Periodistas bloqueados en Twitter por funcionarios en Guatemala. (Crédito: captura de pantalla de Twitter)
Las redes sociales se han convertido en una prolongación del debate público. Allí se comparte información, se denuncia, crítica y defienden ideas. Además representan una oportunidad para que los ciudadanos interactúen con sus funcionarios y servidores públicos de una manera más directa.
También han significado una vía, especialmente Twitter, para que los periodistas hagan preguntas que pueden resultar incómodas para quienes están en el poder. Para evitar enfrentarse a la crítica por sus acciones, algunos políticos deciden bloquear a periodistas o a cualquiera que se atreva a reprocharles su comportamiento, violando así la libertad de pensamiento y el derecho al acceso a la información.
Un caso relevante en Latinoamérica, aunque no el único, ha sido el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador. El pasado 16 de diciembre, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que identificaba el bloqueo de 91 cuentas, en su mayoría de Twitter, por parte del presidente salvadoreño y otros representantes gubernamentales.
“Bloquear a usuarios en las redes sociales parece ser parte de una estrategia más amplia del gobierno de Bukele para silenciar a críticos y reducir la transparencia”, indicó HRW.
El bloqueo de periodistas en redes sociales por parte de autoridades o funcionarios públicos es una práctica que se ha ido extendiendo por América Latina. Ha ocurrido y sigue ocurriendo de manera sistemática en otros países como Venezuela, Guatemala y México, aunque El Salvador ha sido uno de los casos más estudiados y contabilizados.
En Latam Journalism Review (LJR) conversamos con periodistas de la región para conocer sus experiencias e indagar en las consecuencias que traen estos bloqueos al ejercicio periodístico.
Bukele bloquea a periodistas sin importar su nacionalidad
Nelson Rauda, periodista del medio digital salvadoreño El Faro, fue bloqueado en Twitter por las cuentas de la Secretaría de Prensa y la de Casa Presidencial in El Salvador. En ambas ocasiones fue por realizar comentarios desmintiendo de manera directa sus publicaciones. “Creo que es parte de la función del periodismo contrastar la información difundida en redes sociales por medios públicos”, dijo Rauda a LJR. “El bloqueo es una forma de aislarnos de sus conversaciones y evitar esa corroboración que algunos periodistas hacemos a su propaganda”, enfatizó.
Ricardo Vaquerano, periodista y editor de investigaciones con amplia experiencia en El Salvador, también ha sufrido bloqueos en Twitter por parte de la administración de Bukele. Fue bloqueado por la cuenta oficial del presidente @nayibbukele, las cuentas del ministro del Ambiente y el ministro de Salud, así como las cuentas oficiales de ambos ministerios.
Según Vaquerano, este tipo de bloqueos perjudica su trabajo como contralor ciudadano del poder porque le resta eficiencia y posibilidades de reparar en información valiosa para investigar, contrastar, analizar, desmentir o explicar desde el periodismo.
“Aunque la cuenta @nayibbukele es aparentemente una cuenta personal, en realidad, en la práctica, es una cuenta de Estado usada como canal de información gubernamental, a tal punto que por su medio se decretan leyes antes de que estas se emitan por los mecanismos constitucionales”, dijo Vaquerano en entrevista con LJR.
“Por ejemplo, a media mañana del sábado 21 de marzo de 2020 el presidente tuiteó un llamado a la ciudadanía para que "quienes estén de visita en zonas costeras regresen a sus hogares". No detalló nada más. Unas horas más tarde, a las 9:20 p.m., en cadena nacional, anunció una cuarentena y advirtió que, a partir de ese momento, nadie podía salir a la calle y que todo mundo quedaba confinado obligatoriamente en los lugares donde les hubiera pillado el anuncio. Y así ocurrió: esa misma noche decenas de personas fueron enviadas arbitrariamente a centros de concentración donde se les mantuvo semanas, sin siquiera avisar a sus parientes. Cuando leímos ese tuit matutino no sabíamos que para el presidente tenía fuerza de ley y era de acatamiento obligatorio”, contó el periodista.
Periodista venezolano bloqueado de la cuenta de Bukele en Twitter. (Crédito: captura de pantalla de Twitter)
El gobierno de Bukele no solo bloquea en Twitter a comunicadores salvadoreños, el periodista venezolano Raúl Castillo fue bloqueado también por el mandatario. “Bukele había publicado en su Twitter una información acusando a Estados Unidos de injerencia, así que cité el tuit y comparé a Bukele con el chavismo. Fue un tuit sarcástico e irónico y me bloqueó. Quizás también influye que yo había estado haciendo seguimiento de lo que pasa en El Salvador y publicando en mi Twitter algunos reportajes de El Faro sobre lo que sucede en ese país”, explicó Castillo.
Los bloqueos han ocurrido durante años en Venezuela y Guatemala
En Venezuela ha sido una práctica común el bloqueo en Twitter a periodistas por parte de autoridades del gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro. En 2015, la asociación venezolana Espacio Público, que promueve la libertad de expresión, publicó una nota titulada “Funcionarios bloquean periodistas en Twitter a diestra y siniestra”. Allí, presentaron un listado de los funcionarios que tendían a bloquear más en Twitter y los periodistas afectados.
“Los bloqueos inicialmente sucedían cuando los periodistas o ciudadanos emitían alguna opinión que no fuese de agrado del funcionario. Como organización no tenemos un registro actualizado de funcionarios que bloquean a periodistas, pero los niveles de agresiones han ido escalando. Podríamos decir que, actualmente, no solo restringen, sino que usan esta herramienta (Twitter) para atacar”, explicó a LJR Misle González, oficial del programa de Medios y Responsabilidad Social de Espacio Público.
Algunos periodistas caen en la autocensura para evitar ser bloqueados o atacados. Castillo contó a LJR que ha sido bloqueado por candidatos y políticos venezolanos, pero que ha tratado de evitar la reacción de ciertos funcionarios, como es el caso de Tarek William Saab, actual Fiscal General de Venezuela y ex Defensor del Pueblo.
William Saab es considerado por los periodistas consultados como uno de los funcionarios que más bloquea a sus críticos en redes. “Tarek no me ha bloqueado, pero porque he tenido sumo cuidado de no comentar nada. Siendo periodista en Venezuela puede que necesite información publicada por él, porque usa su Twitter como canal oficial de la fiscalía, y es más fácil tener acceso a sus publicaciones sin estar bloqueado”, dijo Castillo.
En Guatemala también es habitual que los periodistas sean bloqueados en redes sociales por las autoridades.
“Aquí es bastante común que altos funcionarios, diputados y líderes de partidos bloqueen a periodistas. Me han bloqueado varios, y nos ha sucedido a muchos durante años (con al menos tres gobiernos diferentes). Les sucede más a menudo a quienes más los interpelan por Twitter”, contó a LJR Enrique Naveda, miembro fundador del medio guatemalteco Plaza Pública.
En 2019, Marvin Del Cid, periodista y presidente de la Asociación Artículo 35, dedicada a promover el respeto a la libertad de expresión en Guatemala, interpuso una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de su país en contra de los funcionarios que bloqueen o limiten el acceso a la información en sus redes sociales.
“Ningún funcionario ni cuenta pública debe bloquear, ni limitar el acceso a información. Eso incluye a todos los funcionarios. Así que el vicepresidente @GuilleCastilloR y el diputado @samuel_pz deben desbloquear a quienes tienen bloqueados”, publicó Del Cid en su cuenta de Twitter, en diciembre de 2020, luego de indicar que su denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos ya cumplía más de un año y seguía sin prosperar.
Otro país donde es frecuente este comportamiento por parte de funcionarios es en Brasil. La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por su acrónimo en portugués) identificó, a través de una encuesta en marzo de 2021, al menos 174 casos de periodistas bloqueados por las autoridades brasileñas en Twitter entre 2014 y 2021. El presidente Jair Bolsonaro es la autoridad que más bloquea, según la data analizada.
En otros países como es el caso de Argentina, los bloqueos no se consideran sistemáticos, según los periodistas consultados. “En la Argentina no está tan extendido. Parecen ser más casos puntuales producto de la grieta política que hay”, comentó a LJR Maia Jastreblansky, periodista de La Nación.
¿Amparados por la ley?
En el caso de México, los periodistas están amparados por la ley. En marzo de 2019, la Suprema Corte de Justicia de ese país señaló que funcionarios que tienen cuentas en redes sociales donde difunden sus actividades oficiales tienen prohibido bloquear a los ciudadanos que se informan por esa vía.
La justicia mexicana consideró que Twitter es un canal de comunicación entre funcionarios y la ciudadanía. Esto como respuesta a la denuncia promovida por el periodista mexicano Miguel Ángel León Carmona, quien en octubre de 2017 fue bloqueado en dicha red social por Jorge Winckler Ortiz, el entonces Fiscal General de Veracruz.
Sin embargo, los bloqueos siguen sucediendo. La columnista de El País, Viridiana Ríos, fue bloqueada en Twitter el pasado 4 de enero por Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Esto después de que la columnista hiciera un hilo de Twitter analizando los objetivos para 2022 publicados por la política.
Por otro lado, en 2020, la Contraloría General de la República de Chile resolvió que si la autoridad “utiliza su cuenta personal para entregar información antes que la cuenta institucional o cuando es obtenida en el ejercicio del cargo publicitándose únicamente a través de la cuenta privada, ella debe someterse a las mismas reglas de apertura, no discriminación, transparencia y publicidad que la cuenta del órgano público, encontrándose, en consecuencia, impedido el bloqueo de usuarios”.
A pesar de estos referentes, en la mayoría de los países de Latinoamérica no existe una ley que regule esta situación que atenta contra el trabajo periodístico.
“Es cierto que todos los usuarios de las redes sociales tenemos el derecho de bloquear a cualquier persona. Sin embargo, los funcionarios públicos utilizan estas plataformas como canales de información oficial. Los bloqueos se convierten entonces en una restricción a la libertad de expresión”, concluyó Misle González.
