El Poder Ejecutivo aparece como el más influyente en situaciones desfavorables a la libertad de expresión y de prensa en el continente americano en comparación con los poderes Legislativo y Judicial. Así lo muestra el libro Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, lanzado este martes 28 de junio por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de Venezuela.
El libro analiza la libertad de prensa en 22 países del continente americano. En 15 de ellos, el poder Ejecutivo, ejercido por presidentes, primeros ministros y sus gabinetes, representa el mayor impacto negativo sobre la libertad de actividades periodísticas. En seis países, el Legislativo es el poder que más amenaza la libertad de prensa. El poder Judicial aparece como el mayor riesgo en un solo país.
La encuesta forma parte del Índice Chapultepec, que anualmente monitorea, mide, compara y evalúa los avances y prácticas negativas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en relación a cuatro dimensiones o variables: ciudadanía informada; ejercicio del periodismo; control de medios de comunicación; y violencia e impunidad.
“Es interesante ver cómo los cambios políticos, y en algunos casos los reposicionamientos de gobernantes ya en funciones, se traducen de un año para el otro en acelerados procesos de deterioro o de mejora en el clima de libertad de prensa. [...] Es alarmante ver también cómo algunas de las mejoras que se detectan naufragan luego, cuando los mismos gobernantes afrontan las primeras crisis y descargan su malestar contra la prensa; contra el mensajero”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y director periodístico de La Voz del Interior de Argentina.
Influencia de los entornos Ejecutivo, Judicial y Legislativo en situaciones desfavorables a la libertad de expresión. Ninguna influencia desfavorable: cero. Influencia leve: de 1 a 2,5; Influencia moderada: de 2,51 a 5; Influencia fuerte: de 5,01 a 7,5; Influencia muy fuerte: de 7:51 a 10. Fuente: Índice Chapultepec
Venezuela es el país con el nivel más bajo de libertad de prensa y expresión en América, según el Índice de Chapultepec. Por parte del Ejecutivo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es el principal organismo encargado de cerrar y sancionar los medios de comunicación. La CNT también supervisa las líneas editoriales y tiene potestad para otorgar y retirar concesiones.
Un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, señala que la CNT cerró al menos una estación de radio y confiscó sus equipos en el último año. Además, se suspendieron seis estaciones y se sacaron del aire tres programas, todos críticos con el gobierno de Nicolás Maduro.
Los poderes Legislativo y Judicial también juegan un papel importante en la restricción de la libertad de expresión y de prensa en el país, ya sea con sentencias contra comunicadores o con leyes que legitiman la censura.
“En el actual proceso político de Venezuela no hay independencia de poderes públicos. En el informe relativo a Venezuela, de ambos periodos, se detallan las situaciones contextuales que permiten visualizar las actuaciones. Denuncias contra periodistas y medios que han sido emprendidas por altos funcionarios del Ejecutivo, han conducido a sentencias desfavorables para comunicadores y medios, entre otras que demuestran la alineación de los poderes del Estado”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) León Hernández, coordinador y coautor del libro.
Cuba y Nicaragua, países que junto a Venezuela están catalogados como carentes de libertad de expresión en el Índice de Chapultepec, también presentan malos indicadores en cuanto a la influencia de los poderes del Estado en la actividad periodística.
Nicaragua, bajo la administración de Daniel Ortega, es uno de los países donde el poder Legislativo, más que el Ejecutivo, ejerce mayor influencia negativa sobre la libertad de expresión y de prensa. El Congreso aprobó en 2020 la llamada ley de delitos informáticos, que sanciona la publicación de información falsa con hasta cuatro años de prisión.
El país también tiene el peor indicador con respecto al poder Judicial: el sistema de justicia del país ha actuado para perseguir e intimidar a la prensa como ningún otro en el continente. En una de las acciones más agresivas contra la prensa independiente, el Ministerio Público del país citó como testigos o investigados a por lo menos 16 periodistas en un presunto caso de lavado de dinero.
“Los expertos consultados adjudicaron una mayor actuación desfavorable para las libertades de prensa y de expresión al poder Legislativo, pero la diferencia del alto impacto negativo entre ambas instancias institucionales no es muy determinante, mostrando ambas ramas una influencia fuerte en las acciones desfavorables. En general, se trata de una nación que ha experimentado el deterioro en sus libertades, con acciones restrictivas en todas sus ramas del poder público, incluyendo la emisión de leyes polémicas”, afirmó Hernández.
En Cuba, si bien el poder Ejecutivo es el más asociado a medidas contrarias a la libertad de prensa, el Legislativo ha contribuido al auge, como con la aprobación del Decreto-Ley 370/2018, que limita el acceso a portales de información alojados en otros países.
El libro Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa tiene más de 600 páginas y trae estudios de casos detallados de cada uno de los 22 países analizados, y presenta una comparación entre los datos obtenidos en 2019/2021 y 2020/2021. Está disponible para su descarga gratuita aquí (en español).
“Los resultados anuales del Índice [de Chapultepec], además de convertirse en referentes para la información periodística, señalan las áreas en las que debemos impulsar reformas de políticas públicas en la búsqueda de fortalecer las libertades de prensa y de expresión. Confiamos en que esta herramienta importantísima para defender las libertades y respaldar la democracia siga activa, afinándose y enriqueciéndose año tras año. Ese es nuestro compromiso”, aseguró Jorge Canahuati, presidente de la SIP y presidente ejecutivo del Grupo Opsa de Honduras.
