La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al gobierno de Nicolás Maduro la inmediata liberación de Víctor Manuel García Hidalgo, editor y director del portal de noticias venezolano Informe Cifras, preso desde el 1 de marzo en la cárcel para delitos comunes Yare III, acusado por el delito político de rebelión civil.
Como había hecho en ocasiones anteriores, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rompió los ejemplares de tres diarios de su país en medio de su cadena nacional. En esta caso, además de utilizar calificativos como “prensa corrupta” o “sin bandera y sin escrúpulos”, les advirtió que la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, los obliga a “publicar las notas de interés público”, informó la ONG Ecuatoriana Fundamedios.
Este 17 de octubre se dará inicio al juicio oral que acusa al ex presidente Alberto Fujimori de malversar 122 millones de soles (casi 44 millones de dólares) de los presupuestos de las Fuerzas Armadas peruanas. El dinero lo habría utilizado para sobornar a los propietarios de ocho tabloides peruanos de prensa amarilla, los denominados “diarios chicha”, para comprar su línea editorial y ponerla al servicio de su tercera reelección en el 2000, informó el procurador adjunto anticorrupción de ese país Joel Segura a
Un total de 55 frecuencias de radio y televisión serían revertidas al estado de Ecuador por haber incumplido la reciente Ley Orgánica de Comunicación – Ley de Medios – según anunció el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, en rueda de prensa el viernes 20 de septiembre, informó el portal Infobae.
Una emisora ecuatoriana fue clausurada y varios de sus equipos fueron incautados por autoridades gubernamentales el pasado miércoles 18 de septiembre en la ciudad de Guayaquil (suroeste del país), informó la agencia de noticias AFP. De acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones, Supertel, la clausura se produjo debido a que la emisora operaba ilegalmente, agregó AFP.
La Ley de Delitos Informáticos, también llamada ‘nueva ley Beingolea’, o ‘ley Frankestein anti Internet’ por algunos de sus opositores, fue aprobada casi por unanimidad en el congreso peruano el 12 de setiembre. De ser firmada por el presidente Ollanta Humala podría poner en serio riesgo el derecho a la libertad de expresión y el derecho constitucional al secreto de las telecomunicaciones de los peruanos, como explicó en su portal web la ONG de ese país, Hiperderecho.
El parlamento de la nación caribeña de Granada aprobó una ley que castigaría el contenido ofensivo en línea con un máximo de un año en prisión, informó el Instituto Internacional de la Prensa (IPI).
Tres años después del asesinato de Luis Carlos Santiago Orozco, fotoperiodista mexicano de El Diario de Juárez en el estado norteño de Chihuahua, la investigación sigue estancada y el crimen en la impunidad.
Luego del retiro de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 10 de septiembre, los ciudadanos venezolanos quedan imposibilitados de denunciar ante la Corte-IDH cualquier violación a la libertad de pensamiento y expresión que ocurriera a partir de la fecha, contando así con un mecanismo menos para proteger y defender sus derechos, dijo el ex secretario ejecutivo adjunto de la CIDH y abogado experto en temas de derechos humanos Ariel E. Dulitzky en entrevista con el Centro Knight para el Periodismo
Numerosas manifestaciones lideradas por periodistas ocuparon las principales plazas y ciudades de Bolivia en protesta al nuevo proyecto de ley de transparencia federal que limitaría - en vez de ampliar - el acceso a la información pública, informó la agencia de noticias AFP.
El gobierno ecuatoriano ha propuesto penalizar los comentarios y opinones en las redes sociales que pudieran considerarse difamatorias, reportó la organización Fundamedios.
La Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, coalición conformada por varias organizaciones de 19 países de América Latina y EE.UU., escribió una carta abierta a los senadores y otros funcionarios uruguayos expresando su preocupación por una serie de enmiendas propuestas a la Ley Pública de Acceso a la Información (18.381). Según el grupo, los cambios propuestos son "retrógrados" en su naturaleza y pueden limitar considerablemente el acceso de los ciudadanos a la información gubernamental.