Por Silvia Higuera y Teresa Mioli
Javier Duarte de Ochoa, el gobernador de Veracruz, México, quien ha sido objeto de críticas generalizadas por los altos niveles de violencia contra periodistas en su estado, resignó a su puesto mientras enfrenta denuncias federales por cargos de corrupción.
El funcionario anunció en entrevista con Televisa que pediría al Congreso de su estado una licencia con el objetivo de enfrentar los cargos que incluyen enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Sin embargo, lo hace cuando le faltaban apenas 48 días para que termine su periodo, informó el diario El Universal. Duarte ha rechazado todas las acusaciones.
Desde que Duarte asumió sus funciones en diciembre de 2010, 17 periodistas han sido asesinados y otros cinco han desaparecido en Veracruz, de acuerdo con la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 de México.
Tal como ya lo había señalado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), en el pasado, su gobierno “ha tratado de desestimar cualquier posible vínculo entre asesinatos de periodistas y su profesión”. También ha acusado a varios reporteros de tener vínculos con organizaciones criminales, añadió el CPJ.
Estos antecedentes han llamado la atención de defensores de la libertad de expresión tanto en México como en el exterior. Por ejemplo, en febrero de 2016, Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, escribió una columna para Univisión aduciendo que Duarte debía renunciar a su cargo.
Aunque Lauría señaló que Duarte no era el único responsable de la violencia ocurrida en el estado, sí dijo que él era “responsable por el fracaso para impartir justicia en cualquiera de estos casos y por el ambiente tan viciado para ejercer el periodismo”.
Luego del asesinato de Pedro Tamayo Rosas el 20 de julio de 2016, la directora de Artículo 19 de México Ana Ruelas llamó a Veracruz “un estado fallido”, de acuerdo con Sin Embargo. Tamayo Rosas contaba con protección del gobierno estatal cuando murió.
Ruelas señaló como uno de los grandes problemas del estado que las autoridades desestimen la labor periodística de las víctimas en la investigación de los asesinatos, detalló la publicación.
Tamayo Rosas es uno de los tres periodistas asesinados en Veracruz este año.
El cuerpo de Ana Flores Salazar fue encontrado en Puebla un día después de haber sido secuestrada de su casa el 8 de febrero. Inmediatamente después de su secuestro, la Fiscalía General del estado de Veracruz señaló a Flores como presunta miembro de una organización criminal. Sin embargo, el Fiscal del estado ha dicho desde entonces que ella fue asesinada “por unas publicaciones que afectaron los intereses de un grupo delincuencial”.
Manuel Torres González, editor en jefe del sitio noticioso Noticias MT, fue asesinado el 14 de mayo al salir de una oficina gubernamental en Poza Rica, Veracruz. Luego de su muerte, el sitio de noticias Animal Político reveló que el comunicado oficial de la Fiscalía de Veracruz no identificó a Torres como periodista.
Estas muertes son apenas las más recientes de una larga lista de periodistas asesinados en Veracruz desde que Duarte tomó el cargo.
Uno de los casos más conocidos es el del del fotoperiodista Rubén Espinosa quien trabajaba en Veracruz, el 31 de julio en Ciudad de México, asesinado junto a la activista Nadia Vera y otras tres mujeres. Espinosa había huído a la capital porque temía por su vida.
Además de cubrir temas sensibles, como protestas, Espinosa también creó conciencia sobre la violencia contra periodistas tanto en Veracruz como en todo México. Al momento de su muerte, muchos señalaron la foto que él le había tomado al gobernador, la cual fue portada de la revista Proceso en la edición que contenía un reportaje sobre los asesinatos de periodistas en Veracruz y la presunta complicidad de los funcionarios públicos por no resolver los casos, según Sin Embargo.
En agosto de este año, el periodista Noé Zavaleta, corresponsal de Proceso en Veracruz, abandonó el estado debido a amenazas y ofensas que recibió luego de publicar su libro: “El infierno de Javier Duarte: Crónicas de un gobierno fatídico”. El libro menciona asesinatos de alto perfil de periodistas en Veracruz durante la gestión de Duarte y reporta irregularidades en el manejo de algunos casos.
A Duarte lo investigan la Procuraduría General de la República (PGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior de la Federación por desaparecer 35 mil millones de pesos mexicanos (cerca de US 1.8 mil millones de dólares), según El Universal. La PGR lo investiga por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes del funcionario público, informó la agencia Associated Press.
Como consecuencia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) despojó a Duarte de sus derechos políticos el mes pasado.
A Duarte también se le acusa de tener nexos con el crimen organizado. Miguel Ángel Yunes, gobernador electo de Veracruz y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), hizo esta afirmación y recientemente se comprometió a ayudar en las investigaciones en contra de Duarte.
Según el New York Times, Veracruz tiene la tasa más alta de homicidios en el país y tiene la tercera deuda más grande.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
