Entre enero y junio de 2020, la iniciativa latinoamericana Voces del Sur registró 630 agresiones contra la prensa en la región. Muchas de estas aumentaron o se agravaron tras ser declarada la emergencia sanitaria por los gobiernos.
![Manifestaciones en La Paz, Bolivia, tras denuncias de fraude electoral. (Paulo Fabre [CC BY-SA 4.0]).](https://latamjournalismreview.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifestacione_La_Paz_s_enBolivia_en_contra_el_fraude_electoral_y_el_gobierno_de_Evo_Morales-e1591241453608.jpg)
En Bolivia, varios medios de comunicación y periodistas se han visto en la necesidad de suspender sus labores ante el ambiente de inseguridad que reina en el país tras tres semanas de manifestaciones sociales.
Unidos no solo por las similitudes culturales y geográficas sino también por el tipo de problemáticas que enfrentan sus países a nivel político, económico y social, siete organizaciones periodísticas han formado la alianza Voces del Sur para sistematizar un monitoreo de la situación de la libertad de expresión en sus países.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) declararon una “emergencia nacional sectorial” en rechazo a algunos artículos del nuevo Código Penal del país que las entidades consideran pueden ser utilizados contra los profesionales en represalia por su trabajo.
Luego de reunirse con asociaciones de medios y periodistas bolivianos, los líderes del Poder Legislativo del país decidieron excluir a los profesionales de la prensa del controvertido artículo 200 del nuevo Código Penal, el cual sanciona la mala práctica profesional.
La periodista boliviana Yadira Peláez, que acusó a Carlos Flores, exgerente de la estatal Bolivia TV por acoso sexual, está siendo procesada por daño económico a BTV en una denuncia promovida por la gerencia del canal, según El Deber.
Asociaciones de medios periodísticos y de periodistas en Bolivia están en alerta debido a la propuesta de reforma del Código del Sistema Penal que está en debate en el Congreso de ese país. Las entidades alegan que el artículo 200 del nuevo Código, que prevé sanciones a la mala práctica profesional, representa una amenaza a la libertad de prensa por abrir paso a la criminalización de los periodistas en el país.
La periodista boliviana Yadira Peláez decidió actuar por su cuenta al sentir que la investigación sobre una denuncia por acoso sexual que presentó hace siete meses estaba siendo boicoteada por las autoridades.
El gobierno de Bolivia estrenó el controvertido y anunciado documental de 80 minutos de duración, “El Cártel de la Mentira”, el cual generó gran rechazo entre las asociaciones de periodistas, activistas y ciudadanos de ese país sudamericano. El documental fue realizado por encargo del ministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, y contiene ataques contra la prensa independiente del país.
Un juez boliviano archivó el proceso legal en contra del periodista Humberto Vacaflor que fue iniciado después de que el presidente del país, Evo Morales, presentara una demanda penal contra el periodista por difamación.
Diversas asociaciones periodísticas de Bolivia se han manifestado en contra de la realización del documental “El Cártel de la Mentira”, cuya producción ha sido ordenada por el Ministerio de la Presidencia, a cargo de Juan Ramón Quintana.
Existe un desencuentro entre el gobierno del presidente boliviano Evo Morales y un sector grande de los medios de comunicación y de las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, dijo el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, durante su visita a La Paz, informó Página Siete.