“Bajo el amparo del artículo 18 del Código Procesal Penal, un grupo de opositores y de la disidencia colorada [Partido Colorado] […] solicitaron formalmente a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación penal sobre el posible uso indebido de los fondos estatales para financiar campañas digitales de desinformación destinadas a atacar a la prensa y enemigos políticos y promover intereses partidistas en lugar de informar al público.
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Los legisladores argumentan que estos contenidos configuran un daño patrimonial al Estado, ya que el dinero se usa con fines propagandísticos o de desprestigio.
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Publicaciones periodísticas destaparon la existencia de una página denominada Despierta Paraguay (DPY), usada para promover campañas de desprestigio contra la prensa y críticos al Gobierno, y que difundió anuncios pagos a través de una agencia colombiana llamada Digimarketing SAS.
En Paraguay el único cliente de esta agencia supuestamente sería el Gobierno Nacional”.
