Las declaraciones de un miembro de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de Argentina - entidad que aplica y controla la Ley de Medios – sobre un posible control en las líneas editoriales de los diferentes medios generaron polémica en el país.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela informó que los medios de todo el país han sido presionados por el Estado para acabar los programas críticos al gobierno, destituir a los periodistas que los conducen y adecuar el tono de su linea editorial.
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó como “un grave atentado contra la libertad de prensa” una orden judicial en Ecuador que le prohíbe a un diario del país informar sobre el proceso en su contra que interpuso un funcionario el gobierno.
A pocas horas de que la Sociedad Interamericana de Prensa nombrara a la reconocida bloguera Yoani Sánchez como su nueva delegada para la libertad de expresión en Cuba, la agencia EFE y otros medios reportaron que la periodista fue detenida el jueves junto con una veintena de disidentes.
La censura judicial ha sido identificada como el principal obstáculo para la libertad de expresión en Brasil, de acuerdo con organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la organización Freedom House.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el miércoles 7 de noviembre dos leyes que castigan los delitos cibernéticos, pero dejó para la próxima semana la votación sobre el Marco Civil de Internet, informó la revista Época.
A pesar de la oposición de organizaciones periodísticas, la Presidencia de Costa Rica publicó la entrada en vigor de una ley que castiga con hasta 10 años de prisión a periodistas y ciudadanos que difundan “secretos políticos”.
El despido de un periodista de una revista digital colombiana por la publicación de una columna de opinión sobre una petrolera canadiense y sus presiones publicitarias a los medios de comunicación del país -- como reportó Clases de Periodismo -- generó polémica.
El Gobierno de Uruguay ordenó el cierre de 74 emisoras comunitarias por no cumplir con los requisitos que le exige la ley el pasado 1 de noviembre, informó el diario El País. De acuerdo con el gobierno, 20 de estas emisoras hacían “proselitismo religioso”, agregó el diario.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó una nueva demanda por varios millones de dólares en contra de Corporación La Prensa en Panamá que ha publicado sobre los contratos del grupo empresarial Ochy Diez con el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
El director del canal público de Bogotá, capital de Colombia, se negó a entregar una lista de sus trabajadores que pertenecen a la comunidad LGBTI -- Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales -- como se lo había solicitado un concejal de la ciudad, anunció la emisora Caracol Radio.
Una diputada venezolana le solicitó al gobierno analizar los supuestos impactos negativos causados por los medios de comunicación durante las elecciones presidenciales del país, realizadas el pasado domingo 7 de octubre.