Una pena que va desde tres meses hasta un año de prisión sería la que podrían afrontar dos periodistas en República Dominicana quienes fueron demandados por “difamación” por parte de la multinacional canadiense de textiles Gildan Activewear Dominican Republic Textile Company Inc., señaló la organización Reporteros Sin Fronteras.
Robert Vargas, periodista y editor de la página web Ciudad Oriental, y Genris García, director de la página Vigilante Informativo, fueron demandados por esta multinacional luego de publicar algunos reportajes sobre los daños ambientales causados por la empresa alrededor del municipio de Guerra, provincia de Santo Domingo (sur-este de la isla), agregó RSF.
“Este ataque judicial es un verdadero acto de censura que apoya los intereses de la multinacional textil”, señala el comunicado de RSF. “La despenalización de los delitos de prensa es una reforma urgente para garantizarle a los periodistas que pueden ejercer libremente su profesión en República Dominicana, sin temer a ser encarcelados”, agrega el comunicado.
El caso surge en medio del debate que vive el país sobre la reforma del Código Penal Dominicano y la ley 6132 sobre la Expresión y Difusión del Pensamiento que ha llevado a la movilización de diferentes organizaciones periodísticas, señaló el Centro de Reportes Informativos de Guatemala, Cerigua.
Estas organizaciones han alertado sobre el “carácter retrogrado” de algunos artículos como los que castigan hasta con 9 mil salarios mínimos a los periodistas que critiquen a funcionarios públicos. Asimismo han pedido suprimir los artículos que penalizan los delitos de difamación e injuria, añadió Cerigua.
Desde hace algunos meses el Instituto Internacional de Prensa (IPI) realiza una campaña para despenalizar la difamación en cuatro países del Caribe, entre ellos República Dominicana. Y aunque en su último informe señaló que estos países se han comprometido con derrogar estas leyes, el trabajo debe continuar.
La isla ya tiene antecedentes de este tipo. El pasado enero, el periodista Johnny Alberto Salazar fue condenado a seis meses de prisión al ser encontrado culpable de los delitos de difamación e injuria. Su sentencia fue anulada por un tribunal de apelación.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
