Bolivia, Cuba, Ecuador, México, República Dominicana y Puerto Rico fueron los países de las Américas que de acuerdo con el Informe 2013 de Amnistía Internacional El estado de los Derechos Humano en el Mundo presentaron alertas sobre violaciones o posibles amenazas a la libertad de expresión durante 2012.
En el caso de Bolivia destacó las querellas que interpuso el Gobierno contra algunos medios de comunicación por “incentivar al racismo y la discriminación” luego de que estos “tergiversaran” comentarios del presidente Evo Morales. Asismismo, destacó el ataque del que fue víctima Fernando Vidal a quien cuatro sujetos le prendieron fuego mientras realizaba su programa en una estación radial.
Sobre Cuba señaló la represión contra periodistas independientes, líderes de oposición y activistas de derechos humanos. También señaló el uso de detenciones o del repudio del gobierno contra “quienes hacen uso de su libertad de expresión”. Entre otros casos nombró el del fundador de la agencia de noticias independientes Hablemos Press, Roberto de Jesús Guerra Pérez, quien fue obligado a entrar a un automovil donde fue golpeado mientras lo conducían a una comisaría.
El uso de leyes relativas al delito de injuria contra periodistas que podrían afectar el derecho a la libertad de expresión fue la preocupación de Amnnistía Internacional sobre este tema en Ecuador. Para la organización esto podría disuadir a otras personas a expresar abiertamente sus críticas hacia las autoridades gubernamentales. El caso más representativo fue la demanda contra el diario El Universo en la que se condenó a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares a tres propietarios y un periodista del diario. El presidente Correa indultó la condena.
La creciente violencia en México convirtió a periodistas, así como a defensores de derechos humanos, en blanco de agresiones y amenazas a causa de su trabajo. El informe hizo referencia a cuatro asesinatos en el estado de Veracruz que incluye el de la periodista de la revista Proceso Regina Martínez. Aunque destacó el proyecto liderado por la sociedad civil de crear un mecanismo de protección a los periodistas, que el Congreso aprobó en abril, también señaló como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas no avanzó en la investigación de los casos de periodistas asesinados.
La reforma al Código Penal de Puerto Rico podría representar una violación a la libertad de expresión debido a la tipificación de delito a las manifestaciones que bloqueen espacios públicos o interfieran en el gobierno local.
El caso de República Dominicana también se relaciona con la reforma al Código Penal en el cual se podría condenar hasta con tres años de cárcel a quienes critiquen a representantes elegidos o a cargos nombrados por el gobierno. También destacó las denuncias por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa en las que señalaba que decenas de periodistas o trabajadores de medios habían sufrido acoso y agresiones físicas.
De manera general Amnistía Internacional también destacó la importancia de la libertad de expresión y de la globalización de la información como mecanismo a través del cual se pueden conocer las violaciones a los otros derechos.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
