La periodista chilena Francisca Sandoval murió días después de recibir un impacto de bala en la cabeza mientras cubría las violentas marchas del 1 de mayo por el Día del Trabajador en el país. El Ministerio Público chileno detuvo a tres sospechosos y anunció también que se ha abierto una investigación al cuerpo policial.
Familiares, colegas y organismos nacionales e internacionales exigen justicia y garantías para el ejercicio del periodismo libre de violencia en México, tras los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García el 9 de mayo, y del columnista Luis Enrique Ramírez, el 5 del mismo mes.
La Asociación de Periodistas de El Salvador presentó en 2018 una propuesta de ley para protección de periodistas. Luego de casi tres años, el esfuerzo se truncó. La iniciativa fue enviada al archivo cuando el partido oficialista Nuevas Ideas tomó el control de la Asamblea Legislativa. Los partidos que a última hora retomaron la discusión se responsabilizan entre sí de la falta de aprobación.
Hace exactamente una década Guatemala se había comprometido a crear un plan para proteger a trabajadores de la prensa ante los crecientes ataques. Eso ocurrió en 2012 y a la fecha el plan no se ha concretado.
Cuatro años después del estallido social de 2018 en Nicaragua, más de 120 periodistas han salido al exilio, al menos 20 medios han sido confiscados, no existen diarios impresos circulando en el país y seis periodistas han recibido sentencias de 7 a 13 años de prisión, con multas millonarias. Sin embargo, la prensa independiente nicaragüense sigue luchando por su libertad, desde fuera y desde dentro.
Al igual que otros países en la región, en Bolivia ya se realizan discusiones para establecer un mecanismo de protección para periodistas que limitaría la violencia contra profesionales de la prensa. Por ahora los proyectos son confidenciales, pero la violencia contra periodistas que los pusieron en marcha están a la vista.
A medida que la violencia contra periodistas aumenta en América Latina, varios países han creado mecanismos de protección diseñados para implementar medidas de seguridad para los periodistas que denuncian ataques o amenazas en su contra.
Tras devolver su esquema de seguridad por encontrar irregularidades en el manejo de sus datos, la periodista colombiana Claudia Julieta Duque denuncia haber sufrido al menos dos incidentes graves de seguridad y la falta de cumplimiento por parte del Estado de las medidas cautelares otorgadas por CIDH.
Un estudio de periodismo de datos realizado por varias organizaciones de noticias encontró que las mujeres negras e indígenas en Brasil, además de ser objeto de misoginia y violencia de género, enfrentan ataques adicionales en línea cuando hablan en contra del racismo.
El monitoreo realizado por la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) registró 119 casos de violencia de género contra periodistas en 2021 en Brasil. De estos, en 58 casos las autoridades estatales estuvieron involucradas: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó en ocho de estos ataques.
La reportera de investigación mexicana considera que el mecanismo de protección a periodistas no va a dar buenos resultados mientras en su país persista la impunidad en crímenes contra la prensa y mientras el Presidente no desista de su discurso hostil de intimidación al periodismo.
El documental brasileño ‘Boca Fechada’ (Boca cerrada) cuenta las historias de tres comunicadores asesinados por sujetos armados para mostrar la vulnerabilidad de los periodistas críticos en ciudades pequeñas del interior del país.