Unidos no solo por las similitudes culturales y geográficas sino también por el tipo de problemáticas que enfrentan sus países a nivel político, económico y social, siete organizaciones periodísticas han formado la alianza Voces del Sur para sistematizar un monitoreo de la situación de la libertad de expresión en sus países.
Las organizaciones, que además forman parte del capítulo para América Latina y el Caribe de la organización de libertad de expresión IFEX, son Fundamedios (Ecuador), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo, de Uruguay), Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, de Perú), IPYS Venezuela, Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre, de Honduras) y Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).
La periodista peruana Adriana León, directora del área de libertades informativas de IPYS, contó al Centro Knight que el proyecto Voces del Sur es la continuación de una iniciativa que empezó hace diez años con solo tres países.
IPYS, junto a la ANP de Bolivia y Fundamedios de Ecuador crearon el grupo de libertades informativas “El Gali”, para empezar a estandarizar algunos criterios sobre el monitoreo entre sus países y poder tener un análisis más allá de lo cuantitativo.
“Hace dos años se nos acercó el Pan American Development Foundation (PADF), un programa de EE.UU. para el desarrollo de la democracia, para reactivar esta iniciativa. Y creamos este proyecto que se llama Voces del Sur. Hicimos un documento con base en los estándares fijados tanto por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH como por 2”, dijo León.
Es en ese contexto que con un segundo aporte del PADF, Voces del Sur logra sumar a Uruguay, Argentina, Honduras y Venezuela.
El periodista uruguayo Fabián Werner de CAinfo especificó al Centro Knight que el monitoreo será hecho con base en 12 indicadores. Los más destacados son asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, procesos judiciales (civiles y penales) y uso abusivo del poder estatal. También harán seguimiento a los países del grupo cuyo marco jurídico es contrario a los estándares internacionales de la libertad de expresión, poniendo mayor énfasis por sus antecedentes en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Otras categorías a monitorear serán las restricciones en internet, como bloqueos electrónicos, amenazas, hackeo, etc. Transversalmente habrá una categoría más, la de género, con la que se evaluarán todos los casos.
“No hay una concientización ciudadana de la importancia de lo que es el derecho a la libertad de expresión. Esta es una de las conclusiones que tuvimos (IPYS, ANP y Fundamedios). Entonces, era súper importante hacer un trabajo de incidencia desde la sociedad civil”, dijo León. Añadió que lo que buscan con este proyecto es iniciar un debate de lo que está pasando con los medios de comunicación en estos países, para saber por qué la gente tiene rechazo a la prensa, por qué hay una indiferencia social ante el derecho a la libertad de expresión, “el cual hay que proteger por sobre todas las cosas”.
La idea del proyecto es apoyar a los sistemas de monitoreo de cada una de las siete organizaciones a nivel nacional y además habilitar un portal con una plataforma web regional, la cual será puesta en línea y administrada por Fundamedios. Esta reunirá todas las alertas emitidas por las siete organizaciones en un único lugar, con base en la lista de indicadores.
Por su parte, Werner también explicó que se registrará cuál fue el tipo de agresión que se sufrió y si los agresores fueron agentes estatales o no estatales. “Nos interesa especialmente señalar eso porque en muchos países que vamos a monitorear, las amenazas vienen fundamentalmente de agentes del Estado”, subrayó.
A través de la plataforma y de los canales de difusión de cada organización se informará al público en general sobre las alertas. Con base en todo lo consignado, la red presentará un informe en julio del próximo año, ante el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible que será auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Como la iniciativa (de la red) tiene que ver directamente con el objetivo 16 (de desarrollo sostenible de la ONU) y la meta 10 específicamente, que tienen que ver con la libertad de expresión y el acceso a la información pública, (…) la idea es presentar un informe en esa instancia como una forma de hacer una primera gran evaluación del trabajo que se empieza ahora”, explicó Werner.
En función a los monitoreos que desde hace algunos años estas organizaciones han venido haciendo individualmente, han podido identificar problemas similares o comunes en los países de la región. “Estos tienen que ver con la dificultad que existe para obtener una respuesta rápida de los Estados en la investigación de los crímenes contra periodistas”, dijo Werner.
El periodista señaló a Honduras y Venezuela como algunos de los casos más graves, por los recientes asesinatos de periodistas y el constante ambiente hostil contra la prensa, respectivamente. También mencionó que si bien Uruguay es un país mucho menos hostil con los medios, también tiene problemas vinculados con la libertad de expresión.
Por su parte, León reveló que la idea es poder abarcar más países de la región en el proyecto, pero eso dependerá de los fondos. “Por ejemplo, ¿cuál es una preocupación del proyecto? América Central, porque tiene problemas diferentes a los que tiene América del Sur. En América del Sur el problema es más sobre gobiernos censuradores y represivos a través de (su) legislación; en el caso de Centroamérica, los periodistas están en un peligro brutal, por las mafias, el narcotráfico, etc.”, sostuvo.
Para Werner, el factor común en la mayoría de países de la región es que los Estados no son sensibles a los riesgos que implican las amenazas contra los medios de comunicación y contra los periodistas.
