La corresponsal en Washington del diario brasileño O Estado de S. Paulo, Cláudia Trevisan, fue arrestada el jueves 26 de septiembre tras intentar entrevistar al presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Joaquim Barbosa, quien asistió ese día a una conferencia en la prestigiosa universidad estadounidense Yale.
En el marco de su campaña Impunidad Mata la organización mexicana Artículo 19 hizo el lanzamiento de un nuevo documental y de la petición de recolección de firmas para pedirles a las autoridades del país cumplir con sus funciones de protección y de esclarecimiento de los delitos en contra de periodistas.
El presidente venezolano Nicolás Maduro pidió al Poder Judicial y a la Fiscalía de su país evaluar “medidas especiales” que le otorguen al Ejecutivo las facultades para poder “castigar esta guerra psicológica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio” por las informaciones que difunden sobre el desabastecimiento de alimentos en Venezuela.
El gobierno cubano rechazó "garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la libre actividad de los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y los opositores del gobierno", de entre las 292 recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó el Diario de Cuba según un reporte de Notimex.
El peruano Humberto Espinoza Maguiña, periodista y ex editor del diario Prensa Regional, fue sentenciado dos veces por difamación entre el 18 y 19 de septiembre, por denunciar en sus publicaciones actos de corrupción del gobierno del presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar. Recibió dos años de prisión no efectiva, 120 días de trabajo comunitario y una multa de 5 mil soles (alrededor de 2 mil dólares), publicó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
Uruguay es el más reciente país latinoamericano en proponer una ley integral de medios para actualizar al siglo 21 las normas y reglamentos que supervisan las comunicaciones del país. En mayo, el presidente José Alberto Mujica envió el proyecto de ley a la legislatura uruguaya. Se espera que el Senado vote sobre el mismo antes de finales de año.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al gobierno de Nicolás Maduro la inmediata liberación de Víctor Manuel García Hidalgo, editor y director del portal de noticias venezolano Informe Cifras, preso desde el 1 de marzo en la cárcel para delitos comunes Yare III, acusado por el delito político de rebelión civil.
Como había hecho en ocasiones anteriores, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rompió los ejemplares de tres diarios de su país en medio de su cadena nacional. En esta caso, además de utilizar calificativos como “prensa corrupta” o “sin bandera y sin escrúpulos”, les advirtió que la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, los obliga a “publicar las notas de interés público”, informó la ONG Ecuatoriana Fundamedios.
Una emisora ecuatoriana fue clausurada y varios de sus equipos fueron incautados por autoridades gubernamentales el pasado miércoles 18 de septiembre en la ciudad de Guayaquil (suroeste del país), informó la agencia de noticias AFP. De acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones, Supertel, la clausura se produjo debido a que la emisora operaba ilegalmente, agregó AFP.
La Ley de Delitos Informáticos, también llamada ‘nueva ley Beingolea’, o ‘ley Frankestein anti Internet’ por algunos de sus opositores, fue aprobada casi por unanimidad en el congreso peruano el 12 de setiembre. De ser firmada por el presidente Ollanta Humala podría poner en serio riesgo el derecho a la libertad de expresión y el derecho constitucional al secreto de las telecomunicaciones de los peruanos, como explicó en su portal web la ONG de ese país, Hiperderecho.
Luego del retiro de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 10 de septiembre, los ciudadanos venezolanos quedan imposibilitados de denunciar ante la Corte-IDH cualquier violación a la libertad de pensamiento y expresión que ocurriera a partir de la fecha, contando así con un mecanismo menos para proteger y defender sus derechos, dijo el ex secretario ejecutivo adjunto de la CIDH y abogado experto en temas de derechos humanos Ariel E. Dulitzky en entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas.
El gobierno ecuatoriano ha propuesto penalizar los comentarios y opinones en las redes sociales que pudieran considerarse difamatorias, reportó la organización Fundamedios.