México ha visto un aumento de la violencia contra los medios de comunicación en tan solo 10 días. Tres periodistas fueron asesinados en diferentes estados, uno más está desaparecido y en videos difundidos en internet es posible escuchar disparos durante la cobertura de una protesta en contra de feminicidios.
La periodista cubana Camila Acosta ha tenido que mudarse 10 veces, entre marzo y octubre de este año, reponer tres veces su teléfono celular y ha sido detenida hasta en cuatro ocasiones.
Informes especiales muestran a México no sólo como el país más mortífero de América Latina para los periodistas, sino como un líder mundial en esa categoría indeseable. Junto con Brasil, también es uno de los peores países del mundo en lograr condenas contra los asesinos de periodistas.
Las organizaciones han puesto en marcha cursos, capacitaciones o guías sobre el tema y, recientemente, han comenzado a brindar asistencia personalizada y gratuita a las mujeres periodistas que sufren acoso en línea.
La periodista peruana Paola Ugaz afronta una nueva demanda por difamación agravada. Este es el incidente legal más reciente de la periodista en relación con su investigación periodística sobre el Sodalicio de Vida Cristiana.
“El Presidente quiere acabar con nuestra credibilidad y está usando todas las herramientas que le da el Estado”, dijo José Luis Sanz, director de El Faro.
La negligencia sanitaria y la precariedad laboral están entre las principales condiciones que contribuyeron a una mayor exposición a la infección viral de los periodistas latinoamericanos fallecidos, señaló Distintas Latitudes.
Durante los últimos años, la Unesco ha detectado el aumento de casos de acoso, detención y violencia física contra periodistas que cubren manifestaciones. Entre 2015 y la primera mitad de 2020, 10 periodistas han perdido la vida durante esta cobertura.
Entre enero y junio de 2020, la iniciativa latinoamericana Voces del Sur registró 630 agresiones contra la prensa en la región. Muchas de estas aumentaron o se agravaron tras ser declarada la emergencia sanitaria por los gobiernos.
Tras casi tres años de haberse iniciado el juicio por el asesinato de Miroslava Breach, Juan Carlos Moreno Ochoa fue declarado culpable el 18 de marzo y sentenciado en agosto de 2020.