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La impunidad, la mayor amenaza para la libertad de expresión en la región, según informe de IFEX

En los últimos 20 años, 670 periodistas han sido asesinados en América Latina y el Caribe según los delegados de la alianza IFEX-ACL durante la presentación de su Informe Anual de Impunidad 2013 “Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe”, publicó el diario U Chile. Los crímenes – la mayoría de estos aún en la impunidad – demuestran cómo este hecho se ha convertido en la mayor amenaza para la libertad de expresión en la región.

México y Brasil fueron los países en donde se produjeron más agresiones. mientras que El Salvador, Honduras y Guatemala fueron señalados como los de mayor riesgo para la profesión.

Los 225 casos de agresiones a periodistas en México durante los primeros nueve meses de 2013 ya convirtieron este año como el más violento en los últimos 10 años. La delegación destacó el caso del periodista Armando Rodríguez quien fue asesinado hace cinco años sin que las autoridades esclarezcan el crimen.

De Brasil se destacaron las 98 violaciones contra medios de la comunicación durante las protestas que se han vivido en el país desde junio de 2013. El 71 por ciento de estas agresiones fueron perpetradas por la policía. El caso más grave fue el del fotógrafo Sergio Silva quien perdió la visión en un ojo tras un disparo de bala de goma.

El informe elaborado por la alianza regional de IFEX en América Latina y el Caribe (ALC) hace un análisis de la situación de impunidad en 11 países de esta región para reflexionar sobre los hechos más recientes y del contexto actual en material de impunidad.

En Bolivia se vive un ambiente de violencia contra el ejercicio de la prensa y la libertad de expresión. Algunos casos que lo demuestran fueron el linchamiento por parte de una turba al periodista Carlos Quispe o la incineración de la que fue víctima el periodista Fernando Vidal.

En el caso de Colombia los delegados de IFEX-ALC señalaron un ambiente de impunidad en el que 63 de los 142 homicidios contra periodistas desde 1967 han prescrito; es decir, que ya no se investigarán más. Los mayores agresores de la prensa en el país son el narcotráfico, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros, y en una minoría los funcionarios públicos y políticos. El informe también destaca el caso de la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente hace 13 años y sigue sin obtener justicia.

La “Ley de linchamiento mediático” y su impacto en la libertad de expresión hacen parte del informe de Ecuador. El modelo con el que cuenta el país estaría dirigido a desacreditar periodistas. El Estado – de donde provienen las mayores agresiones al a prensa según los delegados de este país – controla de forma directa más de 20 medios y es el mayor inversionista de publicidad. El 60 por ciento de la información que se publica se hace con base en fuentes oficiales.

En Guatemala las cifras de violaciones a la libertad de expresión pasaron de 19 casos en 2010 a 48 hasta septiembre de este año. Dentro de la cifra se incluyen cuatro asesinatos y ocho amenazas de muerte.

De acuerdo con el informe, América Latina atraviesa por un momento crucial de debate para garantizar la libertad de expresión. En la región coexisten situaciones de extremo riesgo derivadas del crimen organizado con la debilidad constitucional. Cursan procesos legislativos polémicos que rodean a la libertad de prensa. Los funcionarios públicos siguen utilizando las denuncias por difamación para silenciar la prensa, y sectores históricamente vulnerados – como los pueblos indígenas – no logran participar abiertamente en los asuntos de interés público.

“Un año después de la publicación del informe de impunidad 2012 constatar que no existen avances judiciales significativos en general, y que varios de los casos emblemáticos siguen sin resolverse, nos muestra un panorama desolador”, señala la editorial del informe de este año.

Por esta razón, las recomendaciones de la alianza IFEX-ALC a las autoridades de la región es que impulsen investigaciones judiciales y garanticen que éstas se llevarán a cabo de manera exhaustiva “de acuerdo a las obligaciones internacionales que han adquirido ante los organismos de derechos humanos”.

Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.

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