Los ataques a medios de comunicación y periodistas en Nicaragua durante 2021 casi alcanzaron los niveles de 2018, año en el que comenzó el recrudecimiento de las acciones de represión del gobierno del Presidente Daniel Ortega hacia comunicadores y opositores.
En 2021 se registraron 702 casos de abuso de poder y violencia contra la prensa por parte del Estado, lo que representa casi el doble de los 360 reportados en 2020. En 2018 se registraron 712 de estos incidentes. Esto, de acuerdo con el “Informe de Violaciones a la Libertad De Prensa 2021” elaborado por el diario La Prensa y la organización Voces del Sur.
El informe fue realizado por La Prensa y por la organización Voces del Sur. (Foto: Captura de pantalla)
En la lista de víctimas de violencia estatal, los medios de comunicación independientes ocupan el primer lugar, con 469 incidentes. Les siguen los ataques individuales a periodistas, con 124 casos; y a editores, directores y ejecutivos de medios, con 76 casos.
Entre los casos de agresión a medios citados por el informe está el allanamiento y ocupación policial de La Prensa, ocurrido el 13 agosto, así como el allanamiento sin orden judicial del medio digital Confidencial, el 20 de mayo.
En febrero de 2021, funcionarios del régimen de Daniel Ortega consumaron la confiscación de las instalaciones del canal 100% Noticias y de las salas de redacción del portal Confidencial y la Revista Niú.
El informe también menciona el caso del impedimento de la Dirección General de Aduanas a la importación de papel del que fue víctima el diario La Prensa, el cual en 2021 se vio forzado a tornarse 100 por ciento en línea debido a la falta de insumos. Desde agosto, Nicaragua es el único país de América donde no existen periódicos impresos.
“El uso abusivo del poder estatal se realiza por medio de acciones propuestas, planificadas y ejecutadas por el Estado, el cual, abusando de su condición superestructural se impone con la fuerza de la irracionalidad en contra de los estándares internacionales de la Libertad de Prensa y Expresión, perjudicando a veces de manera irreparable a medios de comunicación y periodistas independientes que legítimamente hacen su trabajo de fiscalización de las instituciones públicas”, indica el informe.
La organización Voces del Sur considera uso abusivo del poder estatal a acciones orientadas a la asfixia financiera de los medios, la exclusión de los planes de pauta publicitaria estatal, la amenaza o cancelación de frecuencias radioeléctricas y sanciones administrativas y económicas injustificadas.
“Durante este 2021, se documentó que al menos 22 noticieros de radio locales desaparecieron por diversas razones, entre ellas: cambio de línea editorial del medio de comunicación y falta de patrocinio. Además, algunos programas de opinión fueron sacados de la programación de las radios; obligados por el contexto hostil que vive el país”, indicó el documento.
En cuanto a los ataques individuales a comunicadores y trabajadores de la prensa en 2021, el informe reportó 171 incidentes, de los cuales el 37 por ciento fueron hacia mujeres y 63 por ciento hacia hombres.
Casi todos los casos de agresión contra periodistas y medios fueron ejecutados por agentes estatales, en un 90.74 por ciento de los casos. El 4.42 por ciento de los perpetradores fueron identificados como agentes paraestatales y solo el 1.14 por ciento de los ataques fueron a manos de agentes no estatales. En un 3.7 por ciento de los casos, las víctimas no identificaron a los agresores.
El informe destaca el caso de la detención arbitraria del gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en agosto, así como el de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ex director y articulista de La Prensa, quien está en prisión desde el 25 de junio.
El director del medio Confidencial, Carlos Fernando Chamorro Barrios, fue acusado judicialmente de lavado de dinero, bienes y activos, y de apropiación y retención indebida y gestión abusiva, lo que lo obligó al exilio en junio.
El informe también destaca el asedio policial contra la periodista de radio Kalúa Salazar, al cual califica de “constante y desproporcionado”. Salazar tiene además una demanda por calumnia en su contra por parte de funcionarios de la Alcaldía de El Rama, al sureste de Nicaragua.
La periodista Kalúa Salazar ha sufrido asedio judicial con agentes de la policía afuera de su domicilio. (Foto: tomada de Twitter)
Si bien el informe indica que después de septiembre de 2021 no se han conocido nuevos procesos del Ministerio Público contra periodistas, las acciones represivas continúan en otras formas.
“El aparato estatal ha modificado sus mecanismos de opresión con el fin de silenciar a las voces críticas que denuncian las violaciones a los derechos fundamentales que se cometen en el país”, dice el documento.
Entre los tipos de violencia no judiciales o de abuso de poder considerados en el informe están las agresiones físicas (con 291 casos de los 702 totales), restricciones de acceso a la información (con 19), discursos estigmatizantes (con 18), violencia transversal de género (con 2) y restricciones en internet y secuestro (con un caso cada una).
Además, varios comunicadores sufrieron la retención de sus pasaportes en el último año, como fue el caso del periodista Julio López, jefe de información del medio digital crítico del régimen Onda Local, quien fue despojado de su documento de identidad el 21 de junio, cuando se disponía a viajar a Costa Rica por vía terrestre. De forma similar, Mauricio Madrigal, jefe de prensa del Canal 10, fue impedido de abordar un avión que lo llevaría a Miami el 29 de septiembre y le fue retirado su pasaporte.
Según el informe, la enorme mayoría de ataques a medios y periodistas se han registrado en la capital del país, Managua, con 592 de las 702 (84.30 por ciento). Le siguen la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, con 45 casos registrados (6.41 por ciento) y la ciudad de León, donde ocurrieron 22 agresiones (3.13 por ciento).
Los tipos de violencia a periodistas por parte del régimen de Ortega van desde detenciones arbitrarias hasta decomiso de pasaportes. (Foto: Captura de pantalla)
Las gráficas del informe muestran que la segunda mitad de 2021 fue la de mayor violencia a la libertad de prensa. Noviembre —cuando se llevaron a cabo elecciones presidenciales— fue el mes con más casos registrados, con 128. En octubre hubo 107, en diciembre, 105; en septiembre, 104; y en agosto, 80.
El 7 de noviembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió que las elecciones del 7 de noviembre “no fueron libres, justas ni transparentes” y advirtió sobre el hostigamiento a los medios de comunicación por parte de las fuerzas represivas del Gobierno en la coyuntura de los comicios.
“El proceso electoral del 7 de noviembre no fue la excepción, continuó el asedio, la intimidación, las obstrucciones y específicamente el bloqueo de la labor periodística”, señaló la organización en su resolución del viernes 12 de noviembre.
El informe de Voces del Sur consignó también que autoridades migratorias de Nicaragua impidieron el ingreso al país a al menos 5 equipos periodísticos de medios internacionales que pretendían cubrir los comicios presidenciales.
“La coyuntura sociopolítica en la que se encuentra inmerso el país con mayor énfasis a partir de abril 2018, es sumamente preocupante y al cierre del año 2021 no hay señales de que la política de hostilidad en contra de los medios de comunicación y los periodistas independientes frenará”, concluye en documento.
