Por Alejandro Martínez
La Asociación de Trabajadores de Medios del Caribe (ACM) le solicitó a Caricom - una organización que promueve la cooperación entre las naciones del Caribe - disuadir a sus 15 miembros de participar en una reunión de la OEA, el 8 de marzo, en la que se discutirán reformas que podrían debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del mismo organismo y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
La ACM se unió a otras organizaciones de derechos humanos y defensoras de la libertad de prensa las cuales argumentan que la reunión, que tendrá lugar antes de la Asamblea General de la OEA del 22 de marzo, "no está basada en una norma convencional legal" y "va a eludir el procedimiento establecido por la OEA en la materia lo que daría lugar a una falta de transparencia", dijo el presidente de ACM Wesley Gibbings, en una carta dirigida al secretario general de Caricom, Irwin La Rocque.
Gibbings dijo que ACM estaba "particularmente preocupada" de que las reformas propuestas "tendrán el efecto de debilitar significativamente la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión al comprometer su independencia y el debilitamiento de sus recursos bases".
"La transparencia del proceso y la adherencia a los procedimientos legales que garanticen la discusión, son vitales para establecer la legitimidad de este y cualquier otro proceso de reforma", dice la carta de Gibbings a La Rocque. "Por estas razones solicitamos respetuosamente [su gestión para] disuadir a los estados miembros de Caricom a desestimar por inadmisible la propuesta formulada por el Gobierno de Ecuador".
La reunión fue propuesta en el 2012, cuando un grupo de países encabezados por Ecuador y Venezuela pidieron reformar la CIDH lo cual afectaría la misión del organismo y las facultades de sus relatores especiales. Si bien las propuestas pretende fortalecer la transparencia y el rigor jurídico del sistema inter-americano de derechos humanos, varias organizaciones y representantes de la sociedad civil han argumentado que las reformas debilitarían al Relator Especial para la Libertad de Expresión, figura que ha criticado reiteradamente a los gobiernos de Ecuador y Venezuela por restringir la libertad de expresión en sus países.
Las reformas reducirían las fuentes de financiación de los relatores y prohibiría buscar financiación externa. Adicionalmente, proponen un código de conducta que impediría la publicación de sus comunicados de prensa y recomendaría que sus informes anuales sean breves y se refieran a toda la región, no a cada país.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
