México atraviesa por una “graves crisis de derechos humanos” según el reciente informe ‘Situación de derechos humanos en México’ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con la organización, genera especial preocupación los altos índices de desapariciones forzadas, tortura, inseguridad ciudadana, limitado acceso a la justicia e impunidad.
Los periodistas hacen parte de uno de los “grupos poblaciones especialmente afectados” por esta violencia a tal punto que en la última década México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, advierte el informe.
Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, en el país se han registrado 107 asesinatos de periodistas entre el año 2000 y septiembre de 2015, dice el informe en su capítulo destinado a la situación de defensores de derechos humanos, periodistas y libertad de expresión.
La violencia contra defensores y periodistas “es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos”, asegura.
Precisamente, la mayoría de estas víctimas eran reporteros que informaban sobre casos de corrupción administrativa, narcotráfico, crimen organizado o seguridad pública. La situación es más grave en aquellos lugares en donde la delincuencia organizada tiene gran control, en ocasiones, en complicidad con agentes del Estado.
Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca son los estados con mayor número de homicidios de periodistas entre el año 2000 y agosto de 2015, según el informe. Casi seis de cada diez asesinatos sucedieron en alguno de estos estados.
La CIDH también llamó la atención sobre el alto número de desapariciones forzadas que tiene el país; una cifra en la que se incluyen periodistas. Según la CNDH desde 2005 hasta septiembre de 2015, se tenía un registro de 20 periodistas desaparecidos. Durante 2015, la Comisión tuvo conocimiento de 3 casos de secuestro.
Sobre este tema, en febrero de 2015, la organización Artículo 19 México publicó un informe que asegura que México es el país con más periodistas desaparecidos en el mundo. Según esta organización desde 2003 a 2015 en promedio han desaparecido dos periodistas por año para un total de 23 reporteros desaparecidos.
La Comisión también expresó su preocupación por otro tipo de agresiones contra la prensa como amenazas de muerte, amedrentamientos, seguimientos, ataques a la infraestructura de los medios, ataques cibernéticos, así como casos de irrupción a domicilios de reporteros y robo material periodístico.
Impunidad: fallas de investigación y en el mecanismo de protección
A la impunidad generalizada en el país, no escapan los crímenes contra periodistas. En 2013, la CNDH ya hablaba de un 89 por ciento de índice de impunidad en estos crímenes que incluyen homicidios, desapariciones y atentados a medios de comunicación, señala el informe.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) ubicó a México en octavo lugar en el Índice Global de Impunidad 2015, una lista que incluye a los “países donde asesinan periodistas y los responsables quedan libres”.
Para la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión una de las causas de impunidad en estos casos es la “cooptación de los órganos judiciales y policiales por parte de las organizaciones criminales, quienes hacen presiones ilegales para desviar el curso de las investigaciones”.
El informe recordó el “efecto amedrentador” que las agresiones contra periodistas, especialmente los asesinatos, tienen no solo en sus colegas, sino en la ciudadanía en general. Para la CIDH estas agresiones “transmiten el erróneo mensaje de la inexistencia de sanciones para quien agrede la prensa, dejando desprotegidos a periodistas y comunicadores”.
Además de la impunidad, el informe también dio cuenta de las fallas del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos que tiene 463 beneficiarios de los cuales 190 son periodistas.
A pesar de haber sido el segundo país de la región en establecer un mecanismo de este tipo, la falta de recursos para su funcionamiento, la poca colaboración entre dependencias del país, así como la desconfianza en éste generada por las agresiones cometidas en contra de aquellos que están bajo su protección siguen siendo problemas.
Así por ejemplo, mencionó el caso del fotorreportero Rubén Espinosa quien salió de Veracruz buscando refugio en la Ciudad de México debido a las amenazas que había recibido. Sin embargo, fue asesinado en en agosto de 2015, sin haber recurrido al mecanismo debido a su desconfianza en éste.
También recordó el caso de Moisés Sánchez Cerezo secuestrado el 2 de enero de su casa en Veracruz y cuyo cuerpo fue encontrado 22 días después. La CIDH cuestionó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), creada por el mecanismo precisamente para investigar estos crímenes, no haya atraído este caso a pesar de los “indicios” que demostrarían un vínculo entre su asesinato y el ejercicio periodístico.
“La Comisión, ve con preocupación que sea la propia entidad investigativa, quien haciendo uso de diferentes argumentos interponga obstáculos a sí misma para asumir la titularidad de la investigación y que ello pueda terminar afectando el resultado de la misma, en especial en relación con vinculación de autores intelectuales”, señala el informe.
Sobre el caso de Sánchez Cerezo el pasado febrero, una juez federal le ordenó a la Procuraduría General de la República investigar su asesinato a través de la FEADLE.
Además de las fallas de la FEADLE al momento de atraer casos, la Comisión también criticó la falta de protocolos especiales para investigar los crímenes contra periodistas que establezcan el trabajo periodístico como primera línea de investigación.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
