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Periodistas paraguayos reclaman protección efectiva del Estado frente a amenazas y casos de violencia

El periodista paraguayo Pablo Medina Velázquez había estado recibiendo amenazas de muerte debido a sus reportajes sobre la presunta participación de políticos en el tráfico de drogas en la frontera con Brasil. Las amenazas se materializaron el 16 de octubre de 2014, cuando dos hombres le dispararon contra el carro del periodista, impactándolo cuatro veces. Su asistente, Antonia Almada, quien viajaba en el asiento del pasajero, también murió en el ataque.

El caso Medina es uno de los 19 asesinatos de periodistas en el país suramericano desde 1991, año que marca la redemocratización de Paraguay, y que sigue un guion conocido: un periodista de investigación realiza un reportaje sobre narcotráfico, descubre vínculos entre políticos y otras autoridades con organizaciones criminales, recibe amenazas y termina asesinado. El caso de Medina, sin embargo, es único porque los autores materiales e intelectuales fueron arrestados, juzgados y condenados.

“Esto muestra que con capacidad, con plena consciencia de la importancia del tema, y con parámetros eficientes de investigación se puede llegar a sanciones contra autores de los crímenes y agresiones contra periodistas”, dijo el periodista José María Costa, coordinador de la Mesa para la Seguridad de Periodistas en Paraguay, a LatAm Journalism Review (LJR).

La seguridad de periodistas en Paraguay

La seguridad de periodistas en Paraguay

 

Costa es el organizador y uno de los autores del libro “La seguridad de periodistas en Paraguay: Marco jurídico, desafíos y compromisos”, lanzado este año. La publicación consta de una serie de artículos de periodistas y miembros del Poder Judicial, que incluyen una guía de recomendaciones para la protección de los periodistas y abogan porque los delitos contra periodistas sean tratados como violaciones al derecho a la libertad de expresión.

La Mesa reúne a instituciones públicas y asociaciones profesionales para buscar soluciones a la violencia contra los periodistas. Uno es la creación de una ley de protección y seguridad específica para periodistas. Aunque defiende algún tipo de mecanismo de protección estatal, como una nueva legislación, Costa reconoce que no sería suficiente si las autoridades no logran ponerlo en práctica.

“Una ley de protección y seguridad para periodistas sería una herramienta importante, pero no consideremos como suficiente, pues aunque tengamos ley, si no tenemos un Estado fuerte y que realmente tenga condiciones para actuar y dar garantía a la labor periodística, no servirá de mucho”, dijo Costa.

José María Costa, coordenador da Mesa para a Segurança de Jornalistas do Paraguai: lei de proteção e segurança para o jornalista só terá eficácia se Estado tiver condições de implementá-la

José María Costa, coordinador de la Mesa para la Seguridad de Periodistas de Paraguay: ley de protección y seguridad para periodistas sólo será efectiva si el Estado tiene condiciones de implementarla.

El análisis de Costa se hace eco del caso de Medina. Si bien denunció las amenazas que sufrió por su labor periodística y contaba con protección policial, no contaba con guardaespaldas al momento del ataque que resultó en su muerte. Además, los autores de las amenazas fueron dejados a un lado por las autoridades hasta que se llevó a cabo el crimen.

En uno de los artículos del libro, el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Jimmi Peralta, explica que el marco legal paraguayo carece de una norma para investigar los delitos contra periodistas desde la perspectiva de la libertad de expresión. Como resultado, se tratan como delitos comunes.

“En la mayoría de los casos de asesinatos de periodistas se tuvo como antecedente una amenaza que no fue correctamente investigada o que no tuvo una respuesta eficiente del Estado. Los casos de amenazas a periodistas no son investigados por el Ministerio Público porque la ley los considera delitos de acción penal privada, y por lo tanto, depende de la víctima encarar la acción judicial, sin intervención de los fiscales”, escribió Peralta.

“Zonas silenciadas”

El libro “La seguridad de periodistas en Paraguay” se publicó un año después del caso más reciente de asesinato de un periodista en el país. El 12 de febrero de 2020, el brasileño Lourenço ‘Léo’ Veras, fue asesinado en Pedro Juan Caballero, ciudad fronteriza con Ponta Porã, en Brasil.

Veras fue asesinado en su casa mientras cenaba con su familia. Él dirigía el sitio web Porã News y trabajaba como corresponsal y fixer (intermediario) de publicaciones de Paraguay y del exterior. Como en otros casos, también fue objeto de amenazas por parte de organizaciones criminales. El caso sigue sin resolverse.

En Paraguay, la mayoría de los asesinatos de periodistas en los últimos 30 años tuvieron lugar en zonas fronterizas con Brasil o Argentina. No sorprende que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó la frontera con Paraguay como una de las “zonas silenciadas” del continente americano, donde el peligro para la práctica del periodismo independiente es tan alto que pocos profesionales se arriesgan.

Marta Escurra, presidente del Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP): amenazas y agresiones son el punto de partida para violaciones más graves como el asesinato de colegas periodistas.

Marta Escurra, presidente del Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP): amenazas y agresiones son el punto de partida para violaciones más graves como el asesinato de colegas periodistas.

“Lo que gobierna allí [en las ciudades fronterizas] es la Constitución Nacional de la Mafia, el Narcotráfico y la Corrupción, un complejo entramado en el que se encuentran personas que detentan el poder político, y de paso, estas personas también cuentan con sus propios medios de comunicación utilizados para sus intereses”, dijo a LJR Marta Escurra, presidente del Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP). En este tipo de situaciones, dice, el resultado es que los periodistas deben equilibrar la autocensura y el peligro de represalias.

Según Costa, aunque el crimen organizado es la mayor fuente de peligro, muchos de los casos de amenazas monitoreados por la Mesa para la Seguridad de Periodistas en Paraguay provienen de políticos locales interesados en silenciar las voces críticas de sus acciones.

“Por otro lado, también se ve la poca formación o capacidad de agentes de los órganos de seguridad, tanto militares como policías, para comprender el papel de los periodistas y protegerlos. Hemos tenido casos de agresiones de militares a periodistas, así como han habido agresiones sufridas por periodistas en coberturas, de parte de fuerzas policiales”, dijo Costa.

“Las violaciones consideradas menos graves [como amenazas, agresiones] de alguna manera contribuyen al entorno en el que se producen asesinatos de periodistas porque son la penúltima ratio antes de llegar a lo que no queremos: la muerte de los colegas”, dijo Escurra.

 

*Este artículo fue escrito originalmente en portugués y fue traducido por Silvia Higuera.

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