El avance del narcotráfico en la región fronteriza entre Paraguay y Brasil coloca en riesgo a los periodistas que informan sobre el tema. LatAm Journalism Review entrevistó a cuatro reporteros que cuentan cómo se autoprotegen para no quedar expuestos a las amenazas del crimen organizado.
Con los asesinatos este mes de Nelson Matus y Luis Martín Sánchez suman ya siete periodistas asesinados en México en lo que va de 2023, lo cual ha generado condenas de organizaciones a nivel mundial. En Guerrero, el segundo estado mexicano más peligroso para el periodismo, agrupaciones de periodistas acusan impunidad y exigen seguridad.
Para hacer frente a la incesante violencia y amenazas contra periodistas en México, la ONG Propuesta Cívica creó la red Tejidos Solidarios. La iniciativa emplea una metodología única para brindar apoyo psicoemocional y legal a las familias de periodistas asesinados y desaparecidos. También pretende honrar la memoria de quienes dedicaron su vida a investigar y denunciar.
El Proyecto Bruno y Dom, liderado por la organización francesa Forbidden Stories, reunió a más de 50 periodistas de 16 medios de comunicación para continuar el trabajo del periodista británico Dom Phillips, que estaba con el indigenista Bruno Pereira cuando ambos fueron asesinados en junio de 2022. LJR habló con algunos de los periodistas implicados en este esfuerzo de colaboración.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Red Voces del Sur y Reporteros sin Fronteras presentan informes anuales sobre violaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en América Latina. 2022 fue un año violento con 31 asesinatos y casi 2.000 agresiones contra periodistas.
La salida de dos periodistas de Ecuador tras recibir amenazas de muerte es la más reciente evidencia del aumento de la inseguridad de estos profesionales en el país. En el exilio, Karol Noroña habló con LJR sobre el contexto, documentado por organizaciones de la sociedad civil, del fortalecimiento del crimen organizado y la inacción estatal para proteger a los periodistas.
En el panel “Cómo investigar la corrupción en el norte de México”, dentro del festival “Contra el Olvido”, en el estado de Tamaulipas, las periodistas Melva Frutos, Ana Victoria Félix, Priscila Cárdenas y Shalma Castillo contaron cómo se enfrentan a amenazas, falta de recursos e indiferencia de la sociedad en su intento por hacer reportajes de investigación sobre inseguridad y corrupción.
Las periodistas Catalina Ruiz-Navarro, de Colombia, y Graciela Tiburcio Loayza, de Perú, cuentan sus testimonios sobre el acoso judicial del que son objeto hace años por ejercer su profesión. Estas son las consecuencias por hacer públicas denuncias por abuso y acoso sexual contra hombres con poder.
Frente al aumento de la violencia contra la prensa en América Latina, dos periodistas de Sudamérica impulsan una Ley Modelo de protección a periodistas que se podrá aplicar en todo el mundo. Chile es el país que más ha avanzado en este sentido. Paraguay, México y Brasil, le siguen.
Ante el avance del crimen organizado sobre las instituciones paraguayas y la casi total impunidad en los casos de periodistas asesinados, organizaciones de defensa de la libertad de expresión de ese país presentarán en abril un proyecto de ley que contempla la creación de mecanismos de protección individual, colectiva y psicosocial a miembros de la prensa.
Autores de la investigación “Ejército Espía” no descartan acudir a instancias internacionales para llevar justicia a víctimas del spyware Pegasus en México, tras revelar que el espionaje a periodistas y activistas en ese país viene de un centro de inteligencia militar secreto y con conocimiento del Secretario de Defensa.
Más de 200 amenazas y dos asesinatos de periodistas registró la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia durante 2022. En el marco del Día del Periodista del país, que se conmemora este 9 de febrero, la FLIP publicó su informe anual en el que encontró que la violencia contra la prensa se mantiene: hay pocos avances para una prensa atacada por grupos armados y funcionarios públicos.