En Brasil, los medios independientes han estado trabajando para que la transparencia pública sea la regla, tanto en el gobierno como en las salas de redacción. Periodistas de la agencia Fiquem Sabendo y Agência Pública dan consejos sobre cómo realizar investigaciones utilizando la Ley de Acceso a la Información (LAI).
Proyecto Desclasificados, en Argentina, creó una base de datos pública y de fácil acceso con documentos desclasificados del Gobierno de Estados Unidos sobre Argentina, mientras que Archivero, en México, trabaja contra la cerrazón de las autoridades para permitir el acceso a documentos clasificados como “secreto de Estado” o “seguridad nacional”.
Periodistas de Cuba, Guatemala, México, Venezuela contaron, durante su participación en el Festival LATAM de Medios Digitales y Periodismo, cómo le dan la vuelta a la opacidad y hostilidad de sus gobernantes, y cómo la falta de transparencia y acceso a la información puede llegar a costar vidas humanas.
Dos decisiones de la Corte Constitucional de Colombia respaldan las peticiones de información que hace el periodista Juan Pablo Barrientos a la Iglesia Católica relacionados con casos de pederastia. Aunque su lucha ha marcado un precedente positivo para la libertad de expresión, también le ha traído un desgaste judicial y personal.
Las organizaciones de noticias mexicanas intentan lograr un equilibrio en su cobertura de conflictos internacionales, como la invasión rusa de Ucrania, mientras los ciudadanos presionan por una cobertura continua de la violencia que ocurre en su país.
La Contratopedia Caribe, plataforma digital especializada que sigue el rastro a la contratación pública en el Caribe colombiano, realizó unas jornadas de capacitación a estudiantes para dar a conocer herramientas de la Constitución de Colombia y la Ley de Acceso a la Información.
Atlas da Notícia identificó una reducción del 9,5% en el número de municipios considerados desiertos de noticias en Brasil. Los desiertos de noticias son municipios que no tienen información periodística local que en la actualidad son 5 de cada 10 municipios brasileños.
Al menos seis órdenes judiciales de seguridad relacionados con el bloqueo de Jair Bolsonaro a periodistas y ciudadanos brasileños en sus redes sociales esperan juicio en el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en inglés), según una investigación de LatAm Journalism Review (LJR). Las acciones judiciales se presentaron entre 2019 y 2021 y, hasta el momento, no hay previsión de cuándo serán juzgadas.
El bloqueo de periodistas ocurre sistemáticamente en El Salvador, Guatemala, Venezuela y Brasil. En la mayoría de los países latinoamericanos no existe una ley que regule esta situación, que atenta contra la libertad de expresión y el trabajo periodístico. En México y Chile, los funcionarios tienen prohibido bloquear cuentas, pero a veces no se siguen las normas.
Diez años después de la sanción de la Ley de Acceso a la Información (LAI), un análisis de la organización Transparencia Brasil apunta a un empeoramiento en la calidad de respuesta a las solicitudes de información realizadas al gobierno federal a través de la ley entre 2019 y 2021.