El Instituto para el Reporte de la Guerra y la Paz (IWPR), ha publicado un nuevo libro bilingüe el cual compila varios reportes de periodistas independientes cubanos sobre diferentes aspectos de la vida en la isla. “Con Voz Abierta” reúne artículos en español e inglés sobre la sociedad aislada de Cuba, la cual continúa siendo víctima de constantes violaciones contra los derechos humanos.
Luis Chancay, presidente de la Unión Nacional de Educadores del Guayas, interpuso una denuncia ante la Defensoría del Pueblo el 23 de septiembre a raíz del memorándum del Ministerio de Educación de Ecuador: este prohíbe a los rectores, directores y docentes de las entidades educativas fiscales de la Provincia del Guayas dar declaraciones a los medios de comunicación sin la autorización de la Subsecretaria de dicho ministerio, según publicaciones de diario El Universal.
A partir del martes 1 de octubre el diario El Impulso, uno de los más antiguos de Venezuela aún en circulación, publicará una versión más reducida de su edición debido a la falta de insumos de impresión. En el editorial publicado por El Impulso el 29 de setiembre, también ponen de manifiesto que son 11 los meses que llevan esperando por la autorización del gobierno que les permita obtener divisas para importar los materiales necesarios.
La corresponsal en Washington del diario brasileño O Estado de S. Paulo, Cláudia Trevisan, fue arrestada el jueves 26 de septiembre tras intentar entrevistar al presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Joaquim Barbosa, quien asistió ese día a una conferencia en la prestigiosa universidad estadounidense Yale.
En el marco de su campaña Impunidad Mata la organización mexicana Artículo 19 hizo el lanzamiento de un nuevo documental y de la petición de recolección de firmas para pedirles a las autoridades del país cumplir con sus funciones de protección y de esclarecimiento de los delitos en contra de periodistas.
El gobierno cubano rechazó "garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la libre actividad de los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y los opositores del gobierno", de entre las 292 recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó el Diario de Cuba según un reporte de Notimex.
El periodista Adílison Oliveira fue golpeado por 10 jóvenes después de fotografiar un accidente en una escuela estatal en la municipalidad de Taboão da Serra en el estado de São Paulo.
Uruguay es el más reciente país latinoamericano en proponer una ley integral de medios para actualizar al siglo 21 las normas y reglamentos que supervisan las comunicaciones del país. En mayo, el presidente José Alberto Mujica envió el proyecto de ley a la legislatura uruguaya. Se espera que el Senado vote sobre el mismo antes de finales de año.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al gobierno de Nicolás Maduro la inmediata liberación de Víctor Manuel García Hidalgo, editor y director del portal de noticias venezolano Informe Cifras, preso desde el 1 de marzo en la cárcel para delitos comunes Yare III, acusado por el delito político de rebelión civil.
Como había hecho en ocasiones anteriores, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rompió los ejemplares de tres diarios de su país en medio de su cadena nacional. En esta caso, además de utilizar calificativos como “prensa corrupta” o “sin bandera y sin escrúpulos”, les advirtió que la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, los obliga a “publicar las notas de interés público”, informó la ONG Ecuatoriana Fundamedios.
Una emisora ecuatoriana fue clausurada y varios de sus equipos fueron incautados por autoridades gubernamentales el pasado miércoles 18 de septiembre en la ciudad de Guayaquil (suroeste del país), informó la agencia de noticias AFP. De acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones, Supertel, la clausura se produjo debido a que la emisora operaba ilegalmente, agregó AFP.
La Ley de Delitos Informáticos, también llamada ‘nueva ley Beingolea’, o ‘ley Frankestein anti Internet’ por algunos de sus opositores, fue aprobada casi por unanimidad en el congreso peruano el 12 de setiembre. De ser firmada por el presidente Ollanta Humala podría poner en serio riesgo el derecho a la libertad de expresión y el derecho constitucional al secreto de las telecomunicaciones de los peruanos, como explicó en su portal web la ONG de ese país, Hiperderecho.