La clasificación mundial de libertad de prensa de la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF, por sus siglas en francés) confirmó una tendencia percibida en América Latina: un empeoramiento generalizado de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el continente. De los 24 países de la región analizados, 19 perdieron puntos en la encuesta de RSF.
Mapa muestra la situación mundial de la libertad de prensa. (Fuente: RSF)
Entre los aspectos negativos destaca Nicaragua. El país tuvo la mayor pérdida nominal de puntos entre los vecinos latinoamericanos, según el criterio de RSF, y cayó cuatro posiciones en la clasificación mundial. Nicaragua ocupa ahora la posición 121, de un total de 180 países. En el país que preside Daniel Ortega desde 2007, es común ver a periodistas detenidos, golpeados y exiliados.
La presión contra la prensa nicaragüense aumentó con la aprobación de la nueva Ley Mordaza el año pasado, que castiga a quienes divulguen noticias falsas con hasta ocho años de prisión. Para los periodistas independientes, la legislación legaliza la represión contra la profesión.
“Con el estado de militarización policial, la legalización de la represión y censura contra periodistas y medios de comunicación, la situación se complejiza en el contexto electoral que se supone se organiza para noviembre del 2021”, dijo la periodista Ileana Lacayo, integrante del comité ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), a LatAm Journalism Review (LJR).
En 2020, PCIN registró 1.678 ataques contra la libertad de prensa y el acceso a la información en Nicaragua. “El periodismo independiente ha resistido por más de una década la represión y estrategias de censura brutal del gobierno de Ortega. Apelamos a la solidaridad y colaboración de periodistas del mundo a denunciar lo que se vive en Nicaragua contra la prensa independiente y disidentes”, dijo Lacayo.
Asimismo, en Centroamérica, El Salvador experimentó una fuerte caída en los niveles de libertad de prensa y perdió ocho posiciones en el ranking de RSF y ocupa el puesto 82. Es la caída más grande de la región y la tercera más grande del mundo. Desde la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, en el poder desde agosto de 2019, los ataques a periodistas se han convertido en un motivo de preocupación. El acoso contra la prensa está dirigido por las autoridades públicas.
Otro destaque negativo en la clasificación es Argentina, que cayó cinco puestos y se encuentra en el puesto 69. La situación en el país se considera “sensible”, según RSF. A esto contribuye un “aumento en las demandas abusivas generalmente por parte de políticos y funcionarios”, según RSF.
Uno de los casos emblemáticos es el del periodista argentino Daniel Santoro, quien fue procesado por extorsión, coacción y espionaje en un caso donde una de sus fuentes fue investigada por estos delitos. Santoro, editor de Clarín, tuvo el caso revocado en diciembre de 2020, luego de una batalla legal que duró más de un año.
Desde que se publicó el informe de RSF, se informó que Santoro será juzgado por otro presunto intento de extorsión.
“En la misma línea, un juez pidió el registro de cámaras de seguridad que habrían captado un encuentro entre un periodista y sus fuentes, desconociendo el secreto profesional amparado constitucionalmente. Este desconocimiento del rol periodístico y de la relación del periodista con sus fuentes está presente en las imputaciones implícitas en el discurso sobre el lawfare, tesis que plantea una connivencia entre sectores de la política, la justicia y la prensa, que estuvo en boca del presidente, la vicepresidenta y referentes de los sectores más duros de la coalición gobernante”, dijo a LJR Daniel Dessein, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
También hubo caídas significativas en la clasificación de RSF para Haití, Colombia y Brasil. Cada uno cayó cuatro posiciones. En el caso de Brasil, que ya había bajado dos posiciones en el ranking anterior, el país entró en la zona “roja” de la clasificación RSF, que indica países donde la situación de la libertad de prensa es “difícil”. Es el segundo peor nivel de clasificación de la organización.
“Hemos estado siguiendo casos sin precedentes de violación de la libertad de prensa por parte de ciudadanos comunes, como agresiones, hostigamiento virtual, amenazas e incluso un intento de incendio en una sala de redacción en el interior de São Paulo. Atribuimos estos fenómenos al discurso estigmatizador del presidente Jair Bolsonaro contra la prensa, quien, en una típica estrategia fascista, intenta pintar a los periodistas como enemigos del país”, dijo a LJR Marcelo Träsel, presidente de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por su acrónimo en portugués).
Otro hecho preocupante en Brasil, según Träsel, es la movilización de agentes estatales contra la prensa y otras voces críticas de la sociedad, detrás de la Ley de Seguridad Nacional. “Incluso con la posible derrota de Bolsonaro en 2022, es posible que la militancia de tendencias fascistas que hoy apoya al presidente encuentre un nuevo objeto de culto y siga persiguiendo a los periodistas y violando la libertad de prensa. (…) En el mediano y largo plazo, es necesario identificar y someter al Poder Judicial a los responsables de crímenes contra periodistas, quienes históricamente han gozado de impunidad en Brasil”, dijo Träsel.
COVID-19 contribuye a deteriorar la libertad de prensa
RSF enfatiza en su informe anual que “la pandemia ha alimentado la censura en América Latina y los periodistas han tenido grandes problemas para descubrir cómo los gobiernos de la región han manejado la crisis de salud pública”. Según RSF, “estas limitaciones se han reflejado en un deterioro espectacular del indicador que mide qué tan difícil es para los periodistas acceder a la información en poder del Estado”.
Este es el caso de países como Brasil y Venezuela, que omiten datos consolidados sobre casos y muertes por COVID-19. En el caso de Brasil, los datos de los gobiernos estatales son recopilados y difundidos por un consorcio de medios de comunicación.
La cobertura independiente de la pandemia también es objeto de persecución. En Argentina, el municipio de Quilmes presentó una denuncia penal contra un periodista que escribió sobre un presunto empaque inadecuado de vacunas contra COVID-19. En Guatemala, un periodista recibió amenazas de muerte luego de compartir su experiencia personal luego de contraer la enfermedad.
“Atropellos ligados a excesos en la aplicación de protocolos sanitarios como los que se registraron en la provincia de Formosa [Argentina] que afectaron la posibilidad de realizar coberturas periodísticas. Rechazo de traspaso de fronteras a periodistas, campañas de difamación contra medios que reflejaron violaciones a derechos humanos en centros de aislamiento, arresto y violencia por parte de fuerzas policiales, discursos agresivos de dirigentes, etc.”, dijo Dessein.
Los profesionales de la prensa de primera línea en la cobertura de la pandemia también sufren despidos y malas condiciones de trabajo y riesgo de contagio. América Latina registra la muerte de más de un periodista por día por COVID-19.
Los outliers
A pesar del deterioro generalizado de los indicadores de libertad de prensa en la región y la mayoría de países enmarcados en situaciones lejos de ser ideales, cuatro países se destacan en el top 20 de la clasificación mundial: Uruguay (19), Uruguay (18), Jamaica (7) y Costa Rica (5).
Costa Rica llama la atención positivamente por haber escalado dos posiciones este año y tener solo los países nórdicos que lideran el ranking de RSF por delante: Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. El país es un caso atípico entre sus vecinos de Centroamérica, donde la situación de los periodistas es mucho más difícil. Costa Rica también supera a Estados Unidos, que ocupa el puesto 44 en la clasificación.
Por otro lado, Cuba permanece en la zona de peligro, en la posición 171 de un total de 180 países. Honduras, Venezuela, México y Colombia completan las últimas cinco posiciones entre los países latinoamericanos, donde los periodistas también son víctimas del crimen organizado, a menudo pagando con sus propias vidas el precio de ser independientes.
