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El acoso en línea a periodistas en Brasil se ha intensificado en los últimos años debido a la mayor exposición creada por las redes sociales y la institucionalización de los ataques. Las agresiones del presidente Jair Bolsonaro contra periodistas han naturalizado este tipo de violencia, y quienes deberían apoyar a estos profesionales son culpables por su falta de rendición de cuentas, revela un estudio sobre violencia contra periodistas en redes sociales.
La periodista Claudia Julieta Duque, quien por dos décadas vivió tortura psicológica, exilios y persecución por una investigación periodística, dijo que la reciente decisión del Consejo de Estado de Colombia es la más importante en la lucha por justicia ante las vulneraciones a sus derechos humanos.
Veintidós periodistas fueron asesinados en países de América Latina entre enero y junio de 2022. Los datos son de la Press Emblem Campaign (PEC). El número es superior al número total de asesinatos de periodistas en la región el año pasado: 17. También es superior a los periodistas asesinados en la cobertura de la Guerra de Ucrania: 16 en el mismo periodo.
Datos estadísticos demuestran que en los últimos tres años, la respuesta más común del Ministerio Público de Guatemala a los casos de ataques contra periodistas fue la desestimación. Solo un 1 por ciento de los expedientes llega a tener una condena. En la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras el presupuesto para investigar los crímenes contra este gremio se redujo en un 77 por ciento.
La única oficina que existe en Honduras para investigar violencia contra periodistas y proteger a este sector vulnerable es la FEPRODDHH. Pero solo cuenta con cinco fiscales —todos concentrados en Tegucigalpa— sin investigadores asignados y sin competencia jurídica para investigar casos de homicidios o asesinatos.
Ataques con piedras, palos, líquidos hirviendo, amenazas e impedimento de acceso a la información son algunas de las agresiones que ha experimentado la prensa durante su cobertura de lo que va de las protestas que iniciaron el 13 de junio en Ecuador.
Los asesinatos del periodista británico Dom Phillips y del indigenista brasileño Bruno Pereira atrajeron la atención nacional e internacional sobre la región amazónica donde se unen las fronteras entre Brasil, Perú y Colombia. Del lado brasileño, la ausencia de Estado y la fuerte presencia del crimen organizado inhiben a los comunicadores locales a informar sobre actividades ilegales.
En toda América Latina, los gobiernos han intentado diferentes modelos para investigar y perseguir los ataques contra los periodistas. Es evidente que no existe un modelo unificado para crear una oficina de investigación y persecución de este tipo de delitos. Algunos países tienen fiscales especiales, mientras que otros tienen unidades de investigación. Además, los resultados de sus esfuerzos son a menudo difíciles de seguir, según los expertos.
LatAm Journalism Review escuchó a amigos, compañeros de trabajo y familiares del periodista brasileño Tim Lopes, asesinado el 2 de junio de 2002. El caso provocó profundos cambios en las empresas periodísticas, con la implementación de medidas de seguridad y la reducción de la cobertura en zonas de riesgo. Sin embargo, los periodistas brasileños se sienten tan o más vulnerables hoy que hace 20 años.
La periodista chilena Francisca Sandoval murió días después de recibir un impacto de bala en la cabeza mientras cubría las violentas marchas del 1 de mayo por el Día del Trabajador en el país. El Ministerio Público chileno detuvo a tres sospechosos y anunció también que se ha abierto una investigación al cuerpo policial.
Familiares, colegas y organismos nacionales e internacionales exigen justicia y garantías para el ejercicio del periodismo libre de violencia en México, tras los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García el 9 de mayo, y del columnista Luis Enrique Ramírez, el 5 del mismo mes.