“En la práctica, se le adjudicó toda la infraestructura del periódico. Desde el punto de vista patrimonial, es un daño grande. Es el patrimonio más importante del periódico”, dijo Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, a LatAm Journalism Review (LJR), sobre la pérdida de la sede y equipamiento del diario.
Miguel Henrique Otero. (Cortesía). Crédito de banner: Guillermo Ramos Flamerich vía Creative Commons.
El edificio de El Nacional, con la rotativa y equipos de oficina, fue entregado en subasta pública el 7 de febrero de 2022 a Diosdado Cabello, actual diputado y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Esta fue una decisión de la Justicia venezolana con relación al juicio de la demanda por difamación de Cabello contra El Nacional.
Cabello presentó la demanda por daño moral y difamación en 2015 contra los diarios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, por publicar una nota del diario ABC de España, sobre una investigación de un juez estadounidense a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En una primera etapa del proceso, la de reconciliación, Cabello pidió a los tres diarios que publicaron la noticia de ABC que se rectifiquen, dijo Otero a LJR. “Yo nunca iba a hacer eso”, añadió.
“La noticia era que [...] un juez federal del estado de Nueva York estaba haciéndole una investigación por narcotráfico. Dos años después [de esa noticia], la DEA [la Administración para el Control de Drogas de EE. UU.] le dictó una orden de captura [a Cabello] y puso 10 millones de dólares de recompensa. Por lo tanto, lo estaban investigando”, señaló Otero.
En 2018, la demanda de Cabello contra El Nacional fue aceptada por un tribunal venezolano que ordenó al diario pagar una indemnización a favor de Cabello por 1000 millones de bolívares (cerca de US $12 mil en ese año).
En abril de 2021, una sala del Tribunal Supremo de Justicia modificó el monto de la indemnización y la convirtió en petros, el actual bitcoin oficial de Venezuela, de acuerdo con El Nacional. La reparación ascendió a cerca de 13 millones de dólares (237 mil petros).
Posteriormente, el 14 de mayo de 2021, la sede de El Nacional, en Caracas, fue embargada por orden judicial como parte de pago de la millonaria reparación civil. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), todos los empleados fueron sacados del edificio durante su allanamiento.
En junio de 2021, otro juzgado caraqueño incrementó la indemnización a favor de Cabello en 533.250 petros, cerca de 30 millones de dólares, publicó El Nacional.
“Tenemos un proceso abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que seguramente con la cantidad de irregularidades que ha cometido esta gente, vamos a ganarlo, como lo ganó Radio Caracas Televisión”, dijo Otero. “Lo que pasa es que el régimen de Maduro no cumple con las resoluciones y los dictámenes de la CIDH, entonces hay que esperar que caiga el Gobierno”.
Diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa se pronunciaron sobre la expropiación de la sede de El Nacional y las pocas garantías que existen en Venezuela para ejercer la libertad de expresión.
La coordinadora del programa para América Latina y el Caribe de CPJ, Natalie Southwick, dijo sobre la expropiación de la sede de El Nacional que es “el abusivo acto final de esta larga saga de hostigamiento judicial”, de acuerdo con el perfil de Twitter de CPJ.
“La fachada de la autorización judicial no esconde la realidad de que una figura política poderosa haya usado la ley de difamación venezolana como represalia contra un medio por sus reportajes”, señaló Southwick en el tuit.
La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, condenó vía Twitter el nuevo ataque a la libertad de prensa en Venezuela. “Diosdado Cabello usa la justicia a su antojo; ahora para tomarse la sede de El Nacional, uno de los pocos medios independientes que quedan en Venezuela”, subrayó Taraciuk.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que la entrega de El Nacional a Cabello es una medida judicial “opaca y arbitraria”, según publicó Efecto Cocuyo. También calificó de “surrealista” la suma de la reparación civil que se le exige al diario venezolano.
En un comunicado a fines de enero, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH exhortó al Estado de Venezuela a cesar las amenazas y restricciones arbitrarias a la libertad de expresión, urgiendo a las autoridades a respetar el espacio de la opinión pública. Asimismo, lamentó las declaraciones estigmatizantes, el hostigamiento judicial contra periodistas y el cierre de medios de comunicación independientes.
Desde 2018, como muchos otros medios impresos en Venezuela afectados por la falta de acceso al papel periódico e insumos de imprenta por bloqueos del gobierno, El Nacional dejó de publicarse en físico. El diario continúa informando desde su sitio web hasta el día de hoy.
“La situación del periodismo independiente en Venezuela está muy mal”, dijo Otero. “Cuando ven a alguien tomando fotos, pues le quitan las cámaras, se lo llevan preso; es una situación bien complicada, bien difícil. Es una profesión de riesgo hacer reporterismo en Venezuela”.
