Tras 10 años de proceso judicial, la concentración del mercado de la prensa ha recibido un duro golpe en Perú. Un juez de un tribunal de Lima dictaminó el 19 de julio que la compra del Grupo Epensa por parte del Grupo El Comercio en 2013 creó un monopolio que amenaza el derecho constitucional a la libertad de expresión y opinión, y ordenó anular la operación.
El Comercio es el mayor conglomerado de medios impresos del país, y en aquel momento Grupo Epensa era el segundo más grande.
En esencia, la sentencia afirma que “la propiedad en los mercados de medios está condicionada a los fines de la libertad de expresión: mayor pluralidad de agentes y menor concentración del poder de mercado. Para ser compatibles con el derecho a la libre circulación de noticias y pensamientos los medios de comunicación y sus empresas propietarias deben condicionarse a las exigencias de dicha libertad y, por tanto, los dueños de los medios no podrán ejercer de manera ilimitada sus atributos de propietarios, como si estuviesen en otro sector económico cualquiera”.
Aunque el Grupo El Comercio ya ha presentado un recurso de apelación y el caso aún debe ser juzgado por tribunales superiores, la sentencia es considerada histórica por los abogados peruanos que trabajan con asuntos de derechos humanos y libertad de expresión. La decisión -que se basa en un fallo anterior sobre el caso llevado por el mismo juez, Juan Macedo, en 2021, que luego fue anulado por razones procesales- se basa en una extensa revisión del derecho constitucional peruano, de las normas internacionales sobre libertad de expresión y de la literatura académica sobre concentración de medios y pluralidad de la prensa.
No todo, sin embargo, es motivo de celebración para quienes llevaron el caso -ocho ciudadanos, entre periodistas, editores y empresarios de medios de comunicación. Tres de ellos están vinculados al diario La República, que desde la compra se ha convertido en el segundo más importante del país.
El plazo de 10 años para que se dicte sentencia se considera demasiado largo, y dos de los demandantes han fallecido en ese tiempo. Los demandantes protestaron en 2021 por el retraso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual aceptó su demanda a finales del año pasado. Además, entretanto se han producido varias operaciones económicas adicionales que hacen improbable una vuelta a la situación anterior a la adquisición.
El medio Hildebrandt en sus trece informó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú destituyó al juez Macedo, alegando que el proceso había durado demasiado. La notificación formal de la decisión, tomada el 11 de abril, tuvo lugar el 21 de julio, dos días después del fallo contra El Comercio. Esta medida radical contra un magistrado que formaba parte de la judicatura peruana desde 2002, conocido por sus decisiones difíciles, ha hecho sospechar a quienes siguen el caso que se trataba de una represalia.
Como condenó a El Comercio, pero también tardó en dictar sentencia, el juez Macedo terminó en problemas tanto con El Comercio como con los demandantes de La República, dijo Eloy Marchán, el periodista de Hildebrandt en sus trece que fue el único periodista peruano que informó sobre el despido.
“No encuentro otra explicación. Es una represalia”, dijo Marchán a LatAm Journalism Review (LJR). “Lo que no tengo claro es si la decisión de la Junta Nacional de Justicia busca quedar bien con El Comercio o con La República, o quizá, estratégicamente, con ambos”.
Un juez de Lima anuló la adquisición del Grupo Epensa por parte del Grupo El Comercio, alegando preocupaciones sobre la libertad de expresión y el riesgo de monopolio. La histórica decisión todavía está pendiente de apelaciones.
Fundado en 1839, el grupo editorial El Comercio poseía el 49 por ciento de las ventas comerciales de diarios en Perú cuando, en agosto de 2013, adquirió la mayoría accionaria de la Empresa Periodística Nacional (Epensa) por US 17 millones de dólares. En ese momento, Grupo Epensa era poseedor del 29 por ciento de las ventas de diarios en el país, y La República poseía el 17 por ciento. Con esta operación, El Comercio pasó a poseer el 78 por ciento del mercado periodístico peruano.
Antes de que se confirmara la venta, La República intentó sin éxito comprar Epensa. Como informó LJR en su momento, varios actores alegaron que la adquisición por parte de El Comercio pondría en peligro la pluralidad informativa.
Según dijo La República a LJR en su momento, la compra llevaría a “una altísima concentración en la venta y comercialización de periódicos que sería contraria al orden constitucional y que afecta seriamente el mercado de medios impresos en el país”.
Por ello, en noviembre de 2013, ocho periodistas y empresarios de medios peruanos presentaron una solicitud para anular la compra.
En el documento, señalaron que “el juez deberá tener presente a lo largo del proceso que éste es un debate entre la pluralidad y la diversidad frente a la concentración y el acaparamiento. En otras palabras, entre la democracia y el totalitarismo informativo”.
La demanda era un recurso de amparo, el principal mecanismo de protección de los derechos constitucionales de los peruanos. La doctrina jurídica peruana considera que, por tratarse de casos de urgencia, la protección que ofrece debe otorgarse de manera rápida, sencilla y eficaz, sin requerir una intensa actividad probatoria.
El caso, sin embargo, cayó en manos del juez Macedo, del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, conocido por sus sentencias meticulosas e intrépidas contra intereses poderosos, que incluso le costaron amenazas de muerte.
La primera sentencia de Macedo sobre El Comercio, de contenido similar a la actual, se produjo en julio de 2021. Fue anulada en octubre de ese mismo año por una cuestión procesal ajena al fondo del fallo: no se había designado sucesor para uno de los demandantes fallecido en 2019.
La nueva sentencia, que actualiza el fallo anterior y hace una extensa revisión bibliográfica de la jurisprudencia sobre el tema, parte de entender que, en palabras del juez según su interpretación de la Constitución peruana, “la libertad de expresión constituye parte del orden público de la democracia y base para la formación de la opinión política de los ciudadanos, lo que exige el mayor pluralismo en los medios y la mayor circulación de ideas e informaciones”.
Por ello, dice la sentencia, “monopolios y oligopolios en la propiedad de medios [constituyen] un ejemplo de violación de la libertad de expresión por vía indirecta cometida por empresas particulares”.
El magistrado Macedo cita un estudio académico de Alan Albarran que afirma que “los mercados son altamente concentrados si las cuatro principales firmas logran controlar más del 50 por ciento de la audiencia”, y señala que “el liderazgo y dominio de Grupo El Comercio (...) excede todos los límites de concentración en los mercados de otros países de América Latina”.
En cuanto a la región, la decisión afirma que “en América Latina las poblaciones presentan una gran diversidad de características sociales, económicas, étnicas, lingüísticas, etcétera, por lo que la necesidad de que reciban información plural exige como imprescindible la presencia de posturas diversas e incluso divergentes, y que, si bien es insuficiente que exista una alta cantidad de medios de comunicación, el requisito implícito es evidente: es inaceptable que existan pocos medios o que estos se concentren en pocas manos (oligopolio)”.
La sentencia presta mucha atención al párrafo 2 del artículo 61 de la Constitución peruana, que establece: “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.
Aunque existe una legislación que estipula lo que constituye un monopolio en radio y televisión, no ocurre lo mismo con la prensa escrita. En este sentido, el juez critica al Estado peruano por no haber creado una legislación al respecto, lo que, en su opinión, vulnera una obligación asumida en la Constitución y en los tratados internacionales: “El Estado Peruano INCUMPLIÓ su obligación internacional de garantizar la libertad de expresión. OMISIÓN legislativa y constitucional”, escribió Macedo.
Por estos y otros argumentos, en una sentencia de 201 páginas, el juez declaró nulo el contrato de compraventa.
El grupo El Comercio no se ha pronunciado sobre la sentencia y no ha respondido a las peticiones de comentarios de LJR.
Cuando se dictó la sentencia de 2021, el grupo declaró en un comunicado que “establecer límites a los medios de comunicación sobre la base de su lectoría (es decir de la preferencia de los usuarios de la información); es un grave atentado a la prensa y el derecho que tienen los ciudadanos de elegir”. El grupo ya ha interpuesto un recurso contra la sentencia, que podría verse en segunda instancia y posiblemente también en la Corte Suprema peruana.
La decisión fue celebrada por los demandantes. “¡Ganamos! La acción de amparo interpuesta hace casi 10 años, por acaparamiento de medios en violación del artículo 61 de la Constitución, obtiene su segunda victoria en la misma instancia”, dijo la periodista Rosa María Palacios, una de las demandantes, en X, antes Twitter.
César Bazán Seminario, abogado del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), una de las principales ONG de derechos humanos de Perú, también hizo un balance positivo. El IDL participó en el caso como tutor legal de uno de los demandantes fallecidos.
“Es una decisión positiva que ratifica la decisión tomada hace algunos años. Hay una concentración de medios y hay una necesidad de neutralidad. Es una decisión bastante fundamentada para proteger derechos fundamentales. La decisión ofrece la oportunidad para que los peruanos ejerzan mejor sus libertades informativas, para que haya pluralidad”, declaró Bazán a LJR.
Palacios -quien ha escrito varias veces sobre la demora en el caso- criticó, sin embargo, el plazo de la sentencia.
“Si tú no decides, favorece a una de las partes. Se demoró primero siete años, y después tres años. Han pasado muchísimas cosas, que tornan improbable retornar al estado anterior”, dijo a LJR. “De los ocho demandantes, dos están muertos. De esos seis [que viven], dos ya se jubilaron. Quedan cuatro. Yo soy la más joven y tengo 60 años. ¿Cuántos años más vamos a esperar?”.
Entre las cosas que han ocurrido en Perú desde entonces a las que Palacios se refiere están, por ejemplo, la desaparición de Ajá y El Bocón, dos periódicos que El Comercio compró al Grupo Epensa. En enero, El Comercio vendió Perú21, otro diario. Estas transacciones hacen más difícil revertir la compra de Epensa.
Tras obtener una decisión de la CIDH sobre el asunto, Palacios espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúe el caso. “Queremos un fallo que cree un leading case para toda América Latina”, dijo.
LJR buscó a Juan Macedo para conocer su versión de los hechos. El ahora destituido juez dijo que desde que asumió el cargo en 2002, tiene una concepción del cargo diferente a la mayoría de sus pares peruanos, pues considera que “un juez no debe delegar su trabajo a secretarios y asistentes. El principio constitucional del juez estipula que los ciudadanos necesitan que el juez no dé justificación solo de cabeza, sino también de mano propia”.
Esto le ha hecho sufrir sanciones disciplinarias en varias ocasiones, incluidas dos suspensiones de dos meses en 2008 y 2013. En 2010, contó Macedo a LJR, incluso fue destituido de un caso así, pero logró revocar la decisión. Desde entonces, ha relajado un poco su principio, intentando “combinar ese trabajo de no delegar donde un trabajo se delega”.
El juez peruano Juan Macedo, quien dictó una sentencia contra el diario El Comercio y fue suspendido dos días después, intenta recuperar su cargo. (Foto: Cortesía Hildebrand en sus trece)
Según Macedo, cuando en 2013 se inició el juicio de amparo por el monopolio de los medios de comunicación, comprendió de inmediato que se trataba de un caso complejo y un desafío, y dijo a los abogados de las partes que la sentencia podría tardar, “y no dijeron nada”.
La repercusión mediática del caso, según Macedo, hizo más fuerte la presión por una sentencia, pero aún así resistió frente a otros casos que demandaban igual atención, como un fallo sobre matrimonio igualitario y también sobre la ley de tercerización laboral.
“Ese caso [el de El Comercio] desde el inicio tenía repercusión mediática”, dijo Macedo. “Tenía un dilema ético: ¿debo dejar todos los casos de mi despacho para dar preferencia a este y evitar más quejas? Pero no, porque hay otros casos que demandan igual atención. He querido ser independiente, incluso frente al poder mediático de los propios demandantes”.
La decisión que le costó el puesto formaba parte de un proceso de evaluación de desempeño al que se someten los magistrados peruanos cada siete años. En este caso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sólo evaluó la demora, sin entrar en el fondo de la decisión. Uno de los argumentos para votar por la destitución de Macedo fue “evaluar la demanda acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la situación en la que ha colocado al Estado Peruano”.
Tras ser notificado formalmente el viernes, el lunes siguiente, 24 de julio, Macedo ya no podía trabajar. El juez informó que había presentado un recurso ante la Junta para intentar recuperar su puesto de trabajo. La respuesta se esperaba para la semana antepasada, pero la propia Junta se encuentra actualmente bajo la presión política del legislativo peruano, cuya bancada conservadora intenta destituirla.
Cézar Bazán Seminario, abogado del IDL, dijo que Macedo había “ratificado una sentencia histórica” al anular la venta. Según Bazán, la JNJ “no menciona que había un riesgo latente en ese caso. La tardanza es real, sin embargo, ese juez ha sacado decisiones que otros magistrados no se han atrevido”.
Eloy Marchán, el periodista que informó sobre el caso, también dio su valoración de la decisión de la Junta a LJR:
“La mayor parte de los argumentos son a favor de Macedo y una única objeción es por su demora en el juicio por la concentración de periódicos”, dijo Marchán. “He revisado el legajo completo de Macedo y veo a un juez atípico: esmero en el desarrollo de su argumento, no tiene temor en fallar contra grandes empresas o asociaciones poderosas. Eso sí: tiene un problema con los tiempos y demora mucho en emitir sus sentencias”.
Marchán dijo que el juez quedó en el limbo, con la hostilidad de los dos diarios más importantes de Perú.
“El Comercio le tenía ojerizas a Macedo por fallar dos veces en contra de ellos y ordenar la anulación de la compra de Epensa, lo cual desencadenó una concentración en el mercado de periódicos. Desde La República no estaban conformes con el trabajo de Macedo, no por la decisión, sino por la demora en tomarla”, dijo.
Mientras tanto, las consecuencias de la concentración de los medios de comunicación en Perú se dejan sentir en todo el país.
“Actualmente se está viendo las consecuencias de la concentración de medios que se originó con la compra de Epensa: despidos masivos de periodistas, cierre de periódicos y revistas, desprestigio generalizado de los medios comunicación y condescendencia con el gobierno de Dina Boluarte”, dijo Marchán.
