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Violencia, bloqueo de papel periódico y monopolio mediático amenazan distribución de impresos en América Latina: informe de RSF

Un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre los obstáculos para la distribución de periodismo impreso en 90 países destacó a México como uno de los “campeones en la obstrucción a la distribución de periódicos y revistas”.

El informe “Diarios que nunca llegan a sus lectores. Investigación sobre la obstaculización de la distribución de la prensa”, lanzado el 23 de septiembre y disponible en inglés y francés en el sitio de la organización, también destaca las amenazas a la distribución de medios impresos en Argentina, Brasil, Nicaragua y Venezuela.

En una encuesta realizada a periodistas y distribuidores de impresos en 90 países de todo el mundo – incluidos los latinoamericanos Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y República Dominicana, además de los citados anteriormente – el 41% de los encuestados dijo que la censura al periodismo impreso ocurre en el punto de venta y el 22% dijo que sucede mientras se almacenan o distribuyen periódicos.

Capa do relatório da RSF (Reprodução)

Captura de pantalla del informe de RSF

Los temas de cobertura que más motivan la censura en el momento de la distribución, según los encuestados son la política (21%), corrupción (18%) y cuestiones de seguridad y defensa (17%). Para el 68%, el gobierno o el Estado es el principal responsable de las obstrucciones en la cadena de distribución de los medios impresos, y el 45% señaló al crimen organizado. México fue uno de los países en los que esta respuesta apareció con mayor frecuencia, según el informe.

El país fue el único latinoamericano entre los cinco destacados en el informe como “censores en serie” de distribución de periódicos y revistas. Estos países “no intervienen en un solo punto de la cadena de distribución, sino en múltiples etapas para garantizar un control completo sobre lo que se puede y no se puede leer”, dice el informe.

Según el documento, “en México, el país más letal de América Latina para los medios, el círculo vicioso de violencia e impunidad ocurre en varios niveles de la cadena de distribución. Vendedores de prensa [voceadores] son asesinados, los administradores de los quioscos son amenazados, las ediciones de periódicos son confiscadas arbitrariamente y el contenido se reescribe en la imprenta. La colusión entre el crimen organizado y las autoridades (políticas y administrativas) representa una seria amenaza para todos los involucrados en la producción y distribución de noticias e información, y muchas publicaciones finalmente deciden cerrar”.

El informe afirma que los “voceadores”, como se conocen los vendedores de prensa en el país, son “parte de la cultura mexicana”. Ellos “anuncian las noticias del día a cientos de miles de personas, a menudo en los rincones más remotos de México, y juegan un papel esencial en informar a incontables comunidades”.

Sin embargo, es una “actividad arriesgada en uno de los países más peligrosos del mundo para los medios”. El informe cita el caso de Meréndez “Mere” Hernández Tiul, quien fue asesinado mientras anunciaba la noticia del día en Francisco Rueda, en el estado mexicano de Tabasco, el 24 de enero de 2018. El voceador estaba anunciando la noticia del arresto de los sospechosos de robar motocicletas en la ciudad cuando recibió dos disparos por parte de un hombre quien estaba relacionado con uno de los detenidos mencionados en la noticiay que también estaba implicado en los robos, según el informe. Su asesinato “como casi todos los asesinatos de periodistas en México continúa impune”, agregó.

Restricción del papel de periódico contra la prensa independiente

En Venezuela y Nicaragua, los obstáculos para la llegada de periódicos impresos a las manos de los lectores son puestos por los gobiernos de ambos países, que han restringido el acceso de los medios opositores al papel periódico y otros suministros necesarios para imprimir las publicaciones, dice el informe.

El informe cita el caso del periódico venezolano Panorama que publicó su último número impreso el 14 de mayo después de 104 años en circulación, y habla de una “extinción masiva” de los medios impresos en el país desde 2013. Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, 67 periódicos han desaparecido en el país en los últimos seis años, 35 de ellos solo en 2018, y no hay más periódicos en circulación en 10 de los 14 estados venezolanos, dice el informe de RSF.

Esto se debe a las dificultades para obtener papel de periódico, ya que su distribución está controlada por una agencia gubernamental venezolana que tiene el “monopolio de facto sobre la importación, transporte y venta de esta preciosa materia prima”, según el documento. Un periodista venezolano que habló con la organización de forma anónima dijo que la agencia “asigna arbitrariamente recursos – cuando quiere, como quiere y a quien quiere – convirtiéndose así en un censor directo de publicaciones impresas”.

El gobierno nicaragüense, según el informe, parece haber aprendido del gobierno venezolano y ha utilizado métodos similares para “silenciar a los medios nacionales impresos independientes” del país. El informe hace referencia al aumento de la censura y el acoso a los medios desde abril de 2018, cuando comenzaron las protestas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega, y agrega que, además, “se ha vuelto prácticamente imposible para las publicaciones privadas obtener el papel periódico, tinta e incluso caucho”, materiales necesarios para imprimir periódicos.

El informe señala que una prohibición para importar estos materiales ha estado en vigor desde septiembre de 2018, impuesta por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), una agencia gubernamental. “La prohibición equivale a una lenta sentencia de muerte para los medios impresos nicaragüenses”, dijo, y agregó que periódicos como El Nuevo Diario, La Prensa y Diario Hoy ya han reducido el número de páginas en cada edición y le dijeron a la organización que pueden dejar de circular “en cuestión de semanas”.

En Argentina, sin embargo, es el monopolio privado el que amenaza las publicaciones impresas en el país, dice el informe de RSF. El “coloso multimedia” Clarín “reina supremo” en la industria y, junto con el periódico La Nación, posee la única compañía de papel periódico del país desde 1977. Los periódicos que no pertenecen a estos dos grupos de medios “se quejan constantemente de problemas de distribución, aumentos arbitrarios en los precios del papel periódico más allá de la inflación y abusos en el sistema de cuotas al que están sujetos”, dijo el informe, y agregó que el resultado ha sido una “carnicería” con varias publicaciones impresas cerradas, entre ellos The Buenos Aires Herald, cerrado después de 140 años en circulación, y las revistas El Gráfico y Los Inrockuptibles.

El informe señala que en enero de 2019, el gobierno del presidente Mauricio Macri promulgó una ley que derogó la regulación de papel periódico que habían implementado los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dejando a Clarín “libre para establecer los precios del papel periódico como desee” y liberándolo de asegurar el suministro de papel de periódico en Argentina.

Sobre Brasil, el informe de RSF recuerda una “incautación sin precedentes” de copias de un periódico que tuvo lugar en 2018, pocos días después de la segunda vuelta de la elección presidencial que llevó al actual titular Jair Bolsonaro al poder.

En ese momento, el juez electoral Sandro de Araújo Lontra ordenó a la policía incautar 30.000 copias del periódico Brasil de Fato en Macaé, Río de Janeiro. El juez basó su orden en la percepción de que la edición contenía “artículos difamatorios sobre el candidato Jair Bolsonaro” y acusó al periódico de “abuso de autoridad”, dijo el informe, y agregó que Bolsonaro “es bien conocido por su relación conflictiva con la prensa”.

En el informe, RSF hace recomendaciones a los gobiernos para “respetar sus obligaciones internacionales con respecto a la difusión de una prensa libre, diversa e independiente”; “garantizar la prevención efectiva de cualquier obstrucción en la difusión de una prensa libre, diversa e independiente” y “reforzar la prevención castigando rápida y efectivamente las violaciones a la difusión de la prensa”.

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