El proyecto “Forbidden Stories”, lanzado por las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Freedom Voices Network (Red de Voces por la Libertad) este 31 de octubre, pretende proteger las “historias prohibidas” de periodistas que están en riesgo o bajo amenaza por hacer su trabajo: informar.
El diario más antiguo de Panamá está de celebración después de que una transferencia de propiedad llevó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a eliminar las restricciones económicas en su contra.
Los periodistas fueron el blanco del sentimiento y acciones antiprensa de funcionarios públicos, fuerzas del orden y de ciudadanos antes y durante las elecciones regionales del 15 de octubre, en más de 23 gobernaciones de Venezuela.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) registró 19 incidentes que afectaron la libertad de prensa en el país durante el proceso de elecciones presidenciales que tuvo lugar el domingo 7 de octubre, señaló en un informe publicado el pasado 11 de octubre. De acuerdo con Ipys Venezuela estos hechos fueron recurrentes desde una semana previa hasta días posteriores a los resultados electorales.
Luego de reunirse con asociaciones de medios y periodistas bolivianos, los líderes del Poder Legislativo del país decidieron excluir a los profesionales de la prensa del controvertido artículo 200 del nuevo Código Penal, el cual sanciona la mala práctica profesional.
Los tres periodistas que fueron detenidos dos días por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras cubrían periodísticamente una información en la infame prisión de Tocorón, en el norte de Venezuela, fueron liberados el 8 de octubre.
Asociaciones de medios periodísticos y de periodistas en Bolivia están en alerta debido a la propuesta de reforma del Código del Sistema Penal que está en debate en el Congreso de ese país. Las entidades alegan que el artículo 200 del nuevo Código, que prevé sanciones a la mala práctica profesional, representa una amenaza a la libertad de prensa por abrir paso a la criminalización de los periodistas en el país.
Un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño revocó el 19 de septiembre la censura previa impuesta a Portal 180graus, sitio periodístico de Piauí, en el nordeste de Brasil, determinada por una jueza estatal a finales de agosto.
Desde la publicación de un reportaje de la Revista Factum sobre la presunta existencia de un escuadrón de la muerte al interior de la Policía salvadoreña, los periodistas de la publicación están siendo víctimas de amenazas de muerte y de una campaña de desprestigio en redes sociales. También han intentado atacar su servidor web. Asimismo, el sitio de periodismo independiente El Faro, que anteriormente también ha reportado sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales de la policía, ha recibido amenazas recientemente.
Actualización (25 de agosto): El periodista y activista Carlos Julio Rojas fue liberado de una prisión militar en Venezuela el 24 de agosto, tras pasar más de siete semanas detenido. En una conferencia de prensa el 23 de agosto, defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil habían pedido que se permitiera a organizaciones internacionales vigilar las condiciones en las que viven los prisioneros políticos, y específicamente mencionaron el caso de Rojas.
El Poder Judicial de Perú falló a favor de la periodista Perla Berríos en un proceso sobre hostigamiento moral sufrido por la profesional cuando trabajaba en el canal de televisión Latina, según reportó la revista Caretas el 17 de agosto.
El Colegio de Abogados de Honduras se unió a decenas de periodistas que protestaron la mañana del 16 de agosto en el exterior de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa para exigir la derogación del artículo 335-B del Código Penal hondureño, el cual consideran que atenta contra la libertad de expresión.