Um novo relatório da Repórteres Sem Fronteiras constata que a instabilidade econômica prejudicou a indústria da mídia na maioria dos países da América Latina no ano passado. A Nicarágua, sob uma ditadura cada vez mais repressiva, ultrapassou Cuba como o pior país da região para a liberdade de imprensa.
Defensores da imprensa afirmam que todos os três ramos do governo peruano estão atacando jornalistas com ações judiciais, leis e ataques verbais.
O Aristegui Noticias, do México, noticia que um vazamento de grande escala revela que a poderosa emissora Televisa conduziu uma operação secreta para manipular a opinião pública e atacar juízes, jornalistas e até mesmo o bilionário Carlos Slim.
Com apenas 4% de aprovação popular, a presidente Dina Boluarte promulgou uma medida que impõe o controle estatal sobre meios de comunicação que recebem recursos de fundos internacionais. A lei está sendo comparada a legislações similares de regimes autoritários, em um contexto de crescente deterioração democrática no Peru.
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Rosana Cueva, directora de dos de los más grandes canales de televisión de Perú: América TV y Canal N, dice que se ha acostumbrado a recibir diferentes formas de amedrentamiento por su trabajo, que aunque molestas, las acepta como parte del oficio.
Sin embargo, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Criminalidad Organizada de Lima le anunció en enero de 2025 que era oficialmente investigada por “tráfico de datos personales” y “organización criminal”, su percepción cambió. La gravedad de los delitos por los que es investigada podría avanzar a tal punto que su vivienda podría ser allanada, se podría acceder a sus comunicaciones privadas, y por supuesto, podría ir a la cárcel.
El caso es solo un ejemplo de lo que organizaciones defensoras de libertad de prensa identifican como ataques y acoso por parte del Estado contra la prensa del país. Estos ataques se materializan en demandas judiciales, leyes restrictivas y ataques verbales por parte de políticos, incluida la propia Presidenta.
En el caso de Cueva, ella y otros dos periodistas – Eduardo Quispe [exreportero de América TV] y Humberto ‘Beto’ Ortiz [periodista freelance] – son investigados luego de que Zamir Villaverde, un empresario con antecedentes penales y cercano colaborador del expresidente Pedro Castillo, los demandara en noviembre de 2024 por presunta organización criminal.
Cuando los medios de los periodistas se negaron a retirar artículos que investigaban los vínculos y antecedentes políticos de Villaverde, este presentó una demanda alegando que periodistas pagaron a un colaborador eficaz que tenía la Fiscalía General en su investigación contra el expresidente Pedro Castillo. Villaverde les acusó de pagar por exclusivas, algo que los tres profesionales de la prensa niegan.
“Lo sorprendente fue que una fiscalía le hiciera caso y abriera una investigación”, dijo Cueva.
Por Silvia Higuera
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Rosana Cueva, directora de dos de los más grandes canales de televisión de Perú: América TV y Canal N, dice que se ha acostumbrado a recibir diferentes formas de amedrentamiento por su trabajo, que aunque molestas, las acepta como parte del oficio.
Sin embargo, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Criminalidad Organizada de Lima le anunció en enero de 2025 que era oficialmente investigada por “tráfico de datos personales” y “organización criminal”, su percepción cambió. La gravedad de los delitos por los que es investigada podría avanzar a tal punto que su vivienda podría ser allanada, se podría acceder a sus comunicaciones privadas, y por supuesto, podría ir a la cárcel.
El caso es solo un ejemplo de lo que organizaciones defensoras de libertad de prensa identifican como ataques y acoso por parte del Estado contra la prensa del país. Estos ataques se materializan en demandas judiciales, leyes restrictivas y ataques verbales por parte de políticos, incluida la propia Presidenta.
En el caso de Cueva, ella y otros dos periodistas – Eduardo Quispe [exreportero de América TV] y Humberto ‘Beto’ Ortiz [periodista freelance] – son investigados luego de que Zamir Villaverde, un empresario con antecedentes penales y cercano colaborador del expresidente Pedro Castillo, los demandara en noviembre de 2024 por presunta organización criminal.
Cuando los medios de los periodistas se negaron a retirar artículos que investigaban los vínculos y antecedentes políticos de Villaverde, este presentó una demanda alegando que periodistas pagaron a un colaborador eficaz que tenía la Fiscalía General en su investigación contra el expresidente Pedro Castillo. Villaverde les acusó de pagar por exclusivas, algo que los tres profesionales de la prensa niegan.
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Sin embargo, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Criminalidad Organizada de Lima le anunció en enero de 2025 que era oficialmente investigada por “tráfico de datos personales” y “organización criminal”, su percepción cambió. La gravedad de los delitos por los que es investigada podría avanzar a tal punto que su vivienda podría ser allanada, se podría acceder a sus comunicaciones privadas, y por supuesto, podría ir a la cárcel.
El caso es solo un ejemplo de lo que organizaciones defensoras de libertad de prensa identifican como ataques y acoso por parte del Estado contra la prensa del país. Estos ataques se materializan en demandas judiciales, leyes restrictivas y ataques verbales por parte de políticos, incluida la propia Presidenta.
En el caso de Cueva, ella y otros dos periodistas – Eduardo Quispe [exreportero de América TV] y Humberto ‘Beto’ Ortiz [periodista freelance] – son investigados luego de que Zamir Villaverde, un empresario con antecedentes penales y cercano colaborador del expresidente Pedro Castillo, los demandara en noviembre de 2024 por presunta organización criminal.
Cuando los medios de los periodistas se negaron a retirar artículos que investigaban los vínculos y antecedentes políticos de Villaverde, este presentó una demanda alegando que periodistas pagaron a un colaborador eficaz que tenía la Fiscalía General en su investigación contra el expresidente Pedro Castillo. Villaverde les acusó de pagar por exclusivas, algo que los tres profesionales de la prensa niegan.
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Por Silvia Higuera
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La reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui y su equipo de Aristegui Noticias lo volvieron a hacer. Su audiencia se fue a dormir, la noche del 27 de abril, con la publicación de una filtración masiva que revela la operación encubierta de la mayor compañía productora de contenido audiovisual en español, Televisa, para fabricar noticias y destruir reputaciones.
La filtración, según explica el equipo del programa radial Aristegui Noticias, son más de 5 terabytes de comunicaciones internas que incluyen “videos, fotos, chats, archivos editables, instrucciones y guiones que resultaron en campañas de desprestigio instrumentadas desde las oficinas centrales de la televisora”. La cantidad de información analizada se asemeja a los Sedena Leaks o al doble de la filtración de los Papeles de Panamá.
La investigación dice que los documentos muestran que la empresa en línea Metrics Index, conocida por realizar campañas de desprestigio, tenía oficinas dentro de las instalaciones de Televisa cerca al centro de la Ciudad de México, donde trabajaba con empleados de Televisa para fabricar información falsa y difundir ataques contra los competidores.
El equipo conocido como “Palomar”, estaba dirigido por el comunicador y analista político Javier Tejado Dondé, y los más altos ejecutivos de la televisora estaban al tanto de su existencia, según la investigación.
“Otros directivos de Televisa como Rubén Acosta Montoya, director de Medios para México y LATAM de TelevisaUnivisión; y Dora Alicia Martínez Valero, en ese entonces directora General de Asuntos Electorales de Grupo Televisa y hoy candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también recibían la información y productos generados por ‘Palomar’ ”, dice uno de los reportajes publicados.
Por Katherine Pennacchio
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La reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui y su equipo de Aristegui Noticias lo volvieron a hacer. Su audiencia se fue a dormir, la noche del 27 de abril, con la publicación de una filtración masiva que revela la operación encubierta de la mayor compañía productora de contenido audiovisual en español, Televisa, para fabricar noticias y destruir reputaciones.
La filtración, según explica el equipo del programa radial Aristegui Noticias, son más de 5 terabytes de comunicaciones internas que incluyen “videos, fotos, chats, archivos editables, instrucciones y guiones que resultaron en campañas de desprestigio instrumentadas desde las oficinas centrales de la televisora”. La cantidad de información analizada se asemeja a los Sedena Leaks o al doble de la filtración de los Papeles de Panamá.
La investigación dice que los documentos muestran que la empresa en línea Metrics Index, conocida por realizar campañas de desprestigio, tenía oficinas dentro de las instalaciones de Televisa cerca al centro de la Ciudad de México, donde trabajaba con empleados de Televisa para fabricar información falsa y difundir ataques contra los competidores.
El equipo conocido como “Palomar”, estaba dirigido por el comunicador y analista político Javier Tejado Dondé, y los más altos ejecutivos de la televisora estaban al tanto de su existencia, según la investigación.
“Otros directivos de Televisa como Rubén Acosta Montoya, director de Medios para México y LATAM de TelevisaUnivisión; y Dora Alicia Martínez Valero, en ese entonces directora General de Asuntos Electorales de Grupo Televisa y hoy candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también recibían la información y productos generados por ‘Palomar’ ”, dice uno de los reportajes publicados.
Por Katherine Pennacchio
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Critics say a new law passed in Peru poses one of the most serious threats to independent journalism and civil society in the country in decades.
Signed by President Dina Boluarte on April 14, Law No. 32301 requires prior authorization from the Peruvian Agency for International Cooperation (APCI, for its initials in Spanish) for all civil society activities and projects receiving international cooperation funding. The law says the APCI “enjoys technical, economic, budgetary and administrative autonomy.” However, it is attached to the Ministry of Foreign Affairs and its director is appointed by the government.
Journalists and members of civil society organizations say that under the official guise of establishing greater transparency in the use of international cooperation funds, the law transforms the APCI into a mechanism for political control over the activities of non-governmental organizations, including independent media. They see parallels between the initiative and similar laws to inhibit civil society already approved in authoritarian countries such as Russia, Belarus, Nicaragua and Venezuela.
"If we want to investigate human rights violations or corruption cases, the government will need to give us permission,” Fabiola Torres, director of media outlet Salud con Lupa, told LatAm Journalism Review (LJR). "This law is no coincidence. It`s part of the capture of the Peruvian state by a political coalition of parties whose members are being investigated by journalists."
By André Duchiade
https://latamjournalismreview.org/articles/peruvian-law-demands-official-clearance-for-foreign-funded-ngos-and-news-outlets/
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Critics say a new law passed in Peru poses one of the most serious threats to independent journalism and civil society in the country in decades.
Signed by President Dina Boluarte on April 14, Law No. 32301 requires prior authorization from the Peruvian Agency for International Cooperation (APCI, for its initials in Spanish) for all civil society activities and projects receiving international cooperation funding. The law says the APCI “enjoys technical, economic, budgetary and administrative autonomy.” However, it is attached to the Ministry of Foreign Affairs and its director is appointed by the government.
Journalists and members of civil society organizations say that under the official guise of establishing greater transparency in the use of international cooperation funds, the law transforms the APCI into a mechanism for political control over the activities of non-governmental organizations, including independent media. They see parallels between the initiative and similar laws to inhibit civil society already approved in authoritarian countries such as Russia, Belarus, Nicaragua and Venezuela.
"If we want to investigate human rights violations or corruption cases, the government will need to give us permission,” Fabiola Torres, director of media outlet Salud con Lupa, told LatAm Journalism Review (LJR). "This law is no coincidence. It`s part of the capture of the Peruvian state by a political coalition of parties whose members are being investigated by journalists."
By André Duchiade
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The journalistic investigation known as "La Estafa Maestra” (The Master Scam) shook the Mexican political system by exposing a corruption scheme involving members of the cabinet of then-President Enrique Peña Nieto.
Published September 2017 in digital media outlets Animal Político and Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), the investigation’s impact in media and politics attracted the attention of Planeta Publishing, which approached the authors with an offer to publish their work as a book. Journalists Nayeli Roldán, Miriam Castillo and Manu Ureste accepted.
Five years later, Roldán and Ureste published another book, “La estafa maestra: la historia del desfalco” (The Master Scam: The Story of Embezzlement) with a detailed follow-up to the original investigation.
Both books grew the impact of their journalistic work and brought it to audiences other than those who read it in Animal Político and MCCI, in addition to giving the authors prestige and media exposure.
“[Publishing a book] puts you in the media spotlight on the topic,” Ureste told LatAm Journalism Review (LJR). “That, for me, contributes to a greater awareness among the people who follow or read me.”
LJR consulted investigative journalists in Mexico who agreed that publishing books gives their work added visibility. This, they say, is especially relevant in a country where attempts to discredit journalism are constant and where reporters face multiple types of danger and violence.
They said books based on investigative journalism can also mean greater protection against censorship attempts compared to publishing in traditional media, as well as extra income for journalists.
By César López Linares
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The journalistic investigation known as "La Estafa Maestra” (The Master Scam) shook the Mexican political system by exposing a corruption scheme involving members of the cabinet of then-President Enrique Peña Nieto.
Published September 2017 in digital media outlets Animal Político and Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), the investigation’s impact in media and politics attracted the attention of Planeta Publishing, which approached the authors with an offer to publish their work as a book. Journalists Nayeli Roldán, Miriam Castillo and Manu Ureste accepted.
Five years later, Roldán and Ureste published another book, “La estafa maestra: la historia del desfalco” (The Master Scam: The Story of Embezzlement) with a detailed follow-up to the original investigation.
Both books grew the impact of their journalistic work and brought it to audiences other than those who read it in Animal Político and MCCI, in addition to giving the authors prestige and media exposure.
“[Publishing a book] puts you in the media spotlight on the topic,” Ureste told LatAm Journalism Review (LJR). “That, for me, contributes to a greater awareness among the people who follow or read me.”
LJR consulted investigative journalists in Mexico who agreed that publishing books gives their work added visibility. This, they say, is especially relevant in a country where attempts to discredit journalism are constant and where reporters face multiple types of danger and violence.
They said books based on investigative journalism can also mean greater protection against censorship attempts compared to publishing in traditional media, as well as extra income for journalists.
By César López Linares
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Las investigaciones de los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas condujeron a la que se convertiría en una de las decisiones finales del Papa Francisco: confirmar la supresión de un influyente movimiento de laicos y sacerdotes católicos activo en casi toda América Latina.
La decisión de disolver el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), que se conocía desde enero, fue confirmada por el Vaticano el pasado 15 de abril a través de un comunicado firmado por la Prefecta del Dicasterio para Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, sor Simona Brambilla.
“Siento que hay mucho de reparación simbólica en lo que ha hecho el Papa Francisco, no sólo para los periodistas sino para los sobrevivientes”, dijo Ugaz a LatAm Journalism Review (LJR) en una entrevista antes de la muerte del Papa. “Hay un gran jalón de orejas al Estado peruano que durante los más de 50 años que duró la organización, no hizo absolutamente nada para apoyar a los sobrevivientes, para ver cómo defendía a los periodistas, ni hacer nada de nada. Esta organización hizo y deshizo, y no pasó nada”.
Las denuncias contra el Sodalicio, fundado en 1971 por el laico Luis Fernando Figari, se hicieron públicas por primera vez en el 2000 cuando el comunicador José Enrique Escardó denunció a la organización por presuntos casos de abuso y violencia del que él fue víctima directa, según sus narraciones. En 2007, la policía encontró a Daniel Murguía Ward, miembro del SVC cercano a Figari, con un niño de 11 años en un motel.
“[El Sodalicio] lo trató de manera quirúrgica, como una crisis”, dijo Ugaz. Murguía Ward fue expulsado de la organización, enviado a prisión por un año y medio.
Ugaz y Salinas realizaron una investigación de cinco años producto de la cual publicaron el libro “Mitad monjes, mitad soldados” en 2015, que da cuenta de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra propios miembros del Sodalicio y no miembros.
“Fue una crisis grave porque fue sistémica”, dijo Ugaz. “No es un sacerdote, sino es toda una práctica la que se movía”.
Por Silvia Higuera
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Las investigaciones de los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas condujeron a la que se convertiría en una de las decisiones finales del Papa Francisco: confirmar la supresión de un influyente movimiento de laicos y sacerdotes católicos activo en casi toda América Latina.
La decisión de disolver el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), que se conocía desde enero, fue confirmada por el Vaticano el pasado 15 de abril a través de un comunicado firmado por la Prefecta del Dicasterio para Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, sor Simona Brambilla.
“Siento que hay mucho de reparación simbólica en lo que ha hecho el Papa Francisco, no sólo para los periodistas sino para los sobrevivientes”, dijo Ugaz a LatAm Journalism Review (LJR) en una entrevista antes de la muerte del Papa. “Hay un gran jalón de orejas al Estado peruano que durante los más de 50 años que duró la organización, no hizo absolutamente nada para apoyar a los sobrevivientes, para ver cómo defendía a los periodistas, ni hacer nada de nada. Esta organización hizo y deshizo, y no pasó nada”.
Las denuncias contra el Sodalicio, fundado en 1971 por el laico Luis Fernando Figari, se hicieron públicas por primera vez en el 2000 cuando el comunicador José Enrique Escardó denunció a la organización por presuntos casos de abuso y violencia del que él fue víctima directa, según sus narraciones. En 2007, la policía encontró a Daniel Murguía Ward, miembro del SVC cercano a Figari, con un niño de 11 años en un motel.
“[El Sodalicio] lo trató de manera quirúrgica, como una crisis”, dijo Ugaz. Murguía Ward fue expulsado de la organización, enviado a prisión por un año y medio.
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“Fue una crisis grave porque fue sistémica”, dijo Ugaz. “No es un sacerdote, sino es toda una práctica la que se movía”.
Por Silvia Higuera
If you’ve ever come across a powerful dataset and thought it could be more impactful as a map, you’re not alone. Maps can reveal patterns, highlight disparities and help audiences connect with information in ways that plain numbers can’t. But building those maps from scratch often feels out of reach, especially without coding experience.
That’s where the Knight Center’s new low-cost advanced course comes in.
Join us for Hands-On Mapmaking for Journalism / 2025 Edition, a four-week online course running from June 2 to 29, 2025, where you’ll learn how to turn raw data into interactive, customizable maps—no coding required. Using free, open-source tools like Protomaps and Datawrapper, you’ll develop the skills to find and prepare geographic data, make thoughtful design choices and publish maps your audience can explore.
Registration is now open for just US $95. Join today and invest in your mapping and storytelling skills! The course runs from June 2 to 29, 2025.
Hands-On Mapmaking for Journalism / 2025 Edition is taught in English by data and mapping expert John Keefe, weather data editor at The New York Times who works on visual stories that help audiences understand everything from hurricanes to heat waves. His previous work at The Times includes coverage of the 2020 election and contributions to the newsroom’s Pulitzer-winning coverage of the pandemic. Keefe has also led data and visual teams at CNN, Quartz and WNYC, where he built and ran the Data News Team.
By Filipa Rodrigues
If you’ve ever come across a powerful dataset and thought it could be more impactful as a map, you’re not alone. Maps can reveal patterns, highlight disparities and help audiences connect with information in ways that plain numbers can’t. But building those maps from scratch often feels out of reach, especially without coding experience.
That’s where the Knight Center’s new low-cost advanced course comes in.
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Hands-On Mapmaking for Journalism / 2025 Edition is taught in English by data and mapping expert John Keefe, weather data editor at The New York Times who works on visual stories that help audiences understand everything from hurricanes to heat waves. His previous work at The Times includes coverage of the 2020 election and contributions to the newsroom’s Pulitzer-winning coverage of the pandemic. Keefe has also led data and visual teams at CNN, Quartz and WNYC, where he built and ran the Data News Team.
By Filipa Rodrigues
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Las investigaciones de los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas condujeron a la que se convertiría en una de las decisiones finales del Papa Francisco: confirmar la supresión de un influyente movimiento de laicos y sacerdotes católicos activo en casi toda América Latina.
La decisión de disolver el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), que se conocía desde enero, fue confirmada por el Vaticano el pasado 15 de abril a través de un comunicado firmado por la Prefecta del Dicasterio para Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, sor Simona Brambilla.
“Siento que hay mucho de reparación simbólica en lo que ha hecho el Papa Francisco, no sólo para los periodistas sino para los sobrevivientes”, dijo Ugaz a LatAm Journalism Review (LJR) en una entrevista antes de la muerte del Papa. “Hay un gran jalón de orejas al Estado peruano que durante los más de 50 años que duró la organización, no hizo absolutamente nada para apoyar a los sobrevivientes, para ver cómo defendía a los periodistas, ni hacer nada de nada. Esta organización hizo y deshizo, y no pasó nada”.
Las denuncias contra el Sodalicio, fundado en 1971 por el laico Luis Fernando Figari, se hicieron públicas por primera vez en el 2000 cuando el comunicador José Enrique Escardó denunció a la organización por presuntos casos de abuso y violencia del que él fue víctima directa, según sus narraciones. En 2007, la policía encontró a Daniel Murguía Ward, miembro del SVC cercano a Figari, con un niño de 11 años en un motel.
“[El Sodalicio] lo trató de manera quirúrgica, como una crisis”, dijo Ugaz. Murguía Ward fue expulsado de la organización, enviado a prisión por un año y medio.
Ugaz y Salinas realizaron una investigación de cinco años producto de la cual publicaron el libro “Mitad monjes, mitad soldados” en 2015, que da cuenta de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra propios miembros del Sodalicio y no miembros.
“Fue una crisis grave porque fue sistémica”, dijo Ugaz. “No es un sacerdote, sino es toda una práctica la que se movía”.
Por: Silvia Higuera
Foto: Servicio de Prensa del Vaticano/ Cortesía Paola Ugaz
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Las investigaciones de los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas condujeron a la que se convertiría en una de las decisiones finales del Papa Francisco: confirmar la supresión de un influyente movimiento de laicos y sacerdotes católicos activo en casi toda América Latina.
La decisión de disolver el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), que se conocía desde enero, fue confirmada por el Vaticano el pasado 15 de abril a través de un comunicado firmado por la Prefecta del Dicasterio para Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, sor Simona Brambilla.
“Siento que hay mucho de reparación simbólica en lo que ha hecho el Papa Francisco, no sólo para los periodistas sino para los sobrevivientes”, dijo Ugaz a LatAm Journalism Review (LJR) en una entrevista antes de la muerte del Papa. “Hay un gran jalón de orejas al Estado peruano que durante los más de 50 años que duró la organización, no hizo absolutamente nada para apoyar a los sobrevivientes, para ver cómo defendía a los periodistas, ni hacer nada de nada. Esta organización hizo y deshizo, y no pasó nada”.
Las denuncias contra el Sodalicio, fundado en 1971 por el laico Luis Fernando Figari, se hicieron públicas por primera vez en el 2000 cuando el comunicador José Enrique Escardó denunció a la organización por presuntos casos de abuso y violencia del que él fue víctima directa, según sus narraciones. En 2007, la policía encontró a Daniel Murguía Ward, miembro del SVC cercano a Figari, con un niño de 11 años en un motel.
“[El Sodalicio] lo trató de manera quirúrgica, como una crisis”, dijo Ugaz. Murguía Ward fue expulsado de la organización, enviado a prisión por un año y medio.
Ugaz y Salinas realizaron una investigación de cinco años producto de la cual publicaron el libro “Mitad monjes, mitad soldados” en 2015, que da cuenta de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra propios miembros del Sodalicio y no miembros.
“Fue una crisis grave porque fue sistémica”, dijo Ugaz. “No es un sacerdote, sino es toda una práctica la que se movía”.
Por: Silvia Higuera
Foto: Servicio de Prensa del Vaticano/ Cortesía Paola Ugaz
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É incomum um autor brasileiro lançar quase simultaneamente duas obras por editoras internacionais, mas foi isso o que fez Otávio Daros, atualmente pesquisador de pós-doutorado em Comunicação da PUC do Rio Grande do Sul.
O primeiro trabalho, "Writing Journalism History", saiu no segundo semestre de 2024 e é resultado de sua tese de doutorado, iniciada em 2019. A obra aborda a história do campo de conhecimento acadêmico sobre o jornalismo no Brasil, isto é, como a história do jornalismo brasileiro foi contada por acadêmicos.
Já no segundo livro, “History of Brazilian Journalism”, que saiu em dezembro, Daros produz a sua própria versão da história do jornalismo brasileira, em uma versão sintética e introdutória para interessados.
A LatAm Journalism Review (LJR) conversou com Daros por videoconferência, em uma entrevista na qual ele aborda a história do jornalismo no Brasilr, atrás de entender tanto o estado atual da profissão, quanto o seu passado.
A entrevista foi editada por fins de clareza e concisão.
Por André Duchiade
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É incomum um autor brasileiro lançar quase simultaneamente duas obras por editoras internacionais, mas foi isso o que fez Otávio Daros, atualmente pesquisador de pós-doutorado em Comunicação da PUC do Rio Grande do Sul.
O primeiro trabalho, "Writing Journalism History", saiu no segundo semestre de 2024 e é resultado de sua tese de doutorado, iniciada em 2019. A obra aborda a história do campo de conhecimento acadêmico sobre o jornalismo no Brasil, isto é, como a história do jornalismo brasileiro foi contada por acadêmicos.
Já no segundo livro, “History of Brazilian Journalism”, que saiu em dezembro, Daros produz a sua própria versão da história do jornalismo brasileira, em uma versão sintética e introdutória para interessados.
A LatAm Journalism Review (LJR) conversou com Daros por videoconferência, em uma entrevista na qual ele aborda a história do jornalismo no Brasilr, atrás de entender tanto o estado atual da profissão, quanto o seu passado.
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Por André Duchiade
