Para el periodista de investigación boliviano Raúl Peñaranda, columnista y ex director del diario independiente Página Siete, el acceso a la información en su país es bastante limitado.
En agosto de este año el congreso de Bolivia aprobó la primera etapa del proyecto de ley de acceso a la información pública, el cual no goza de la aceptación del gremio de periodistas del país por atentar contra la libertad de expresión y obstaculizar la investigación periodística.
Según el sindicato de periodistas de Bolivia, el proyecto de ley es contrario a los principios constitucionales y a los estándares internacionales.
Peñaranda dijo ante los asistentes del Austin Forum – organizado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas el 8 y 9 de noviembre en la Universidad de Texas, en Austin, EE.UU.- que la aprobación de dicho proyecto de ley de acceso a la información generaría un escenario aún peor que el que existe para la investigación periodística en Bolivia.
En su exposición, el periodista explicó que la mayoría de medios de comunicación en su país son favorables al gobierno de Evo Morales, y que, en consecuencia, son los que reciben toda la pauta publicitaria estatal.
Los medios independientes, además de ser excluidos del reparto de la publicidad del estado - declara Peñaranda - son constantemente agredidos y difamados en televisión de señal abierta y en la radio ante la opinión pública por agentes del gobierno.
“La oposición es débil y está dividida”, enfatizó el periodista, y agregó que el 80% de los medios de comunicación de su país sigue la agenda política de Morales en sus informaciones.
A los medios independientes el gobierno tampoco les concede entrevistas ni declaraciones, y toda la información solicitada a las entidades estatales es negada con la explicación oficial de “estar en proceso”, dijo Peñaranda.
En un país con un gobierno tan poderoso como el de Bolivia, que posee un alto índice de popularidad entre sus habitantes, la tarea periodística de monitorizar y cuestionar el manejo estatal se vuelve cada vez más difícil, concluyó.
En cuanto a transparencia, rendición de cuentas, ejercicio del periodismo y acceso a la información en Perú expuso la decana de la facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Úrsula Freundt-Thurne.
A este respecto, Freundt-Thurne habló de la actual fragilidad de las instituciones democráticas peruanas, de la cultura del secreto que existe en las entidades públicas, y la gran crisis de confianza de los ciudadanos hacia el estado.
En una reciente encuesta realizada a nivel nacional en octubre de este año, por la consultora de opinión pública Datum International, se observó que las tres instituciones más corruptas en la percepción de los peruanos son: la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Congreso de la República.
Según este reporte, apuntó la investigadora, los medios de comunicación poseen mayor credibilidad y confianza en la ciudadanía que las entidades del gobierno peruano.
En agosto del presente, el presidente Ollanta Humala promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública No 27806 para promover la transparencia en las acciones del estado, y regular el derecho al acceso a la información, como lo establece la constitución peruana.
Según los resultados de la encuesta realizada a nivel nacional por la UPC a 37 periodistas de diversos medios, el 48.6% de ellos utiliza las vías y mecanismos oficiales de acceso a la información al hacer su trabajo, pero solo el 5.4% de ellos hace un uso frecuente de estos recursos.
La investigadora peruana resaltó que en países como Perú, en donde existen casos de corrupción política y cuya ciudadanía posee gran desconfianza en las instituciones públicas, el rol del periodista como actor social es aún más demandante.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
