![The Helicoide building in Caracas, where Billy Six is being held (Damián D. Fossi Salas [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons)](https://latamjournalismreview.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Helicoide-building-in-Caracas-where-Billy-Six-is-being-held.png)
Tres periodistas en Venezuela y un bloguero en Brasil están entre los al menos 251 periodistas encarcelados en el mundo por causas de su trabajo.
En lo que va de 2018, 10 periodistas han sido asesinados en América Latina por organizaciones criminales en represalia por sus reportajes, de acuerdo con un reciente informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin se complacen en anunciar que se abren las postulaciones para el curso “Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas”.
Unidos no solo por las similitudes culturales y geográficas sino también por el tipo de problemáticas que enfrentan sus países a nivel político, económico y social, siete organizaciones periodísticas han formado la alianza Voces del Sur para sistematizar un monitoreo de la situación de la libertad de expresión en sus países.
Son 420 violaciones contra la libertad de prensa las que se han registrado desde que comenzaron las protestas en Nicaragua el pasado abril, de acuerdo con un nuevo reporte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y su junta de directores aprobaron la Declaración de Salta sobre los principios de la libertad de expresión en la era digital este 22 de octubre, en Argentina. Con ello buscan garantizar que esos derechos humanos sean respetados en el espacio digital.
El 7 de octubre, el electorado brasileño va a las urnas en unas elecciones generales marcadas por la intensa propagación de rumores y noticias fraudulentas en redes sociales, fomentada también por la desconfianza de parte del público hacia la prensa. En ese ambiente político y mediático pesado, periodistas se han convertido en un blanco cada vez más constante de agresiones por hacer su trabajo de investigación y reportería.
La Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por su acrónimo en portugués) y la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj, por su acrónimo en portugués) calificaron como censura y restricción al periodismo las decisiones de los Magistrados del Tribunal Supremo Federal (STF), Luiz Fux y Dias Toffoli, quienes le prohibieron al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, conceder entrevistas a la prensa desde la cárcel.
Aunque México es conocido como uno de los países del mundo más letales para periodistas, las amenazas contra los profesionales de la prensa en el país no son solo físicas. En muchos casos, los enemigos de la libertad de expresión y de la prensa no recurren a las armas sino a los tribunales, en la tentativa de silenciar la cobertura periodística que va en contra de sus intereses.
Mientras México se prepara para los comicios electorales generales del 1 de julio, el reciente informe conjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta al Gobierno de México a garantizar la seguridad de los periodistas que cubran el proceso electoral, por ser vulnerables a amenazas y agresiones físicas por parte de actores políticos y terceros.
La Ley 2133 que prohíbe la contratación de publicidad oficial en medios de comunicación privados fue ratificada por el Pleno del Congreso peruano el 14 de junio por la noche. Según sus defensores, esta ley controlaría el gasto público, sin embargo, los que se oponen aseguran que esta representa una censura indirecta contra los medios.
El Pleno del Congreso peruano aprobaría esta semana una cuestionada ley que prohíbe la contratación de publicidad estatal en medios de comunicación privados.