo, reportó el diario El Nacional. Las imágenes grabadas fueron compartidas por redes sociales.
Aunque la crisis social, económica y política que vive Venezuela no es un tema reciente, sí lo es su agravamiento. Así por ejemplo, el presidente del país Nicolás Maduro decretó el pasado 13 de mayo el estado de Excepción y Emergencia Económica en el país por 60 días prorrogables, después de que el Decreto de Emergencia Económica dictado en enero pasado se venciera.
Las movilizaciones sociales en protesta a esta medida, y la agudización de la crisis general que viene afectando a los venezolanos en los últimos años, se han incrementado, y con ello las agresiones y detenciones arbitrarias a periodistas que cubren el conflicto en las calles, según reportan organizaciones del país como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela y Espacio Público.
Si bien este decreto no contempla disposiciones directas que vulneren el derecho a la libertad de expresión, el marco de un Estado de Excepción como el actual “sí promueve acciones de opacidad y obstaculiza la rendición de cuentas y las restricciones al acceso de información en materia económica, principalmente, sobre el manejo de las finanzas públicas”, declaró Marianela Balbi, Directora de IPYS Venezuela, al Centro Knight para el Periodismo en las Américas.
En este contexto, dijo Balbi, IPYS ha contabilizado, en los primeros días de vigencia del nuevo decreto, tres detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) contra periodistas y reporteros gráficos en pleno cumplimiento de sus funciones.
La organización también registró 17 alertas a la libertad de expresión desde el 13 de mayo, por distintas violaciones como cierres arbitrarios de radioemisoras, ataques contra sedes de medios de comunicación, entre otras.
“Con estos casos, suman 154 las alertas que IPYS Venezuela ha registrado desde el 1 de enero hasta la fecha. En mayo [antes de culminar el mes] hemos contabilizado 34 incidentes. Esto indica un recrudecimiento de los conflictos de libertad de expresión si se compara con los cuatro meses anteriores, cuando registramos un promedio de 30 casos, cada mes”, explicó Balbi al Centro Knight.
Para el director y coordinador del medio venezolano El Pitazo, César Batiz, las cifras de agresiones a periodistas también han aumentado durante estos últimos meses del año, por lo que él cree, el agravamiento de la crisis general del país. En entrevista con el Centro Knight, explicó que existen agresiones implícitas y explicitas en contra de la prensa en el país.
“Nos ha pasado en el último mes con dos periodistas a quienes han intentado detener y quitarles su cámara por estar grabando en las colas”, dijo Batiz.
Sin embargo, aseguró que no son el único contexto en que se dan estas agresiones y narró el caso sucedido a su reportera María Virgina Velásquez quien, él dijo, fue fuertemente golpeada por un grupo de mujeres miembros de un consejo comunal mientras cubría la visita de la exparlamentaria de oposición María Corina Machado al Hospital Universitario en el estado Mérida.
Batiz también denunció que la intensidad de las agresiones a periodistas es distinta en los diversos estados del país. Dijo que los ataques y las presiones con que trabajan los periodistas en las regiones del país, sobre todo las más apartadas en los estados centro-sur de Venezuela, en ocasiones son más fuertes que las que suceden en la capital.
Al respecto, dijo que en la última semana de mayo, la colega del estado Barinas Marieva Fermín fue perseguida por miembros de un consejo comunal por retransmitir a través de El Pitazo un video donde se ve a agentes de protección civil y a camilleros bajando y subiendo gente por las escaleras del hospital.
“Esto, a su vez, originó también que el médico que hizo esta grabación fuera perseguido por el consejo comunal, una situación bien agresiva”, declaró Batiz.
Laura Weffer, cofundadora y directora editorial del portal de noticias Efecto Cocuyo, coincide en que la violencia contra la prensa ha aumentando como consecuencia de la crisis económica y social del país. Esto, sumado a la falta de acceso a la información así como lo que ella define “grupos de choque” (grupos de civiles violentos presuntamente oficialistas) que salen durante la cobertura de las protestas, hacen el trabajo de los periodistas más difícil.
“Me atrevería a decir que en los últimos seis meses ha sido realmente brutal. El tema es que no hay acceso a la información pública, el único acceso que hay son las cadenas [transmisiones nacionales del Gobierno] que realmente no es información sino propaganda”, dijo Weffer en conversación con el Centro Knight.
“Como la gente tiene menos miedo de hablar, tanto la Policía como la Guardia [GNB] se ponen más a la defensiva y entonces se dan los abusos policiales”, explicó Weffer. “Por ejemplo, durante la cobertura de una protesta por comida, uno de los periodista de Efecto Cocuyo, Reynaldo Mozo, lo metieron preso, y lo tuvieron esposado pegado a un tubo durante hora y media. Los cuerpos de seguridad están sumamente ‘encrespados’ [irritados] y están siendo cada vez menos tolerante con la prensa”.
Para IPYS Venezuela, los casos de violaciones a la libertad de expresión que considera “de mayor preocupación” han ocurrido en los estados de Caracas, Táchira y Bolívar, demostrando los altos niveles de conflictividad política y social de estos lugares.
A su turno, Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, señaló que también ha habido un incremento de movilizaciones políticas y sociales, y en consecuencia, una mayor cobertura de la prensa en las calles desde que se decretó por primera vez el Estado de Emergencia Económica el 15 de enero.
“Esto registra más denuncias a nivel semanal [en comparación con los meses anteriores] de ataques a la prensa al cubrir estas movilizaciones”, dijo Correa en entrevista con el Centro Knight.
Toda cobertura periodística sobre escasez de medicamentos y alimentos es reprimida por el gobierno, según la ONG.
Sobre la actual situación venezolana, Correa subrayó que “la consecuencia de la vigencia de estos decretos [presidenciales] genera una ruptura de las garantías constitucionales en términos estructurales. Tenemos el ejercicio del poder sin contrapeso, sin balance”. Añadió que esto restringe también la posibilidad del ejercicio de la libertad de expresión.
Precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este 1 de junio su preocupación por la declaración de este decreto y agregó que “su uso arbitrario se traduce en la afectación de la democracia y limitaciones a la libertad de expresión, igualdad ante la ley y a la libertad de asociación establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
(Nota editorial: Las entrevistas con Balbi (IPYS), Correa (Espacio Público) y Batiz (El Pitazo) tuvieron lugar antes de las protestas del 2 de junio).
* La periodista Silvia Higuera colaboró en la realización de este artículo.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
