El narcotráfico, la narcopolítica y la negligencia en el tratamiento de las desapariciones de periodistas contribuyen a la total impunidad de estos crímenes en México. Las desapariciones tienen un impacto social similar al de los asesinatos y son aún más devastadoras para las familias de los desaparecidos, dijo Sara Mendiola, de la organización Propuesta Cívica, a LatAm Journalism Review.
Desde 2019, 13 medios argentinos crearon el cargo de editora de género, lo que convierte al país en el terreno más fructífero de América Latina para estas profesionales. Una encuesta inédita escuchó a 12 de ellas y encontró que las editoras son blanco de violencia en línea con una frecuencia alarmante, y que la mayoría de ellas no se sienten intimidadas por los ataques.
El avance del narcotráfico en la región fronteriza entre Paraguay y Brasil coloca en riesgo a los periodistas que informan sobre el tema. LatAm Journalism Review entrevistó a cuatro reporteros que cuentan cómo se autoprotegen para no quedar expuestos a las amenazas del crimen organizado.
Con los asesinatos este mes de Nelson Matus y Luis Martín Sánchez suman ya siete periodistas asesinados en México en lo que va de 2023, lo cual ha generado condenas de organizaciones a nivel mundial. En Guerrero, el segundo estado mexicano más peligroso para el periodismo, agrupaciones de periodistas acusan impunidad y exigen seguridad.
Para hacer frente a la incesante violencia y amenazas contra periodistas en México, la ONG Propuesta Cívica creó la red Tejidos Solidarios. La iniciativa emplea una metodología única para brindar apoyo psicoemocional y legal a las familias de periodistas asesinados y desaparecidos. También pretende honrar la memoria de quienes dedicaron su vida a investigar y denunciar.
El Proyecto Bruno y Dom, liderado por la organización francesa Forbidden Stories, reunió a más de 50 periodistas de 16 medios de comunicación para continuar el trabajo del periodista británico Dom Phillips, que estaba con el indigenista Bruno Pereira cuando ambos fueron asesinados en junio de 2022. LJR habló con algunos de los periodistas implicados en este esfuerzo de colaboración.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Red Voces del Sur y Reporteros sin Fronteras presentan informes anuales sobre violaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en América Latina. 2022 fue un año violento con 31 asesinatos y casi 2.000 agresiones contra periodistas.
La salida de dos periodistas de Ecuador tras recibir amenazas de muerte es la más reciente evidencia del aumento de la inseguridad de estos profesionales en el país. En el exilio, Karol Noroña habló con LJR sobre el contexto, documentado por organizaciones de la sociedad civil, del fortalecimiento del crimen organizado y la inacción estatal para proteger a los periodistas.
En el panel “Cómo investigar la corrupción en el norte de México”, dentro del festival “Contra el Olvido”, en el estado de Tamaulipas, las periodistas Melva Frutos, Ana Victoria Félix, Priscila Cárdenas y Shalma Castillo contaron cómo se enfrentan a amenazas, falta de recursos e indiferencia de la sociedad en su intento por hacer reportajes de investigación sobre inseguridad y corrupción.
Las periodistas Catalina Ruiz-Navarro, de Colombia, y Graciela Tiburcio Loayza, de Perú, cuentan sus testimonios sobre el acoso judicial del que son objeto hace años por ejercer su profesión. Estas son las consecuencias por hacer públicas denuncias por abuso y acoso sexual contra hombres con poder.
Frente al aumento de la violencia contra la prensa en América Latina, dos periodistas de Sudamérica impulsan una Ley Modelo de protección a periodistas que se podrá aplicar en todo el mundo. Chile es el país que más ha avanzado en este sentido. Paraguay, México y Brasil, le siguen.
Ante el avance del crimen organizado sobre las instituciones paraguayas y la casi total impunidad en los casos de periodistas asesinados, organizaciones de defensa de la libertad de expresión de ese país presentarán en abril un proyecto de ley que contempla la creación de mecanismos de protección individual, colectiva y psicosocial a miembros de la prensa.