Al estilo de Donald Trump y Jair Bolsonaro, a quienes considera modelos a seguir, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, tiene una retórica abiertamente hostil hacia la prensa, amplificada en las redes sociales por sus seguidores.
Desde su toma de posesión en la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2023, esta hostilidad ya se ha traducido en hechos. Una de las primeras medidas anunciadas por el gobierno fue el recorte de fondos publicitarios del Poder Ejecutivo hacia la prensa para 2024. Además, un portavoz del Gobierno ya ha sido acusado de maltratar al menos a un periodista.
A estas medidas podrían seguir otras que todavía no se han materializado: Milei, autoproclamado “anarcocapitalista”, ha prometido cerrar todos los medios de comunicación públicos de Argentina, acusándolos de ser “mecanismos de propaganda”.
Además de las amenazas y la retórica hostil, al Gobierno le cuesta seguir los protocolos de la gestión del Estado. Su primer subsecretario de Medios, Eduardo Roust, dimitió en la primera semana de gobierno, y en diciembre le siguió la titular del organismo, Belén Stettler.
Para ayudar a reflexionar sobre la relación del gobierno de Milei con el periodismo, LatAm Journalism Review (LJR) habló con un destacado investigador argentino en el campo de las políticas de comunicación: Santiago Marino, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y jefe de trabajos prácticos de “Políticas y Planificación de la Comunicación” de la Universidad de Buenos Aires.
En el segundo semestre de 2023 y en colaboración con Agustín Espada, Marino escribió para la Unesco el estudio “Desafíos (y propuestas) para la viabilidad de la actividad periodística en América Latina”.
En la conversación, reflexiona sobre el rumbo de las políticas públicas de comunicación de Argentina, sobre las tensiones entre los medios y el presidente, y también sobre el estado del periodismo en la región en su conjunto.
La entrevista ha sido editada para fines de claridad y extensión.
Desde antes de las elecciones, Milei ha tenido una relación tensa con la prensa. Eso se verificó el primer día de su Gobierno, cuando se impidió que periodistas asistieran a la ceremonia de inauguración del Gabinete. La semana pasada, algo sucedió con el portavoz presidencial, Manuel Adorni, que dio una respuesta sarcástica a un periodista. Otros episodios incluyen también los cortes en la publicidad oficial. ¿Qué más se puede esperar en términos de la relación del Gobierno de Milei con respecto a los medios de comunicación? En términos de medidas prácticas, ¿qué se puede esperar?
En realidad, el problema que tiene Milei es con los periodistas, no con la prensa, de hecho. Porque, entre otras cosas, Milei es un producto comunicacional; él viene de ahí, de un manejo muy logrado de las redes sociales, y de un aprovechamiento de sus rasgos de personalidad, de un carisma, de explotar su presencia en la televisión. Hasta hace un tiempo, era un panelista en programas de televisión en su calidad de “especialista en economía”, por usar sus propias presentaciones.
Sin embargo, en muy pocas oportunidades se ha expuesto a entrevistas con periodistas no afines a sus ideas. Él le agradece mucho a dos periodistas en particular: uno es un presentador televisivo, un showman más que un periodista serio: Alejandro Fantino, un conductor televisivo de late night. Y el otro es un periodista que acaba de ser designado como secretario de Comunicación Pública, [Eduardo Serenellini], un periodista que tiene una consultora. Después, Milei se hizo mucho más conocido que el propio periodista, que era un periodista de horarios marginales en grandes medios como La Nación. Fue confirmado como Secretario de Comunicación Pública luego de defender el ajuste económico, incluso de plantear que, si algunas personas tenían que comer alguna vez por día, era lo que había que aguantar.
Entonces, yo no creo que tenga problemas con los medios: tiene problemas con los periodistas, en primer lugar. En segundo lugar, es una persona a la que le cuesta establecer diálogos con aquellos que piensan diferente, le cuesta realmente mucho aceptar las críticas o preguntas más o menos no afines. Lo que muestra es una combinación de soberbia, improvisación y desconocimiento del manejo del Estado. No es lo mismo manejar redes y plataformas comunicacionales para hacer campaña electoral, donde casi todo vale, y las responsabilidades públicas de manejar cuentas del Estado nacional.
Entonces, no llega a un mes y la gestión del gobierno tiene dos renuncias significativas en el área de comunicación: su primer subsecretario de Medios y la secretaria de Comunicación Pública renunciaron. Tiene un episodio de manejo de redes oficiales como si fueran personales con un joven que manejaba la cuenta de Casa Rosada y que fue desplazado, y ahora el episodio del vocero presidencial.
Eso es combinado con una lógica de intento de refundación del Estado en general y de la Comunicación en particular. Eso se manifiesta también incluso en los intentos de marco normativo que ha propuesto. El decreto y el proyecto de ley [que presentó el Gobierno] son una especie de reforma constitucional travestida de cambios normativos.
Una de sus propuestas es cerrar los medios públicos. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese cierre? Sectores críticos al gobierno anterior [de izquierda] decían que esos medios tenían un sesgo en sus coberturas. ¿Qué se puede esperar sobre eso? ¿Cuáles serían las consecuencias si los medios fueran cerrados? ¿Y cree también que los medios han abierto espacio para ese tipo de ataque?
Es imposible saber qué se puede esperar. Este gobierno es una especie de ensayo sobre la realidad; es una especie de experimento, tanto en lo económico como en cualquiera de las áreas que pensemos. Esto implica que yo no tengo idea de qué se puede esperar, pero se puede esperar cualquier cosa.
A ver, sostengamos esta afirmación con evidencia: el Presidente dijo que, una vez electo, lo primero que haría era privatizar los medios de propiedad estatal. Hace un par de días, el ministro de Economía criticó una nota periodística y pidió a la ciudadanía que se informara solo por los medios públicos. Ahí hay una contradicción notoria que manifiesta esa improvisación y desconocimiento que planteé más temprano.
Los medios de comunicación de propiedad estatal en Argentina son históricamente oficialistas, son gubernamentales. Eso sucede desde 1951, cuando apareció la televisión pública, y desde 1937, cuando apareció la radio pública; [eso sucede] sobre todo en la línea editorial política y en la de los noticieros. Así todo, y esto no cambia con distinto color político, todos los medios han sido gubernamentales, todos los gobiernos han tenido medios públicos gubernamentales.
Ahora bien, la cuestión del impacto eventual del cierre de los medios implica que ningún medio en el país tendrá más cobertura nacional, porque los medios de propiedad estatal son centrales para la cobertura nacional, son los únicos que son federales. Radio Nacional [un medio público] tiene una cadena de emisoras en todo el país, de la que carece cualquier otra radio de las de Buenos Aires. Su cierre afectaría de un modo dramático al pluralismo y la diversidad, porque reduciría todo el desarrollo infocomunicacional a la lógica del mercado. Argentina tiene muy pocas ciudades con más de 500.000 habitantes que pudieran sostener medios con financiamiento privado. El efecto sería realmente dramático.
Según un gráfico que usted mismo elaboró, la publicidad oficial representa alrededor del 5,7% del total de los fondos para los medios en Argentina. ¿Qué tan graves son los cortes para la sostenibilidad financiera de los medios?
Mira, ahí depende de cada medio en particular. Efectivamente, estamos hablando de la publicidad del Ejecutivo, y eso no incluye las empresas nacionales que, además, son grandes anunciantes, como Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación y los organismos descentralizados como el ANSES [Administración Nacional de la Seguridad Social].
Pero de todos modos, sí, dado que no hay en Argentina muchos mecanismos extendidos de fomento a la publicidad y a la producción de contenidos, la publicidad oficial es un elemento muy importante. Para algunos medios, es un lubricante en la relación del Gobierno con los medios, y además, hay el efecto contagio que podría generar la reducción de la inversión publicitaria de las otras unidades públicas. También es cierto que, aunque el decreto excluyó a los organismos descentralizados y a las empresas públicas que tienen medios, esas empresas están llamadas a ser privatizadas, con lo cual no sabemos qué va a suceder, pero el impacto sería muy significativo para el financiamiento de los medios.
No es cierto que haya medios que se financian al 100% por publicidad. Eso no es así, pero en algunos casos llega, por ejemplo, al 40%, y hay medios en los cuales la publicidad oficial representa el 40% de su financiamiento. Entonces, estamos frente a un escenario ciertamente complicado.
Y en términos de la cobertura, ¿cómo ve la situación? El Gobierno de Milei tiene algunas diferencias con otros gobiernos llamados “de derecha radical populista”, como el de Trump o el de Bolsonaro, porque Milei tiene una dimensión económica muy preponderante. Entonces, desde el punto de vista económico, se podría esperar que medios con una orientación más liberal, como el Grupo Clarín, simpatizaran con las propuestas del Gobierno. Por otro lado, la forma en que se están proponiendo contradicen las prácticas de procedimientos de las democracias establecidas. ¿Cómo ve la tendencia de cobertura en Argentina?
También en términos de cobertura, está todo por verse. Por un lado, en Argentina, los medios con mejores resultados en términos de audiencia, siempre en todos los gobiernos, son los opositores. En ese contexto, es esperable que algunos medios realineen sus líneas editoriales a partir de eso, dado además que no va a haber, por lo menos hasta el año 2024, pauta oficial que podría funcionar como mecanismo de lubricación de la relación. O al menos no en términos oficiales: uno está observando en términos de cobertura muchas notas que podrían entrar en la categoría de publirreportajes, digamos, notas que se publican sin firma, sobre todo en los portales de noticias, que hablan de, no sé, “bajó el precio de la carne”. Utilizan algún elemento para dejar bien al gobierno. En general, tiendo a pensar que es el modelo al que vamos a ir, pero eso va a ser más o menos marginal.
Después está el otro problema central, que es pensar lo siguiente: el gobierno de Milei concibe la comunicación como un negocio, igual que casi todas las actividades económicas. El problema es que, en Argentina, los medios de comunicación están en crisis y hace muchísimo tiempo que no funcionan económicamente. Ningún medio funciona económicamente. Si uno se pregunta quiénes son los dueños de los medios, cuando se responde la pregunta, entiende que esos dueños tienen a los medios para otra cosa, o sea, los tienen para sostener otros negocios. Pensemos en el Grupo Clarín: su principal fuente de ingresos es la provisión de servicios de internet y telefonía móvil. Pensemos en los otros dueños de televisión abierta: el Grupo Vila-Manzano tiene inversiones en el petróleo y es dueño de una empresa proveedora de servicios públicos. Hay intereses en la salud privada. Lo mismo para las señales del Grupo Indalo. El Grupo Octubre está en manos de un sindicato muy potente de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, los medios de comunicación son utilizados también por sus dueños para lubricar relaciones con el Estado en pos de conseguir beneficios indirectamente.
Eso explica en parte que los medios van a jugar a defender sus intereses, sin ninguna duda. Van a defender sus intereses, y sus intereses son económicos. Esto va a impactar, seguramente, en las condiciones laborales y en la actividad periodística de los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación en Argentina, que ya atraviesan una situación dramática con un alto nivel de flexibilización laboral y un pésimo pago. Y esto solo se va a profundizar en un contexto donde el Estado además propugna que sea el mercado el que se autorregule.
Además, Argentina tiene un sistema de medios fuertemente concentrado con alta incidencia de capitales extranjeros, específicamente Paramount de Estados Unidos y el Grupo Slim mexicano. De hecho, podríamos decir que el principal beneficiado de las recientes medidas del Gobierno es Slim. Luego podríamos pensar en el Grupo Werthein, que es el grupo que tiene DirecTV en América Latina y donde hay, por ejemplo, en Argentina, un conflicto de intereses, porque el dueño del Grupo Werthein va a ser designado, si lo aprueba el Senado, como el embajador argentino en los Estados Unidos. Con lo cual, lo que uno advierte ahora es que, eliminados los límites de la concentración de la propiedad, se ha estimulado que sea el mercado el que regule el sistema con la lógica de oferta y demanda.
Lo que es posible pensar es que los medios privados comerciales argentinos queden a merced de ser comprados o desaparezcan. Si no hay escala económica, no funciona, dado el retiro del Estado y la falta de mecanismos de fomento pensados. Además, hay propuestas para disolver los mecanismos existentes que son política de Estado. Argentina tiene una política de fomento al cine, por ejemplo, que este año cumple 30 años. Y en este contexto, el proyecto de Ley Omnibus plantea prácticamente el desfinanciamiento total de esa política.
Una pregunta sobre la región para terminar. Recientemente, usted escribió en colaboración con un colega un informe para la UNESCO con recomendaciones de políticas públicas para la región. Hay cuatro recomendaciones principales, las dos primeras se refieren al pago por parte de las plataformas para la actualización de un Fondo de Fomento a la producción de contenidos y al periodismo local, entre otras cosas. Sin embargo, desde un punto de vista político, esto parece un desafío, y las plataformas ejercen una fuerte presión en contra. ¿Qué tan importante es esta política? ¿Y cree que será adoptada en el futuro cercano? ¿Hay algún ejemplo de un país de la región donde se pudiera ver aprobada?
Yo considero que es súper importante aplicar políticas como la que propone UNESCO en los policy briefs en general, y en la sustentabilidad de la que nosotros escribimos en particular. Me parece central porque la crisis del sistema de medios y su financiamiento no es una crisis de Argentina, Brasil o Chile, es una crisis general, es una crisis del sistema tradicional que no logra resolver su supervivencia. El modelo tradicional está en crisis, el modelo nuevo no termina de encontrar un mecanismo de fomento y financiamiento claro. En esa transición, si los Estados no toman decisiones para que las plataformas que se apropian de esas producciones no contribuyan a su generación, no hay futuro. De hecho, esto es tan claro que la Unión Europea está avanzando claramente no solo en regulación, sino en establecer ciertos límites a la concentración de la propiedad, la expansión y el control sobre los contenidos, y los derechos a la intimidad de los usuarios, entre otros.
Lamentablemente, no encuentro ningún país en la región con posibilidades de aplicar este tipo de mecanismos que propone UNESCO y que son necesarios para los países. Ni siquiera el gobierno de Lula [da Silva, presidente de Brasil] parece estar avanzando en esa dirección. Quizás esto recién empiece. Esta semana me enteré de una decisión del gobierno de Lula que me parece central, que es la de decidir cobrar un impuesto a las plataformas de juegos. Bueno, eso sería necesario, un mecanismo de salud pública. Se podría decidir qué hacer con lo que recaude, que es un montón de dinero en Brasil, en particular. Se podrían implementar medidas de política de prevención del juego, entre otras cosas. Ese sería el camino a seguir con la audiovisual. Los audiovisuales tienen mucho por aportar al desarrollo cultural nacional. Imagínate la capacidad de producción que tiene Brasil si le cobrara un porcentaje u obligara a Netflix a producir determinada cantidad de series y películas en el país. Lo mismo para Argentina. Sin embargo, no veo un escenario político propicio para este desarrollo en la región, lamentablemente.
