El Diario Digital RD de la República Dominicana denunció un ataque cibernético que afectó las cuentas de Google, su perfil de Facebook, así como su cuenta de Twitter (la cual ahora aparece en venta) y también dañó la base de datos de suscriptores que recibían los boletines de noticias, según reportó la publicación en su página web.
La cobertura de la asamblea para las elecciones preliminares del Partido Republicano en Iowa o Caucus está a pleno desde el martes 3 de enero. Para finales de diciembre, las campañas de los pre-candidatos republicanos fueron la nota con mayor cobertura por quinta vez en siete semanas, de acuerdo con el Proyecto de Excelencia en el Periodismo del Centro de Investigación Pew.
Al iniciar 2012, organizaciones de medios y sitios de noticias analizan las principales noticias de 2011 (vea este recuento de CNN), con el fin de sugerir los propósitos de Año Nuevo de las redacciones, e incluso ofrecer algunas tendencias que "cambiarán la forma de hacer noticias digitales en 2012," como lo hizo Poynter.
Los periodistas se han unido a la creciente lista de grupos que se oponen al Acta para Detener la Piratería Online (SOPA, por sus siglas en inglés), actualmente bajo consideración en el Congreso de Estados Unidos, según el diario.
El jueves 1 de diciembre, WikiLeaks publicó más secretos: más de 287 archivos relacionados con 160 contratos con empresas de inteligencia en 25 países que "desarrollan tecnología para vigilar y monitorear individuos a través de sus teléfonos celulares, cuentas de correo electrónico e historial de navegación en internet," reportó AFP.
El lunes, 28 de noviembre, un equipo de reportaje de la emisora de televisión Globovisión fue impedida por funcionarios del gobierno federal de cubrir un encuentro entre el presidente venezolano Hugo Chávez y el colombiano Juan Manuel Santos en Caracas.
El sitio web del semanario mexicano Ríodoce está inhabilitado desde el viernes 25 de noviembre tras sufrir un ataque cibernético, según informa el Comité de Protección a Periodistas. Ríodoce es una de las pocas publicaciones periodísticas que cubren temas de narcotráfico y crimen organizado en la ciudad de Culiacán, al noroeste de México, y este año fue galardonada con el premio Maria Moors Cabot que otorga la Universidad de Columbia de Nueva York por su excelente cobertura noticiosa, y la semana pasada, Javier Valdez, uno de sus fundadores recibió el Premio Internacional de la Libertad de Expresión
El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso la regulación de los medios de comunicación y una modificación a la Ley de Imprenta como tema para el Encuentro Plurinacional que se realizará en diciembre en la ciudad de Cochabamba, de acuerdo con la estación FM Bolivia.
El derecho constitucional a informarse sobre lo que hacen los gobiernos fue reglamentado por ley y pasó a ser una promesa más cercana a la realidad en Brasil. Sin embargo, aún no está claro para buena parte de los brasileños cómo solicitarle información a un organismo público. Un proyecto pionero en el país pretende facilitar ese proceso y transparentar la comunicación entre ciudadanos y gobiernos: el sitio web Queremos Saber.
Con la aprobación de la presidenta Dilma Rousseff este viernes 18 de noviembre, Brasil se ha convertido en el país número 89 tener una ley de acceso a la información pública, y este fue el preámbulo al Foro de Acceso a la Información Pública. La norma, que garantiza el acceso de cualquier persona a datos y documentos de todas las esferas de las entidades gubernamentales y privadas que reciban fondos públicos, entrará en vigor dentro de seis meses.
Sólo el 38 por ciento de los países de América Latina respondieron plenamente a las solicitudes de acceso a la información presentadas por la Associated Press (AP) como parte de un proyecto en 105 países, afirmó la AP al Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Su resultado es comparable al de Asia, mejor que el de África y peor que el de Europa. En general, más de la mitad de los países no cumplen sus propias leyes de acceso a la información, señaló MediaBistro.
La organización Human Rights Watch pidió al gobierno de Ecuador que derogue los delitos de desacato y de difamación de funcionarios públicos, informó el organismo defensor de derechos humanos con sede en Nueva York.