Con un alcance nacional sin paralelo, las revistas Continente y Pernambuco se han renovado recientemente. Financiadas por una editorial del gobierno del estado de Pernambuco, las publicaciones -que funcionan desde hace 24 y 37 años, respectivamente- son ejemplos exitosos de un modelo de periodismo cultural financiado por el Estado, pero no están exentas de críticas.
Mariama Correia y Nayara Felizardo son cofundadoras de Cajueira, lanzada en 2020 como newsletter y hoy es una red que promueve la producción periodística en el noreste de Brasil. Ellas conversaron con LJR sobre lo que cambió – y lo que no cambió – en la cobertura de la región, la fortaleza del periodismo independiente realizado en el noreste y los próximos pasos de Cajueira.
Informar sobre el Carnaval, el mayor acontecimiento popular brasileño, implica desde comprender dinámicas sociales a menudo invisibles hasta exigencias físicas particulares. LJR habló con periodistas especializados en el tema para que den consejos sobre cómo cubrir las festividades.
Las organizaciones de la sociedad civil que participan en el Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas y Comunicadores Sociales celebran la "buena voluntad" del gobierno brasileño, pero afirman que la falta de personal y de priorización del tema son obstáculos para su eficacia. Los cambios en el Ministerio de Justicia, donde tiene su sede el Observatorio, también preocupa a las organizaciones.
Aos Fatos, medio de comunicación brasileño especializado en fact-checking, integró ChatGPT con su producción periodística para crear un chatbot de preguntas y respuestas, FátimaGPT. En WhatsApp, Telegram y Twitter, el chatbot responde a las preguntas del público a partir de textos ya publicados en el sitio web.
Un estudio de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación encontró, comparado con 2018, un aumento del 14% en las acciones legales contra periodistas y medios que solicitan la eliminación de contenidos relacionados con las elecciones de 2022. Sus autoras destacan el impacto en la libertad de prensa y en el proceso democrático, así como tendencias para las elecciones municipales en 2024.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó en noviembre que cuando un medio publica una entrevista con información falsa, la responsabilidad legal por esa información puede recaer sobre el medio. En un contexto de vacío legal y creciente acoso judicial en Brasil, la decisión preocupa a expertos.
Cubrir las ejecuciones cometidas por policías, cómo antiguos miembros del cuerpo se convierten en asesinos profesionales y cómo forman organizaciones comparables a la mafia: esta es la especialidad de Rafael Soares, un reportero de 32 años de los periódicos O Globo y Extra que dice no sentir miedo. Tras el podcast “Pistoleiros”, acaba de publicar su primer libro, “Milicianos”.
Los casos de la periodista brasileña Schirlei Alves y del periodista chileno Felipe Soto Cortés evidencian el impacto de la criminalización de la difamación en la libertad de prensa en América Latina. Un fallo de la Corte IDH contra Chile señala formas de combatir el uso del derecho penal para silenciar a periodistas en la región.
El mapa interactivo LupaMundi, de la agencia brasileña de verificación de datos Lupa, arroja luz sobre el estado mundial de las leyes contra la información falsa. Los países de la región en general no cuentan con leyes específicas sobre el tema y académicos advierten sobre el riesgo de una instrumentalización política de la agenda.
Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado el 2 de noviembre, LatAm Journalism Review destaca cuatro casos de periodistas de la región que, en su mayoría, permanecen impunes. Hablamos con periodistas que fueron agredidos, familiares de quienes fueron asesinados por su trabajo y organizaciones que luchan para que los casos sean investigados y juzgados.
Pedro Palma fue asesinado el 13 de febrero de 2014 en Miguel Pereira, en el estado de Río de Janeiro. Nueve años después, la investigación del crimen sigue abierta y no se ha responsabilizado a nadie. Este es uno de los 25 casos en Brasil con "total impunidad", según el Comité para la Protección de los Periodistas, e ilustra los obstáculos para que los autores materiales e intelectuales de crímenes contra periodistas rindan cuentas en ese país.