Venezuela es uno de los países que mejor hizo frente a la pandemia de COVID-19, con únicamente 5.823 muertos de los 28 más millones de habitantes que tiene el país. Al menos eso es lo que dicen los datos oficiales dados a conocer por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En comparación, Australia, con cerca de 2.5 millones de habitantes menos que Venezuela, registró 15.808 muertos por coronavirus, casi tres veces más que el país sudamericano, según autoridades de salud australianas.
Sin embargo, los ciudadanos venezolanos vivieron una realidad muy diferente a las cifras compartidas por su gobierno: hospitales y cementerios saturados, muertes de personal médico y largas filas para comprar tanques de oxígeno y para cremar cadáveres.
“Llegamos a hacer la campaña ‘mis muertos no están en esas cifras’, porque claro […], cuando el presidente o el vicepresidente leía el reporte del día, hablaba de un muerto en un estado, y al día siguiente también y al día siguiente también. Nuestros muertos no estaban en la cuenta, no existían”, dijo el periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, durante el Festival LATAM de Medios Digitales y Periodismo, en Ciudad de México.
Díaz participó en el panel “Contar historias en países sin datos y con hostilidad del gobierno” dentro del festival, organizado por las organizaciones Factual y Distintas Latitudes. En el panel también participaron los periodistas José Raúl Gallego, de Cuba; Pia Flores, de Guatemala; y Laura Sánchez Ley, de México. La charla estuvo moderada por Carlos Kestler, periodista de Guatemala.
Los panelistas coincidieron en que el ocultamiento, falseamiento y alteración de datos por parte de gobiernos hostiles tiene un impacto directo en los ciudadanos y puede incluso costar vidas. Díaz lo ejemplificó con el hecho de que Venezuela no ha compartido sus datos macroeconómicos con los organismos internacionales desde 2014, y por tanto fue excluido de los programas de donación de vacunas contra el COVID-19 a países pobres, porque sus últimas cifras reflejan que es un país de ingreso medio alto.
“Las mentiras del Estado nos generan una factura gigante porque no tenemos plata para las vacunas, o sí hay pero se la roban. Ni nos las van a donar porque somos un país rico, según cifras internacionales”, dijo Díaz. “La consecuencia de eso [la falta de datos] no es que yo no pueda hacer mi trabajo, es que la gente se muere. Es que es una sociedad más torpe, una sociedad más incapaz de tomar decisiones y de interpelar al poder”.
Un fenómeno similar ocurrió en Cuba durante la crisis por coronavirus debido a la opacidad. El régimen de la isla reportó un total de 8.530 fallecidos por COVID-19. En contraste, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) dio a conocer que las defunciones totales en 2021 habían registrado un alza de más de 55.000 casos respecto al año anterior.
“Mientras esto estaba pasando, la sociedad civil y el periodismo estaba denunciando que se estaban agrandando los cementerios, que habían reportes de comunidades donde había 30 muertos en un día, sin embargo Cuba estaba reportando uno o dos muertos diarios”, dijo Gallego.
El periodista explicó que todos los organismos públicos en Cuba están supeditados al Estado y por tanto no existen instituciones que hagan contrapeso y generen datos con los cuales se pueda cuestionar a las autoridades. En el caso de los hospitales, dijo, hay representantes de Seguridad del Estado que tienen la potestad de controlar los documentos que se expiden y la información que en ellos se consigna, incluyendo actas de defunción.
“Todas las organizaciones están subordinadas al Estado y todos los datos que se producen están pasados por el tamiz político y están viciados”, dijo Gallego. “Y de esa manera se van viciando todos los datos de manera tal que cuando uno como periodista va a usar esos datos, porque no tiene otros, tiene que hacerlo siempre con cautela y poniendo este tipo de leyendas para dar a entender que se puede estar trabajando con datos viciados”.
A eso se suma que el periodismo independiente no está reconocido en Cuba. De acuerdo con la Constitución de la isla, los medios solo pueden ser propiedad del Estado, por lo que los periodistas independientes no pueden acceder a fuentes oficiales o a funcionarios públicos. Además, contó Gallego, cuando un periodista no trabaja para medios estatales, puede ser acusado del delito de usurpación de funciones.
Por ello, hay decenas de periodistas independientes que actualmente enfrentan la censura, el acoso sistemático e incluso la cárcel.
“Cuando pasas a los medios independientes es prácticamente como pasar a la oposición a los ojos de ellos [las autoridades de Cuba]. Es decir, te conviertes en un enemigo público”, dijo Gallego. “Vas a enfrentar el reto de tratar de hacer periodismo que no puede quedarse solamente en la impresión, en un país donde ni siquiera tienes la posibilidad como periodista de acercarte una fuente oficial a pedirle una declaración”.
Los panelistas coincidieron también en que Cuba es el representación máxima de un país opaco sin datos abiertos para el periodismo y los ciudadanos. Sin embargo, hay otros países que, si bien no han llegado a esos niveles, existen cada vez más obstáculos para el acceso a la información.
México, por ejemplo, vive una simulación de transparencia y acceso a la información, cuando en realidad las autoridades recurren a todo tipo de artimañas para evitar entregar datos a los periodistas. Así lo considera Sánchez, cofundadora de Archivero, una organización cuya misión es solicitar registros públicos para desclasificarlos y revelar información que el gobierno ha mantenido en secreto.
Sánchez compartió que entre los pretextos que las autoridades le han dado a Archivero para evitar entregar información están que no hay personal para procesarla, que el material está en formatos antiguos que no se pueden copiar, o que podría dañarse, entre muchos otros.
Pero la excusa más común que ha recibido Archivero es que los datos solicitados comprometen la seguridad nacional o no son de interés público.
“A lo largo de este sexenio ha ido utilizándose la justificación de la seguridad nacional, esta cláusula de cinco años -que puede extenderse hasta 15 años- [de poner información] bajo secreto de Estado de los temas más importantes que se manejan en el país”, dijo Sánchez. “Estamos hablando de que temas que tienen que ver con infraestructuras gubernamentales, con aeropuertos, con puentes, con caminos, están sellados bajo seguridad nacional, pero también temas que tienen que ver con corrupción tan básica y que deberían ser públicos”.
La periodista compartió que en ocasiones las autoridades les imponen costos exorbitantes por procesar la información que se solicita, lo cual resulta imposible de pagar para la mayoría de los medios independientes.
“Necesitas un mecenas para acceder a la información que debería ser pública y debería estar transparentada incluso en los mismos portales de gobierno”, dijo. “Técnicamente te lo dan, esa es la estrategia. Es donde les hablo de la falsa transparencia de la documentación en México”.
Guatemala es otro país en el que en años recientes se ha venido experimentando un debilitamiento de la transparencia, sobre todo desde que el expresidente Jimmy Morales decidió expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo de trabajo de la ONU que investigaba la corrupción en el país centroamericano y que acusó a Morales y a varios de sus familiares de prácticas ilícitas.
Sin embargo, como en otros países con dificultad para acceder a datos públicos, todavía es posible obtener información gracias a organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, los cuales pueden ser de mucha ayuda para los periodistas.
“Yo diría que lo único positivo es que todavía sigue habiendo cierta resistencia [social a la opacidad]”, dijo Flores, cofundadora del medio digital guatemalteco Quorum. “Son los esfuerzos de parte de organizaciones de la sociedad civil donde, igual que en otros países, miramos que ahí sí hay todavía acceso [a información] y hay grandes esfuerzos para hacer este tipo de trabajo de recopilar datos, sistematizar datos, que por lo menos nos permite funcionar”.
No obstante, en países como Cuba las ONGs pueden llegar a estar muy limitadas, por lo que los periodistas de la isla recurren a usar metodologías cualitativas para generar sus propias bases de datos que den respaldo a investigaciones y ayuden a entenderlo, contó Gallego.
“Cuando le entregas a las personas un producto donde les está diciendo ‘pude acceder a documentos clasificados, o a documentos generados por otros países donde hay información sobre Cuba, pude reunir mil casos y hacer un estudio sobre esto, estuve dos años reuniendo información publicada en redes sociales’, y a partir de esto les das un análisis, esto es una cosa que a la gente le llega”, dijo Gallego. “Hay como una garantía de que las personas verán que esto es algo diferente a lo que normalmente están acostumbrados a consumir”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos también son de apoyo ante gobiernos autoritarios y poco transparentes que crean confusión con datos dudosos o viciados, y que llevan a las sociedades a polarizarse, lo cual pone a los periodistas en riesgo de perder la brújula.
“Los defensores tienen estándares, tienen claro qué es lo correcto y que no, o qué es lo mejor o qué es lo que funciona”, dijo Díaz. “Tener esos indicadores claros nos permite saber qué es correcto y qué no, y así el populismo o el autoritarismo no puede vendernos un carro usado que está dañado por dentro”.
Hacer que los ciudadanos presten atención a las acciones de gobiernos hostiles y poco transparentes es también crucial para que la presión social aumente y las investigaciones periodísticas puedan tener un impacto más contundente.
Una forma de atraer la atención de la audiencia es presentar la información de formas atractivas. Por ejemplo, en casos de corrupción, se puede intentar estructurar escándalos de modo que la información sea relevante para la gente.
“No estoy diciendo seamos amarillistas, sino que tiene que ser escandaloso que alguien se robe dinero y eso hay que estructurarlo y hay que planificarlo”, aconsejó Díaz. “No solamente pensemos en si es una crónica, un reportaje, un perfil, o si está en la web, si es un podcast... Pensemos si la estructura tiene un plot, si hay un afectado directo, si hay voces. Hay que pensar que esto le importe a la gente y eso toma más tiempo de producción, pero el resultado puede ser mucho mejor”.
En América Latina, donde existen incontables casos de corrupción sin resolver, así como investigaciones plagadas de irregularidades, montajes y resoluciones exprés, es crucial que los periodistas no desistan de sus procesos de acceso a información pública, por muy engorroso, complicado y caro que esto resulte.
“Es importante seguirle exigiendo a la autoridad, sin importar el mecanismo que utilicemos, desde nuestras trincheras”, dijo Sánchez. “Me parece que el rescate de este tipo de información pública es lo que nos va a hacer, aunque suene muy trillado, ponerle ojo y cuestionar a las autoridades sobre los resultados y las cosas que nos están entregando”.
Gallego, por su parte, recomendó conocer los distintos tipos de audiencia que consumen los productos de periodismo de datos y, de ser posible, generar material que se pueda presentar en varias plataformas y en diferentes formatos.
“No todo el mundo se va a leer la investigación de 8 mil palabras, pero puedes con esa investigación de 8 mil palabras construir un hilo en Twitter, quizás con 10 tweets. A lo mejor las personas no se leen las investigaciones completas, pero se leen el hilo y se les queda la información”, aconsejó el periodista. “A veces incluso puede ser que el hilo tenga más compartidos que los números de lectura que tenga el trabajo”.