La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al gobierno de Nicolás Maduro la inmediata liberación de Víctor Manuel García Hidalgo, editor y director del portal de noticias venezolano Informe Cifras, preso desde el 1 de marzo en la cárcel para delitos comunes Yare III, acusado por el delito político de rebelión civil.
La Fiscalía General de la República lo acusa por su supuesta participación en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 en contra del entonces presidente Hugo Chávez. Las pruebas que la institución consigna en contra de García Hidalgo son las opiniones que este emitiera en ese contexto, y una fotografía donde aparece junto al entonces opositor teniente-coronel Francisco Arias Cárdenas, tomada al interior de la Comandancia General del Ejército.
La esposa y defensora legal de Víctor García Hidalgo, Antonieta Lava de García, dijo en entrevista al diario La Razón que su esposo se encontraba en el lugar de los hechos desempeñando su labor periodística. Al mismo tiempo, señaló que el caso de su marido es parte de un plan de represalias y hostigamiento del actual gobierno.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, solicitó a Venezuela que a García Hidalgo “se le garanticen los derechos a su integridad física, igualdad ante la ley y al debido proceso”.
Paolillo, también director del semanario uruguayo Búsqueda, declaró la desconfianza que le genera el modo en que las autoridades han manejado este caso, al recluir a García Hidalgo en una penitenciaría para presos por delitos comunes, pese a la connotación política de los hechos que se le imputan. El periodista permanece en grave riesgo, hacinado con siete acusados por delitos comunes, en un calabozo de 16 metros cuadrados. Tampoco ha recibido la atención médica que requiere su delicado estado de salud.
Además, agregó que García Hidalgo “podría ser investigado o procesado en libertad, por jueces civiles, probos y garantes de la justicia”, ya que el haber permanecido en el país en estos últimos 11 años “demuestra que no puede operar la presunción de peligro de fuga”.
La falta de claridad sobre las acusaciones, la detención y el lugar de reclusión, así como el carácter disidente del detenido, son elementos que la SIP pondera en este caso.
El Ministerio Público ha solicitado entre 14 y 24 años de pena para el periodista, considerado el primer preso político de Maduro, según un informe sobre casos de presos políticos venezolanos de la ONG Fundepro (Fundación para el debido proceso).
“El comandante Arias Cárdenas estuvo al igual que yo en la Comandancia General del Ejército el día 11 de abril de 2002, ahora a él lo llaman gobernador y a mí me dicen ‘golpista’. Cuando en realidad lo único que he hecho es sembrar el pensamiento bolivariano cuando fui presidente de la fundación Juventud Bolivariana y ahora defiendo la libertad de expresión desde el portal Informecifras.com”, dijo García Hidalgo al periodista Guido Briceño de Global TV antes de su detención, según el mismo informe.
Recientemente, Delsa Solórzano diputada venezolana por el partido político de centro-izquierda Un Nuevo Tiempo declaró en conferencia de prensa que se está cometiendo una irregularidad en el caso de García Hidalgo al enjuiciarlo por el delito de rebelión civil, ya que “se encuentra amparado por el Decreto Ley de Amnistía del 31 de diciembre de 2007, que firmó el fallecido presidente Hugo Chávez, dejando sin efecto las causas por las que se le está juzgando”. Asimismo, hizo un llamado al gobierno de Maduro para que cese la persecución política.
“De estar vivo Chávez, mi esposo no estaría preso”, dijo Antonieta Lava de García en entrevista al diario La Razón publicada también por Fundepro en julio de este año.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
