Entre enero y junio de 2020, hubo 630 agresiones contra la prensa en América Latina, según Voces del Sur, una iniciativa de libertad de prensa en la región. Muchas de estas aumentaron o se agravaron después de que los gobiernos declararon la emergencia sanitaria por COVID-19.
El proyecto regional publicó su primer reporte conjunto sobre el monitoreo de agresiones y ataques a periodistas latinoamericanos que cada organización realizó localmente.
Portada del reporte 2020 del colectivo Voces del Sur
Son 11 las organizaciones de la sociedad civil defensoras de la libertad de expresión y de prensa que participan en Voces del Sur. Están son: Fundamedios, de Ecuador; Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú y Venezuela; Foro de Periodismo Argentino (Fopea), de Argentina; Asociación Nacional de Prensa de Bolivia; Comité por la Libre Expresión (C-Libre), de Honduras; Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo), de Uruguay; Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de Nicaragua; Instituto Demos, de Guatemala; Asociación de Periodismo Investigativo (Abraji), de Brasil; y el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, de Cuba.
De las 630 agresiones registradas, el informe señaló que 225 fueron ataques en su mayoría físicos. Asimismo, hubo 126 casos de discursos estigmatizantes, 77 restricciones en internet, 75 casos de dificultades de acceso a la información, 43 detenciones arbitrarias, 33 de uso abusivo del poder estatal contra periodistas y medios.
También documentaron 32 procesos judiciales contra medios y profesionales de la prensa, 8 intervenciones en el marco jurídico que fueron en contra de los estándares internacionales de la libertad de expresión y acceso a la información, 6 secuestros, 3 casos de tortura, un asesinato y una desaparición forzada.
El agresor principal fue el Estado, señaló el reporte, siendo responsable de 453 casos del total de agresiones contra periodistas y medios de los países monitoreados.
El reporte realizó también un mapeo de las leyes que fueron utilizadas para penalizar la desinformación durante la pandemia. Por ejemplo, en Bolivia, indicó el informe, el gobierno interino ha tratado hasta en cuatro oportunidades de publicar decretos para sancionar publicaciones que ellos consideren desinformación. Sin embargo, el rechazo de organizaciones de la sociedad civil boliviana ha logrado impedirlos, indicó.
Según la alianza de organizaciones, la pandemia definió a partir de marzo un eje común de cobertura y nuevos desafíos para el periodismo latinoamericano, la emergencia sanitaria.
Reporte 2020 de Voces del Sur sobre las agresiones a la prensa durante la primera mitad del año.
En Ecuador, el estado de emergencia contribuyó a que muchos periodistas estuvieran desprovistos de las protecciones necesarias para cubrir la pandemia. De acuerdo con el reporte, Ecuador fue uno de los primeros países en reportar la muerte de periodistas por COVID-19 tras realizar su trabajo.
Hubo incidentes de detenciones arbitrarias contra periodistas por parte de la policía en Guatemala. Mientras que en Perú hubo periodistas amenazados por WhatsApp y Facebook por parte de funcionarios locales tras reportajes que habrían revelado actos de corrupción de sus gestiones relacionados a la pandemia.
En Brasil, que tiene la Ley de Acceso a la Información desde 2011, el presidente Jair Bolsonaro emitió en marzo de este año una medida para suspender las respuestas a las solicitudes de acceso a la información, estableciendo límites arbitrarios. La medida fue posteriormente anulada por el Tribunal Supremo.
En Venezuela continúan las detenciones arbitrarias contra los periodistas. De acuerdo con IPYS Venezuela, en los primeros seis meses del año hubo 30 detenciones arbitrarias que afectaron a trabajadores de la prensa. Muchas de estas se dieron luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo.
En Nicaragua, continúan las agresiones y amenazas contra la prensa con la misma intensidad desde que se desataron las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega, en abril de 2018.
Los periodistas cubanos continuaron siendo amenazados con el Decreto Ley 370. Con este decreto, cualquier opinión o información en redes sociales puede ser directamente sancionado con una multa, sin tener que pasar por una corte.
Solo entre enero y junio de este año fueron interrogadas y multadas 30 personas, de acuerdo con el estudio. La multa que impone el decreto es equivalente a US $120, y de no pagarla pueden recibir hasta 6 meses de cárcel en represalia.
Uruguay aprobó a principios de julio la Ley de Urgente Consideración, que incluye artículos que vulneran el derecho a protestar, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, indicó el reporte.
Lea el reporte completo aquí.
