Organizaciones no lucrativas y directores de 15 medios de comunicación latinoamericanos participaron en una reunión para expresar su preocupación sobre una serie de propuestas actuales para debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre ellas, limitar el presupuesto que recibe la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La reunión se celebró el lunes 25 de febrero y estuvo auspiciada por el Consejo de las Américas en la capital estadounidense Washington, D.C., según informó el diario El Universal.
Estas organizaciones se reunieron con los embajadores de México, Perú, Chile, Estados Unidos y Brasil anticipando una reunión convocada por el gobierno de Ecuador que tendrá lugar el próximo viernes 8 de marzo y que antecede a la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 22 de marzo. "Los activistas de derechos humanos presentes querían conocer mas sobre la agenda de esa reunión porque existe preocupación de que se haga un acuerdo de lo que van a aprobar el 22 de marzo", explicó en entrevista telefónica con el Centro Knight, Luis Botello, director de programas especiales del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).
Los embajadores que participaron se mostraron receptivos. El embajador de México en particular prometió solicitar más fondos para la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además de los defensores de derechos humanos, "medios de comunicación y periodistas ciudadanos van a estar muy activos en América Latina para seguir cualquier proceso que pueda afectar la libertad de expresión", dijo Botello.
En la Asamblea del 22 de marzo, la OEA decidirá sobre una serie de reformas propuestas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que podrían debilitar tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2012, un grupo de países encabezados por Ecuador y Venezuela propusieron reformas que afectan a la CIDH, especialmente en cuanto al presupuesto y las facultades de las relatorías especiales. Aunque las propuestas apuntan, en teoría, a fortalecer la transparencia y el rigor jurídico del sistema interamericano de derechos humanos, varias organizaciones y representantes de la sociedad civil han planteado que las reformas debilitarían a la Relatoría de la Libertad de Expresión, la cual recibe más que el resto de las relatorías, tiene una relatora que no es comisionada y publica un informe anual por separado.
Las recomendaciones de Ecuador y Venezuela piden igualar el financiamiento de todas las relatorías de la CIDH, ya que actualmente la Relatoría para la Libertad de Expresión recibe más del triple de los recursos que todas las otras. Como también se le prohibiría buscar fondos externos, la relatoría vería su presupuesto mermado. Asimismo, se plantea que siga un código de conducta que podría impedir que publique sus tradicionales comunicados y se sugiere que el informe anual de la relatoría sea breve y referido a toda la región, no separado por país.
"La relatoría de libertad de expresión juega un papel fundamental en el trabajo de la Comisión Interamericana por consolidar y fortalecer los sístemas democráticos de la región," dijo el abogado Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos en la Universidad de Texas en Austin y quien fue secretario ejecutivo adjunto de la CIDH. Ahora "la Comisión tiene que explicar por qué es necesario tener una relatora especial y por qué las otras relatorías no merecen tener relatores especiales ni tienen volúmenes separados en su informe".
Dulitzky, también miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, ve las recomendaciones promovidas por Ecuador y Venezuela como una arremetida con varios propósitos. Por una parte, los pronunciamientos de la CIDH y su relatoría -- los cuales visibilizan los problemas y restricciones a la libertad de expresión en el continente -- han incomodado en varias ocasiones a los gobiernos ecuatorianos y venezolanos por sus repercusiones internacionales y dentro de los propios países.
Por otra, el tema del financiamiento de la CIDH se ha vuelto otro foro para la disputa entre Venezuela y Ecuador por un lado y, por el otro, Estados Unidos, país que proporciona una parte importante de los fondos de la Comisión.
En la opinión de Botello, el debate con respecto a los fondos que recibe la CIDH debe girar en torno a cómo incrementar el financiamiento que los estados miembros y otras fundaciones aportan a las otras relatorías de la Comisión. “Es una bendición que fundaciones o gobiernos estén interesados en fortalecer la libertad de expresión en las Américas”, dijo Botello.
Dulitzky reconoció también que en la próxima asamblea, la OEA deberá aumentar el presupuesto para la CIDH. "Si la Comisión es uno de los cuatro pilares de la OEA, debería tener un presupuesto del 25% y esto no ocurre ni siquiera es el 10% sin contar la necesidad de atraer fondos externos", explicó en entrevista con el Centro Knight.
Dulitzky también sugiere que la CIDH debe crear alianzas estratégicas y estrechas con actores sociales importantes a nivel nacional: como los legisladores de cada país, jueces, el mundo académico y legal, y otros organismos nacionales. Botello agrega que los defensores de derechos humanos también propusieron mayor consistencia y rigor en las opiniones que emite la CIDH.
En respuesta a las reformas propuestas, la Comisión presentó un auto análisis y recomendaciones para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Actualización 05/03/2013: Dulitzky solicitó al Centro Knight revisar esta nota para reflejar con mayor claridad sus opiniones sobre este tema. La entrevista con él fue extendida y la nota actualizada con nuevos comentarios.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
